Rubalcaba condiciona su apoyo al banco malo: activos tóxicos a precio de mercado

Con una semana más de plazo para preparar un argumentario ya perfilado sobre el embrollo financiero que asuela España, la dirección del PSOE se topará el próximo viernes, la tercera vez en siete meses, con un nuevo decreto relativo a bancos y cajas mal avenidos sobre el que tendrá que posicionarse. Y, si en las dos reformas financieras anteriores la bancada socialista transigió, con algún matiz –se abstuvo en la segunda reforma-, con las directrices marcadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, esta vez elevarán sus exigencias, sabedores de que el PP, muy desgastado a los ocho meses de tocar poder, lo tiene muy difícil para aplicar por las malas el rodillo de la mayoría absoluta sin que eso no erosione aún más al gabinete nombrado por Mariano Rajoy.

Alfredo Pérez Rubalcaba venderá más caro su apoyo a un consenso de unidad sobre un asunto, la crisis financiera, que parece no tener fin. “No vemos desventajas al banco malo”, señala a este medio el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez. Los socialistas entienden que la sociedad de gestión de activos, el vehículo pactado entre España y la Comisión Europea en el Memorándum de Entendimiento (MoU, en inglés) para retirar los activos tóxicos de las entidades receptoras de ayuda pública y luego poder venderlas, es lo más razonable. “Lo importante es su capacidad de gestión, su transparencia, cómo se van a distribuir después esos activos, si mejor o peor”, comenta Gómez.

El portavoz socialista de Economía en el Congreso establece no obstante unas líneas rojas que, en teoría, su formación no traspasará. Una es el muy comentado valor que pagará el Estado por los activos inmobiliarios podridos en manos de cajas y bancos a los que se ha enchufado ayuda pública para no colapsar. El precio sigue siendo una incógnita porque Guindos no ha sido lo suficientemente nítido en esta cuestión: ha sugerido, por un lado, que los activos se tasarán a un “valor razonable”, y, por otro, que el banco malo los absorberá  a un precio lo “suficientemente bajo”. El PSOE quiere que su valor esté “directamente vinculado” al valor de mercado. “Hay que pensar en un valor razonable, de la mano con el precio de mercado, porque si se sobrepaga el activo y después se vende por debajo de lo abonado el que pierde es el contribuyente”, plantea Valeriano Gómez.

El error del NAMA

El PSOE juega así la carta del defensor del contribuyente, menos expuesto a pérdidas si se paga un valor más cercano al real que al estimado actualmente, ciertamente superior. Y afectaría a las entidades financieras, pues un descuento les haría entrar en barrena a no ser que se les inyectase más liquidez. El banco malo irlandés, el NAMA (siglas en inglés), estableció hace dos años unos precios muy optimistas para los activos inmobiliarios pensando que el mercado del ladrillo volvería a recuperarse: hoy en la isla continúan los descensos, los descuentos, las rebajas de precios por adquirir una vivienda. No obstante, el NAMA cerró 2011 con beneficios.

Además, los socialistas prefieren que no se inyecte capital a las sociedades inmobiliarias, como éstas han pedido, para que sean ellas las que gestionen la venta; “antes, preferimos que se haga a los bancos, y así tendremos más posibilidades de retorno a medio y largo plazo”. Valeriano Gómez reconoce la dificultad de gestionar un vehículo tan complejo y con tantos activos abyectos. “Evidentemente, el Estado y, por ende, la ciudadanía asume un riesgo. Nuestra crítica a la reforma anterior, en la que nos abstuvimos, es que no estaba clara la distinción entre contribuyente y acreedor”. Ahora, empujado por Bruselas, el Gobierno ya asume  que acreedores, bonistas y accionistas asumirán sí o sí pérdidas antes de que llegue la ayuda del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), vía Eurogrupo, de 100.000 millones de euros.