Justicia hablará con cada comunidad autónoma antes de abordar el nuevo mapa judicial

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido este lunes a no remitir al Congreso "ningún proyecto" sobre las nuevas demarcaciones judiciales sin hablar "previamente" con "todas y cada una" de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Ruiz-Gallardón ha hecho estas declaraciones tras al Conferencia Sectorial de Justicia, en la que han participado representantes de las doce autonomías con competencias en Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.

El ministro ha agradecido al CGPJ su esfuerzo en la elaboración de un informe que plantea la redicción de los 431 actuales partidos judiciales a 190 para mejorar la organización y la especialización en los tribunales. Gallardón ha destacado que este organismo es una "voz útil" a la hora de elaborar el nuevo mapa judicial y ha recordado que la responsabilidad de la iniciativa legislativa recae sobre el Ministerio de Justicia.

Al margen de la propuesta, criticada por algunas comunidades autónomas, el titular de Justicia ha señalado que el CGPJ ha hecho un análisis en el que concluye que hay que modificar el mapa judicial español, pensado para una realidad del siglo XIX. "El Gobierno estará atento y estudiará el informe del CGPJ como cualquier informe que se remita antes de elaborar el anteproyecto de ley", ha señalado.

Gestión coordinada de la justicia gratuita

La Congerencia sectorial, calificada como "fecunda" y "extensa en el tiempo" por el ministro, ha analizado también la gestión coordinada de la asistencia jurídica gratuita. Respecto a este tema, Ruiz-Gallardón ha propuesto a los representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia y La Rioja la constitución de una mesa de diálogo en la que debatir una participación conjunta de la recaudación de las tasas y la gestión coordinada de este servicio.

El criterio del Ministerio es vincular el incremento de las tasas judiciales anunciada con la financiación de la asistencia gratuita. El umbral mínimo de ingresos para acceder a este tipo de asistencia seguirá siendo el mismo, aunque se determinarán los supuestos en los que se puede solicitar para acabar con las disfunciones en el sistema.

El objetivo, según Gallardón, es garantizar que la asistencia jurídica gratuita llegue efectivamente quienes la necesitan, por lo que ha defendido la necesidad de un "servicio de control del posible fraude". Además, se ha comprometido ante las autonomías a asumir la financiación directa de la asistencia jurídica gratuita a través de lo recaudado con las tasas, de manera que cada región pueda destinar estos recursos a otras partidas de Justicia.

Conexión de los sistemas informáticos

Asimismo, la Conferencia ha servido de marco para retomar los acuerdos con el CGPJ y las autonomías para la interconexión informática entre juzgados y evitar que "coexistan ocho sistemas diferentes, muchos de los cuales no se pueden comunicar entre ellos", ha destacado el ministro, quien ha reconocido que el nuevo sistema permitirá conservar el esfuerzo inversor realizado por las comunidades autónomas en nuevas tecnologías establecerá una "interoperatividad" entre los diferentes sistemas.

Además, las comunidades se han comprometivo a consultar con el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial electrónica cualquier modificación o variación en sus sistemas informáticos. El Comité será creado próximamente para responder a esta demanda.