Publicado: 27/05/2015 10:33
Como un desempleado más, Luis Bárcenas acudió este martes a su Oficina de Empleo para informarse sobre las prestaciones a las que tendría derecho tras ser despedido 'en diferido' por el Partido Popular. El extesorero se presentó sobre las 12.00 horas en la sucursal de la calle General Pardiñas 5, y lejos de pasar desapercibido, esperó pacientemente su turno en hall de la entrada, a la vista de todas las personas y consultando su teléfono móvil sentado sobre una mesa con formularios y bolígrafos, según publica el diario El Mundo.
La reacción de sorpresa de los presentes se materializó en comentarios al propio encargado de seguridad, aunque parecía más nervioso el resto del mundo en aquella oficina que el propio Bárcenas, ataviado con pantalón cámel y americana azul. Cuando llegó su turno, fue atendido durante un largo rato de entre 15 y 20 minutos en los que habría sido informado de que si quería tramitar un subsidio por desempleo se le había pasado el plazo. Debería haberlo hecho en los 15 días hábiles posteriores a su salida de prisión el pasado 22 de enero.
Fuentes cercanas al extesorero niegan, sin embargo, que su visita a la Oficina de Empleo haya sido para solicitar la prestación, que habría sido de un máximo de 1.242 euros brutos al mes.
Por otro lado, Luis Bárcenas también ha sido llamado a comparecer en la comisión del 'caso Pujol' en el parlamento catalán como 'experto en corrupción'. David Fernández, presidente de la comisión, le ha citado para el 15 de junio a las 15.00 horas para que conteste a preguntas sobre "fraude, evasión fiscal, prácticas de corrupción política, financiación ilegal de los partidos políticos y la naturaleza de las relaciones entre poder político y poder económico", según el escrito al que ha tenido acceso el diario.
El extesorero, que ya acudió a una comisión similar por la concesión del hospital balear de Son Espases que llevó a cabo el Gobierno de Jaume Matas, tiene previsto acudir a la cita al estar legalmente obligado a ello, aunque se puede acoger a su derecho constitucional a no contestar las preguntas que considere.
El propio Fernández declaraba al instaurarse la comisión que el objetivo era "radiografiar y cartografiar" el mapa de la corrupción en Cataluña. En concreto, quieren "evaluar e investigar, en el contexto del 'caso Pujol', las diversas modalidades de fraude, evasión y elusión fiscal, así como determinar las prácticas de corrupción en contextos de contratación y concertación público-privada y dilucidar las responsabilidades políticas e institucionales en las últimas décadas".
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