Publicado: 21/02/2014 15:45
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dado credibilidad para aceptar todas las peticiones de la UDEF para la investigación de Francisco Álvarez Cascos. De esta forma, ha acordado practicar diligencias para investigar si el acrónimo "PAC" que aparece en documentos de la trama Gürtel se refiere al ex secretario general del PP como perceptor de comisiones, antes de decidir si llevar este asunto al Tribunal Supremo dada su condición de aforado.
El juez de la Audiencia Nacional toma esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía y en base a un informe de la Policía Nacional que identifica a Álvarez Cascos como una de las personas de ese partido que intermedió para la trama Gürtel y recibió comisiones por ello.
"Pese a resultar notorio el actual aforamiento puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal en atención al cargo que ostenta como diputado de la Junta General del Principado de Asturias", el juez indica que se deben "practicar cuantas diligencias se estimen precisas para completar la investigación de los hechos puestos de manifiesto" por el informe policial antes de decidir si llevar este asunto al Tribunal Supremo.
En el auto notificado este viernes, acuerda la toma de declaración del supuesto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, cuando reciba más informes policiales, así como, el 6 de marzo, al exdirector de comunicación de Aena Ángel López de la Mota, y otro empleado de este organismo público.
Delito contra la Administración Pública
Según Ruz, estos hechos podrían ser constitutivos, "en una primera aproximación", de un delito contra la Administración Pública imputable a la persona a la que se refieren las siglas.
En el auto, el juez rechaza la personación del exministro de Fomento como perjudicado y acuerda la toma de declaración, cuando reciba nuevos informes policiales, del supuesto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, cuyo abogado, Miguel Durán, afirmó que las siglas "PAC" corresponden en realidad al cabecilla de la red, Francisco Correa, y que, por otra parte, el acrónimo "PC" no es por Correa sino por Crespo.
Otras de las diligencias que acuerda el juez son requerir informes de contrataciones a varias empresas supuestamente vinculadas con la trama Gürtel y nuevos informes a la UDEF en relación a varias de estas sociedades. El informe de la UDEF que identifica a Álvarez Cascos como "PAC" se basa en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas donde también se le identifica con ese acrónimo.
También llega a esa conclusión porque Correa manifestó en una grabación que llevó "importantes cantidades de dinero" a Bárcenas procedentes de adjudicaciones de Fomento cuando este Ministerio estaba a su mando y en que dijo luego al juez que Álvarez Cascos le dio trabajo relacionado con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).
La Policía mantiene que "PAC" es una persona de gran relevancia, "por cuanto es el mayor perceptor en la distribución de los fondos" en las operaciones de la trama y recibía también dinero de "los beneficios generados por las campañas electorales del Partido Popular" realizadas por la organización de Correa en 2003 y 2004.
Otras dos declaraciones
En otro auto, el juez ha citado a declarar el próximo 6 de marzo al exresponsable de Comunicación de AENA Ángel López de la Mota Muñoz y a José María Gavari Guijarro como imputados de delitos de cohecho y prevaricación.
Ruz cree que ambos "habrían presuntamente recibido de la organización de Francisco Correa Sánchez, entre los años 2000 y 2002, diversas dádivas en efectivo y en especie" a cambio de la adjudicación, "de modo irregular", a empresas del presunto líder de Gürtel "de diversos contratos del organismo público para el que ambos trabajaban".
Además de llamarles a declarar, el juez pide que cumplimenten una prueba caligráfica y reclama a AENA a que en el plazo de tres días remita al juzgado informe sobre las competencias de ambos imputados tuvieran en relación al contrato suscrito con CLASA.
A ambos ya les imputó Ruz el pasado 8 de febrero en una pieza separada sobre la contratación con empresas de la red y el presunto cobro de servicios y gastos de carácter particular a empleados de este organismo entre 2000 y 2002.
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