Publicado: 12/12/2014 04:00
Portazo a la imputación de directivos del Santander en el caso Oleguer Pujol Ferrusola. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, ha dictado un auto por el que rechaza la querella interpuesta por un abogado barcelonés contra los diez miembros de la Comisión Ejecutiva de la entidad financiera que en 2007 acordaron la venta de las 1.152 sucursales del banco a Samos Gestión y Servicios, SL, la empresa del benjamín de Jordi Pujol bajo sospecha de haber servido al clan para blanquear millones de euros. En el escrito, el magistrado destaca que "de los hechos relatados en dicha querella y documentación aportada no se desprende que los mismos guarden relación con el objeto que hasta el momento ha quedado conformado en la presente causa". Entre los diez directivos del Santander para los que se pedía la imputación por los delitos de estafa, falsedad documental, fiscal y de blanqueo de capitales se encontraban el fallecido Emilio Botín, su sucesora al frente de la entidad, su hija Ana Patricia, así como Alfredo Sáenz.
La querella del abogado barcelonés acusaba al fallecido Emilio Botín, su hija Ana Patricia y otros ocho directivos de los delitos de estafa, falsedad documental, fiscal y blanqueo de capitales
La querella ahora rechazada fue presentada por el abogado barcelonés Josep Asensio el pasado 12 de noviembre y tuvo su entrada en el juzgado de Pedraz seis días más tarde. El letrado pedía al magistrado que investigase a los diez miembros de la Comisión Ejecutiva del Santander que participaron el 12 de noviembre de 2007 en la reunión que dio luz verde aquella operación inmobiliaria, al considerarles partícipes de las supuestas irregularidades de la misma. Tras recibirla, el magistrado dio traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción para que informase su posición. El pasado 28 de noviembre, los representantes del Ministerio Público remitían a la Audiencia Nacional su escrito en el que rechazaban de plano ampliar las pesquisas y, además, rechazaban que el letrado que planteaba la denuncia se pudiera personar en la causa como acusación popular. Ahora, el juez ha seguido prácticamente al pie de la letra los planteamientos del escrito de Anticorrupción.
De hecho, Pedraz, como en su momento apuntaba la Fiscalía, recalca en el auto que la documentación aportada a la causa no añade elementos nuevos a la misma y que tampoco aparecen "elementos de incriminación para conformar los delitos objetos de la querella". Además, insiste en que su personación en la causa no está justificada ya que, añade, la acusación popular no es "un derecho fundamental", además de considerar que Josep Asensio "no tiene ningún interés específico para personarse en la misma, requisito imprescindible". Pedraz llega a afirmar que no aprecia "ningún interés legítimo, personal y subjetivo" en el querellante. De este modo, la investigación abierta en la Audiencia Nacional a raiz de la querella interpuesta por Podemos permanecerá por el momento centrada exclusivamente en Oleguer Pujol y su socio, Luis Iglesias.
Otras seis operaciones bajo sospecha
Y ello pese a que las pesquisas van más allá del pelotazo de las sucursales del Santander y se extienden a otras seis operaciones inmobiliarias en las que también participaron empresas relacionadas con el hijo menor del expresidente de la Generalitat. En concreto, también están bajo sospecha la adquisicion de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa; la compra de un hotel en Canarias, operaciones realizadas entre Longshore y Prisa Division Inmobiliaria, otras realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, asi como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisicion del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012, operación esta última en la que el Consejo ha negado siempre que hubiera participado Oleguer Pujol o algunas de estas empresas. No obstante, todas ellas tienen como elemento común que las inversiones fueron realizadas por sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
El auto del juez Pedraz sigue al pie de la letra los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para rechazar tanto la querella como al abogado como acusación popular en el proceso
Para recabar información sobre las mismas, el juez Pedraz autorizó el pasado 23 de octubre el registro de las viviendas del benjamín del clan y su socio, pero también de las sedes de numerosas empresas. Entre ellas, Drago Capital, la matriz de los negocio de Oleguer Pujol; Samos Servicios y Gestiones, con la que compró las sucursales del Santander; Longshore SLM; GI Investments; Ursus Alpha SL, Jasmund Spain SL; Trisola Servicios y Gestiones; Step Negocios; Orchard Spain; Ampuria Capital; Silvercode Investment Socimi y Canga Real Estate. De todas ellas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se llevó cajas repletas de documentación en papel y, sobre todo, el contenido de las memorias de los equipos informáticos. La Policía incluso utilizó aquel día perros especializados en la localización de billetes ocultos, pero el resultado de su rastreo fue negativo.
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