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España

Interior y el juez se enzarzan por la 'peligrosidad' de los dos últimos yihadistas detenidos

¿Miembros de una célula de Al Qaeda o simples radicales a los que mantener bajo control? El Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional se enzarzaron ayer en un nuevo rifirrafe de declaraciones sobre la verdadera peligrosidad de los dos últimos terroristas islámistas detenidos en España. Mientras el titular del departamento, Jorge Fernández Díaz, anunciaba a bombo y platillo en un acto público que ambos formaban parte de una célula radical afín a la rama magrebí de Al Qaeda, fuentes del órgano judicial se apresuraban a aclarar poco después que dicha pertenencia no estaba ni mucho menos probada con los datos que obraban en poder del juez que dirigía la operación, Santiago Pedraz.

En la memoria de todos, la operación de agosto del año pasado que concluyó con la detención en Ciudad Real y la Línea de la Concepción (Cádiz) de dos chechenos y un turco que supuestamente planeaban atentar con aviones teledigidos en Gibraltar. Ésta fue calificada entonces por el ministro como de gran importancia porque los arrestados eran "extremadamente peligrosos" y estaban en poder de explosivo suficiente "para volar un autobús". Siete meses después, los tres fueron puestos en libertad por falta de pruebas, aunque se les mantuvo la imputación de pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos al tener en su poder 100 gramos de pólvora. Dos de ellos permanecen desde entonces en un Centro de Internamiento de Extranjeros a la espera de poder expulsarlos a Rusia ya que en España la Justicia no tiene nada contra ellos.

Interior insistió a lo largo del día de ayer que los dos detenidos formaban parte de "una célula radical afín" a Al Qaeda aunque aún no está comprobada que ambos tuvieran relación

Ayer, tras la corrección de la Audiencia Nacional, Interior mantuvo en sus notas de prensa oficiales la presunta pertenencia de ambos a una "célula" e insistían en comparar su "perfil" con el de los dos detenidos por el reciente atentado terrorista de Bostón. Fernández Díaz los había calificado a comienzo de la mañana de "lobos solitarios" en referencia a la figura del yihadista que actúa sin mantener ningún contacto con el grupo que creó Osama Bin Laden. Para reforzar dichas afirmaciones, el Ministerio detalló que uno de los detenidos, Nou Medioni, de origen argelino y 23 años de edad, era usuario habitual de una conocida pataforma radical islamista en Internet utilizada por Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) para reclutar futuros terroristas.

'Morir como un martir'

Incluso aseguraba que Medioni, que fue detenido en Zaragoza, había recibido instrucciones concretas para viajar a un campo de entrenamiento yihadista ubicado en el norte de Mali, pero que "la fuerte presión policial internacional sobre el terreno" se lo había impedido. La nota concluía la imposibilidad de hacer ese viaje le había frustrado "por no haber podido 'morir como un mártir' como era su deseo". Ayer, su familia sólo reconocía un reciente viaje a Turquía, aunque en su perfil en Facebook se leían continuas referencias a Palestina y Siria, y una foto de Barack Obama tachada con un aspa roja. En su último mensaje, de horas antes de su detención, solicitaba sangre para un hospital de los contrarios al régimen de Bachar El Asad

En el perfil en Facebook de uno de los detenidos abundan los mensajes de apoyo a los rebeldes sirios y a Palestina. En el último se pide donaciones de sangre

Sobre el segundo detenido, el marroquí Hassan El Jaaouani, de 52 años, la información apuntaba en el mismo sentido. Arrestado en Murcia, Interior recalcaba ayer que "estaba vinculado con la delincuencia común" y que "habría contactado con los mismos responsables de AQMI ubicados en Mali" que el otro arrestado. "Uno de los contactos malienses con los que llegó a contactar se encuentra directamente relacionado con el secuestro y posterior asesinato de dos ciudadanos franceses en Níger en enero de 2011", destacaban de él.

Sin embargo, y pese a lo apuntado por el propio ministro y las notas de prensa al hablar de "una célula" para referirse a ambos, fuentes de la lucha antiterrorista reconocían ayer a este diario que aún no se ha detectado si existía algún tipo de conexión entre ellos. "Ambos eran asiduos de los foros yihadistas de internet, pero por ahora no hemos encontrado que hubieran entrado en contacto, aunque no lo podemos descartan aún", detallaban estas mismas fuentes.

Sin material explosivo ni armas

Estas mismas fuentes reconocían que en los registros tampoco se había encontrado material explosivo, armas o datos que apuntasen a que alguno de los dos estuviera preparando un atentado terrorista inminente. "Aún hay que revisar la documentación y el material informático que se les ha intervenido", apuntaban. Interior por su parte, aseguraba que al detenido en Zaragoza se le había detectado recientemente un mensaje en las redes sociales en el que ensalzaba el atentado de Bostón. "Esto es consecuencia del sufrimiento que ha causado el imperialismo americano a los países árabes. Hay que hacer otra como ésta", era el mensaje escrito por Nou Medioni que disparó las alertas policiales.

Uno de los arrestados ayer era investigado desde hace más de un año y en él habían confluido investigaciones de la Policía y la Guardia Civil

Éste era vigilado desde hace más de un año y, de hecho, tenía el teléfono 'pinchado' por orden judicial. Incluso, había estado también controlado por la Guardia Civil por su conocido radicalismo, aunque este cuerpo había abandonado las pesquisas para no interferir en las que llevaba la Policía. No obstante, otras fuentes policiales consultadas destacaban ayer a este diario que extremistas como los detenidos ayer "tenemos bajo control a cuarenta".

¿Por qué, entonces, se decidió ayer actuar contra estos dos?. Estas mismas fuentes reconocían que este tipo de operaciones son "preventivas. Se trata de hacer saber a este tipo de sujetos que los controlamos para evitar que pasen a la acción". La cercanía del suceso de Bostón y la proximidad del maratón de Madrid hicieron el resto para "acelerar" las detenciones, apuntan. "Tampoco se puede estar esperando eternamente a que actúen, porque tal vez entonces sea tarde", se justificaba ayer a este diario un mando policial.

Reticencias de los jueces

Sin embargo, fuentes de la lucha antiterrorista reconocen que esta visión sobre cuándo actuar contra este tipo de terroristas no es compartida por numerosos magistrados. "Si esto lo hacemos en EEUU, no hubiera habido ninguna duda, pero aquí...", se quejaba uno de los agentes especializados en lucha contra el yihadismo. "Aún hay jueces que no terminan de entender que este terrorismo es diferente al de ETA. Se empeñan erróneamente en seguir aplicando las premisas judiciales que han servido para combatir a ésta en la persecución de las células islamistas", apunta otro veterano policía.

Las estadísticas judiciales señalan que un 43% de los presuntos islamistas que se llegan a sentar en el banquillo de los acusados termina siendo condenado

Las detenciones de los dos chechenos y el turco del pasado mes de agosto son el precedente más cercano en el tiempo de estas discrepancias entre la Policía y la Justicia. Entonces, surgieron a la hora de valorar las pruebas que había contra los tres arrestado. El juez Pablo Ruz, que fue quien dirigió las pesquisas, dio 48 horas a los responsables para que le presentaran más indicios y más contundentes contra ellos. Los expertos antiterroristas tuvieron que recabar informes de servicios policiales de cuatro países para convencer al juez de la conveniencia de su ingreso en prisión.

Para encontrar otros ejemplos, tampoco hay que echar la vista muy atrás en el tiempo. También el pasado mes de agosto, la Audiencia Nacional absolvió a Abdelkader Ayachine, un musulmán que regentaba una carnicería en Burgos y para el que la Fiscalía pedía 10 años de cárcel por integración en organización terrorista. El tribunal, sin embargo, consideró que a pesar de que el detenido tenía “ideas violentas propias de un islamismo radical”, no había pasado “del plano del pensamiento al de la acción”, por lo que su actuación no merecía reproche penal.

Basta repasar las estadísticas judiciales para constatar que estas situaciones son más habituales de lo que se piensa. Así, de los aproximadamente 500 presuntos yihadistas que han sido detenidos en España desde los atentados del 11-M hasta finales de 2011, sólo han sido juzgados 152. Una cuarta parte. Del resto, las acusaciones que que había contra ellos se diluyeron durante la instrucción del sumario. Además, de los que finalmente se sentaron en el banquilllo de los acusados, un 43% fueron absueltos, según las Memoria de la Fiscalía de los últimos cinco años. Y de los condenados, un número importante lo fueron por delitos que nada tienen que ver con el terrorismo, como la falsificación de documentación.

Ministro 'reincidente'

Las prisas del ministro por informar sobre las detenciones y, sobre todo, su interés por dar relevancia a los detenidos tampoco es nuevo. De hecho, no es la primera vez que surgen roces con la justicia por sus declaraciones. El juez Javier Gómez Bermúdez ya estuvo a punto de actuar contra él por haber facilitado datos sobre el lugar donde estuvo retenido en Francia el empresario Publio Cordón cuando aún eran secretos. En otra ocasión, anticipó en una entrevista radiofónica una próxima detención de un etarra, lo que provocó un fuerte malestar en las autoridades francesas, que eran las que iban a realizarlo.

En mayo del año pasado, en una comparecencia ante la prensa, elevó a jefe del aparato militar de ETA a un terrorista arrestado en el sur del país vecino que, para los expertos antiterroristas, no pasaba de ser un miembro de segundo nivel de la banda. "Esto del escalofón tiene poca importancia", se intentó justificar días después. "Es un político y éstos siempre se quieren poner medallas", criticaban ayer fuentes policiales que, sin embargo, insistían en destacar la importancia de los dos yihadistas detenidos ayer. ¿Tanto como para situarlos en una célula de Al Qaeda? El juez Pedraz les tomará declaración el próximo jueves y entonces decidirá si las pruebas recabadas con ellos son suficientes para sostener dicha acusación y enviarles a prisión.

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