Recibir más de 100.000 euros de dinero público al año obligará a aplicar la Ley de Transparencia

Aquellas entidades privadas que reciban al año más de 100.000 euros de subvención estáran sometidas, por la Ley de Transparencia, a la obligación de dar publicidad periódica y actualizada de sus actividades, según recoge una de las enmiendas al texto presentada por el PP y pactada con los socialistas. Del mismo modo, cuando una organización reciba dinero público que suponga, al menos el 50 por ciento de su presupuesto, también quedará bajo el escrutinio de la nueva Ley, siempre y cuando la cantidad supere los 3.000 euros anuales.

Esta era una de las cuestiones técnicamente más complicadas de determinar para una ley que nació con el objetivo de controlar a las Administraciones y que ha acabado incluyendo a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y, en definitiva, cualquier tipo de entidad financiada en todo o en buena parte con subvenciones a pesar de no estar reguladas por el mismo régimen jurídico que el sector público.

Es más, todos ellos deberán publicar sus contratos y subcontratos y los criterios de selección de los contratistas, así como la relación de los convenios suscritos y las obligaciones económicas convenidas, además de las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiarios. Además se añade la obligatoriedad de publicar datos profesionales de los responsables de los sujetos incluidos en la Ley, relativos a las funciones que desarrollan, a la normativa que les sea de aplicación y a su estructura organizativa.

Sin embargo, la primera enmienda de los populares alude a la inclusión de la Casa Real en el ámbito de aplicación de la Ley por "realizar una actividad pública de relevancia que hace necesario el refuerzo de transparencia en su funcionamiento", según se expone en la justificación, argumento que se repite casi idéntico en el caso de los partidos.

Para hacer posible el acuerdo con el PSOE en esta materia, los populares se avinieron a aceptar la constitución de un consejo independiente, llamado de Transparencia y buen Gobierno que será nombrado por el Parlamento y para el que, según el PP, se garantiza una total independencia en el desarrollo de sus funciones.