Una acusación pide imputar a los tres empleados del PP que asaltaron el despacho de Bárcenas

De caso archivado a investigación judicial a toda velocidad. El sumario que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa Freire, por la destrucción por parte del PP de los discos duros de los ordenadores que usaba Luis Bárcenas ha recibido un nuevo impulso después de que una de las acusaciones personadas, el Observatorio DESC, haya presentado un escrito en el que solicita que otros cinco empleados de Génova 13 sean citados como imputados (investigados, según la terminología impuesta por la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En concreto, señala a las tres personas que supuestamente participaron "en la entrada forzosa" en el despacho del extesorero donde guardaban sus ordenadores y dos más que intervinieron en el polémico borrado informático. Hasta ahora, ya figuran como investigados la tesorera de la formación, Carmen Navarro, otro empleado y el propio PP por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, daños informáticos y encubrimiento.

Los nombres de las cinco personas que la acusación pide al juez que cite a declarar como 'investigados' salieron durante las declaraciones de la semana pasada

El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, sitúa en primer lugar de la lista a Javier Colás, "jefe de Distribución" del partido. En su declaración ante la juez del pasado miércoles, Luis Bárcenas volvió a hacer alarde de la buena memoria que ha demostrado desde que comenzó a colaborar con la Justicia con sus célebre apuntes contables y le mencionó con nombre y apellidos. Aseguró que este empleado del PP fue una de las personas que participó en el supuesto asalto a la Sala Andalucía de la tercera planta de la sede 'popular' que hacía las funciones de lugar de trabajo del extesorero desde que se vio implicado en el 'caso Gürtel'.  Según destaca el escrito del Observatorio DESC, el político también le adjudicó un papel destacado "en el apoderamiento de sus efectos, concretamente, dos ordenadores portátiles Toshiba y Macintosh Macbook Pro 1" cuyos discos duros contenían supuestamente "pantallazos de correos con dirigentes del PP" y "escaneados de recibís" de pagos "regulares e irregulares" a destacados miembros de la formación.

La segunda persona que la acusación quiere que declare es José Manuel Moreno Alarcón, director del Departamento de Sistemas de la Información del PP en su sede central. Bárcenas también le sitúa en el asalto de su despacho, pero, además, su nombre figura en el escrito que los representantes legales del propio partido presentaron en el juzgado el pasado 27 de enero. Dicho escrito lo identificaba como uno de los trabajadores de la formación que, siguiendo las instrucción de la dirección, manipuló los dos ordenadores del extesorero. La propia tesorera de la formación, Carmen Navarro, quien declaró como imputada el pasado jueves, también lo citó expresamente en su comparecencia ante la juez, según destaca el escrito de la acusación.

La secretaria "Mariví"

La siguiente persona que el Observatorio DESC pide que sea citada como "investigada" no está plenamente identificada. Se trata de una secretaria llamada "Mariví" y que supuestamente trabaja a las órdenes directas de la 'número 2' del PP, María Dolores de Cospedal, a la que Luis Bárcenas señala como la presunta instigadora de la destrucción de los discos duros de sus ordenadores. El escrito de la acusación pide que "su identificación completa" sea facilita por el propio partido. A esta aún enigmática mujer la situó en su declaración del pasado miércoles Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas y exjefe de seguridad de Génova 13, en un intento de entrada "por la fuerza" en el despacho del extesorero que él impidio "firmemente" ante la ausencia de su familiar.

Tres de las cinco personas no están plenamente identificadas. El Observatorio DESC pide a la magistrada que reclame al PP sus nombre completos

Finalmente, el escrito reclama también que se toma declaración como imputados a los también sin identificar "Alexis y Ruiz", dos trabajadores del PP que fueron citados en su comparecencia ante la juez por Javier Barrero, exempleado de la formación responsable de la informática y que aunque declaró el pasado jueves como imputado todo apunta a que pasará a testigo en breve. Según este trabajador, ambas personas trabajaban "bajo las órdenes directas de José Manuel Moreno Alarcón", el director del Departamento de Sistemas de la Información del PP al que el Observatorio DESC también quiere imputar ahora, y fueron los que supuestamente "procedieron al borrado y destrucción de los ordenadores portátiles". La acusación reclama que sea precisamente el partido quien facilite su identificación completa para que puedan ser citados a declarar. El caso de los ordenadores de Bárcenas marcha a toda velocidad.

27 meses sin diligencias, TRES semanaS DE FRENESÍ

El sumario por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas ha pasado del carpetazo a la actividad frenética en sólo unas semanas. El pasado 15 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid ordenaba reabrir una causa que la primera magistrada que lo instruyó, Esperanza Collazos, había cerrado en tan sólo 14 días a finales de 2013 sin practicar ni una sola diligencia. De hecho, así se mantuvo la causa durante 27 meses hasta que los recursos de las acusaciones consiguieron reabrirla. Desde entonces, se ha imputado a empleados del PP y al propio partido, además de tomar declaración a varias personas, entre ellas el propio extesorero, como testigos o "investigados", el nuevo término utilizado para referirse a los imputados.

El sumario es, en realidad, un apéndice derivado del que se instruía la Audiencia Nacional por los apuntes contables del extesorero. Su arranque puede situarse el 19 de agosto de 2013. Aquel día, el PP respondió al requerimiento que el entonces titular del Juzgado Central de Intrucción número 5, Pablo Ruz, le había hecho unos días antes para que el partido le entregara los ordenadores que Bárcenas utilizaba y que estaban custodiados en Génova 13. El partido remitió aquel día los dos equipos informáticos y junto a ellos un escrito en el que informaba de que habían borrado los discos duros de los mismos en cumplimiento de su protocolo de seguridad informática.

Tras aquella notificación, el juez Ruz dictó a medidados de octubre de 2013 un auto de once páginas en el que apreciaba posibles delitos de encubrimiento por destrucción de pruebas y daños informáticos en la decisión del PP. El magistrado estimaba también que la investigación por estos hechos no era competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados de Instrucción de Madrid, por lo que se inhibía en el órgano judicial ordinario de la capital. El caso terminó recayendo en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, cuya entonces titular, Esperanza Collazos, ordenó tan sólo dos semanas más tarde el sobreseimiento provisional y archivo de la causa con el beneplácito de la Fiscalía. Aquella decisión fue recurrida inmediatamente por las acusaciones ante la Audiencia Provincial, que sin embargo tardó más de un año en recibir porque éste se había extraviado y hubo que recomponerlo por completo. Finalmente, el pasado 15 de enero el tribunal ordenaba su reapertura tras 27 meses de nula instrucción. Ahora, la investigación ha entrado en plena ebullición.