El Gobierno evita incomodar a Bárcenas: ni Hacienda ni Trabajo investigan al ex tesorero

Oficialmente nadie habla de pacto y las querellas cruzadas entre el ex tesorero del PP y el partido apuntan a un alto grado de tensión. Sin embargo, el Gobierno queda al margen de la ofensiva contra Luis Bárcenas por partida doble: Hacienda ni siquiera ha hecho una petición de información a los países con los que hay convenios de intercambio de información y en los que Bárcenas tenía sedes como Uruguay y sólo ha investigado lo que le han pedido los jueces mientras que la Inspección de Trabajo sigue sin investigar lo que el PP ha descrito como una “simulación” de despido, , tal y como publicó Vozpópuli, algo que la ley tipifica como falta muy grave

Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que Hacienda no ha dado ninguna orden de investigar ni las sociedades ni el patrimonio que acumula el ex tesorero. El fisco se está limitando a hacer los peritajes e informes que reclama el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Según la Ley General Tributaria, Hacienda tiene obligación de entregar al juez toda la información que le solicita pero eso es compatible con una investigación propia que “no existe”, aseguran esas fuentes.

De hecho, la Agencia Tributaria ni siquiera ha cursado órdenes para obtener información de los países en los que Bárcenas ha declarado tener sociedades no declaradas como Uruguay, con el que España mantiene un convenio de intercambio de información fiscal. La única información internacional recibida es la comisión rogatoria encargada por el magistrado.

Ante la sospecha de delitos de blanqueo de capitales como aquellos en que podría haber incurrido Bárcenas, Hacienda puede alertar al Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), un organismo que depende del Banco de España y con autonomía en la investigación. Tampoco se han remitido esos datos en esta ocasión. Tampoco se ha elevado la actuación a los responsables de evaluación de riesgos para que determinen si puede haber un patrón de fraude que deba ser vigilado en futuros planes de inspección del departamento.

"Ninguna de las actuaciones han sido a iniciativa propia", denuncian fuentes de la Agencia

La única actuación de Hacienda con respecto a Bárcenas ha sido la de emitir un informe sobre si el ex tesorero puede acogerse a la amnistía pero también eso se hizo a petición del magistrado que será quien decida si la regularización de fondos es lícita o no, al margen de la opinión del departamento que dirige Cristóbal Montoro. “Ninguna de las actuaciones han sido a iniciativa propia”, concluyen fuentes de la Agencia.

Consecuencias legales de la pasividad

La falta de investigación tributaria puede tener consecuencias prácticas, advierten fuentes de la inspección que apuntan que las posibles irregularidades están a punto de caducar desde el punto de vista penal tanto para Bárcenas como para quienes pudieran haber cobrado sobresueldos. Al menos dos posibles fraudes del ex tesorero podrían quedar sin sanción:

• Posible fraude del IVA soportados en 2007 y 2008: Bárcenas ha reconocido no haber declarado algunas de sus ganancias. El uso de facturas falsas y la evasión del IVA puede ser constitutiva de delito pero esas acciones están a punto de prescribir desde el punto de vista penal puesto que las consecuencias expiran entre el 25 de julio de 2013 y el 31 de enero de 2014.
• Deducción indebida por Sociedades: Los posibles delitos fiscales cometidos con sociedades en 2007 prescriben el 25 de julio de 2013, salvo que Hacienda investigue y traslade esas investigaciones a las autoridades

De igual modo, quienes han cobrado sobresueldos en el PP podrían haber incurrido en irregularidades administrativas si no han tributado por ellos. Hacienda no ha investigado si esos pagos se han producido. “Falta iniciativa de manera intencionada”, denuncian esas fuentes.

La Inspección de Trabajo, también paralizada

Tal y como desveló Vozpópuli el pasado 19 de febrero, la Inspección de Trabajo no ha abierto tampoco ninguna investigación sobre la situación laboral de Luis Bárcenas en el Partido Popular, pese a que ya había sospechas de irregularidades en su despido. Desde entonces, la secretaria de organización del partido, María Dolores de Cospedal, ha admitido que ese despido era una “simulación”. La Inspección sigue sin investigar pese a que el ministerio de Empleo intentó facilitar las denuncias de casos como este colgando en su web un formulario para facilitar la investigación de posibles fraudes como este.

Dos leyes laborales impiden explícitamente recibir pagos a la Seguridad Social a quien no trabaja para una empresa porque esos pagos incrementan "su base reguladora" y, por tanto, su pensión sin cotizar por ella.

• En primer lugar, la Ley General de la Seguridad Social que prohíbe abiertamente "simular cotizaciones para obtener beneficios". El artículo 106.2 de esa Ley General afirma que esos pagos deben estar vinculados "a la realización de trabajos, hasta tal punto que las comunicaciones de alta o de baja no la eliminan si continúa el trabajo".
• En segundo lugar, la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social) que prohíbe "incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador" en su artículo 23.1.e.

Según esa norma, el PP podría enfrentarse a una sanción de hasta 50.000 euros.

En teoría, el Gobierno tiene capacidad para investigar esa situación independientemente de cuál sea el partido afectado.