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España

Así termina el calvario Godia-Torreblanca: multa de 3 millones para evitar cárcel

El matrimonio Liliana Godia y Manuel Torreblanca el día de su declaración en el juzgado

Ha sido uno de los escándalos más sonados de las fortunas catalanas, y ahora ya tiene un final. Uno feliz para las partes, porque evitan la cárcel a cambio de un mordisco a sus fortunas.

Manuel Torreblanca, marido de Liliana Godia, permuta su pena de dos años de cárcel por algo más de 200.000 euros. El primo de la rica heredera catalana, y gestor de su patrimonio, Francisco Javier Amat, paga 54.000 a cambio del año de prisión de su condena. Todo según la sentencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Se considera probado que Manuel Torreblanca Ramírez “no pagó nada y ni siquiera presentó la declaración de IRPF en ningún ejercicio (de 2007 a 2011), y ante el fisco era un sujeto no declarante que ni siquiera disponía de una cuenta bancaria a su nombre”. Ha sido condenado a dos años de cárcel y una multa de casi 1,4 millones de euros (1.398.358), además de las costas del juicio y el reintegro de los caso 2,3 millones (2.257.167) que defraudó a Hacienda.

Liliana Godia es hija de Francisco Godia, el oficial más joven del Ejército de Franco y primer piloto de Fórmula 1

Torreblanca no pisará la prisión: permuta los 24 meses por un pago de 216.000 euros en total (a razón del equivalente a 300 euros por día de prisión). El código penal, en su artículo 84, permite la conversión de las penas de prisión por multas.

El primo de la Godia carga con la culpa

¿Y qué pasa con ‘Lily’ Godia? Ha quedado fuera de este proceso porque se considera que fue su primo y administrador, Francisco Javier Amat Badrinas, el responsable del fraude sobre los impuestos de patrimonio de la fortuna de ella. Amat se lleva una sentencia de un año de prisión, que de nuevo evita gracias a un pago de 150 euros por día de cárcel, es decir, un total de 54.000 euros. Además, ha de abonar una multa de un millón de euros (1.065.663), por el fraude sobre el impuesto del patrimonio de ‘Lily’ Godia.

“La administración y tutela del patrimonio [de Godia] ha correspondido siempre al acusado Francisco Javier Amat Badrinas, primo de la madre de Liliana Godia”, se lee en la sentencia como explicación de la transferencia de responsabilidad. “El acusado no sólo fue su curador en el período en que estuvo parcialmente incapacitada (1997 a 2005) sino que antes, durante y después de dicho período, también en los años 2007 y 2011 [los imputados], fue quien controló la gestión del patrimonio y adoptó con total autonomía las decisiones relevantes de tributación”.

Una de las fortunas del franquismo

Liliana Godia Guardiola es titular de un importante patrimonio, con origen en la herencia que recibió de su padre hace más de veinte años. Francisco Godia, fallecido en 1990, fue un empresario que prosperó en Cataluña durante el franquismo. Fue el oficial más joven del Ejército nacional durante la Guerra Civil, además del primer piloto español de la Fórmula 1 en 1945. Desde entonces construyó un imperio empresarial, muy centrado en el sector inmobiliario, y que terminó con participaciones en Abertis, el Hotel W o empresas de telecomunicaciones. Liliana, la “dama del arte” catalana, dirigía la Fundación Godia Amor al Arte, un centro que clausuró tras estallar el escándalo.

El patrimonio sobre el que se ha demostrado el fraude fiscal ascendía en 2011 a 175 millones de euros en la sociedad BCN Godia. Ella tenía, según la sentencia, cuentas en Suiza, obras de arte y acciones de dicha empresa. Él, Manuel Torreblanca, además de no pagar IRPF, utilizaba otra empresa, Barcel Euro S.L, para computar sus gastos como si fueran de la compañía.

Además de las cantidades expresadas, los condenados han abonado ya otra de casi tres millones de euros (2.904.191) a la Agencia Tributaria de Catalunya por el fraude derivado de los impuestos locales en los años investigados.

La acusación principal la ha dirigido la fiscal Raquel Amado; la acusación particular ha sido de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), bajo la dirección del Abogado del Estado, y de la Agencia Tributaria de Cataluña. La defensa la ha llevado José Ángel González Franco.

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