El juez pedirá ahora investigar qué imputados de la Gürtel se acogieron a la amnistía con empresas

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, se verá forzado a pedir más información a la Agencia Tributaria tras comprobar que sólo uno de los 21 imputados de la trama Gürtel sobre los que había pedido información fiscal había regularizado fondos por la vía directa de la polémica amnistía fiscal. Del contenido del informe entregado el martes a la Audiencia Nacional por Hacienda, ha sorprendido también que ese único encausado, el constructor Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa, lo hizo además para regularizar apenas 3.420 euros, por los que ha pagado 342 euros de recargo, como adelantó este miércoles Vozpópuli. Los demás acusados de los que se ha conseguido recabar datos, cinco, ni siquiera han acudido a la amnistía fiscal sino que han puesto al día sus cuentas pendientes mediante el procedimiento ordinario de declaraciones complementarias.

La información aportada no es relevante porque la Audiencia Nacional "ha preguntado mal" sobre la amnistía fiscal

Los documentos remitidos por Hacienda al juzgado sugieren que los imputados en la trama Gürtel podrían haberse acogido a la regularización utilizando sociedades, de la misma manera que lo hizo Luis Bárcenas mediante la mercantil uruguaya Tesedul SA, de la que ni siquiera aparecía como propietario. “Nos han preguntado mal”, recalcaban este miércoles las fuentes de Hacienda consultadas por este diario, que además mostraban su convencimiento de que deberán rastrear de nuevo el pasado fiscal de estos 21 encausados y algunos más por orden de la Audiencia Nacional.

No obstante, aunque Hacienda inicie la investigación rápidamente para recabar la información de la que dispone sobre los sospechosos, la recogida de datos puede retrasarse durante meses. El motivo es la redacción de la amnistía fiscal cuya última enmienda permite a los defraudadores apurar el margen para revelar su participación en las empresas interpuestas hasta el 31 de diciembre de 2013. Hacienda podrá remitir ahora la nueva documentación que se le requiera sobre las amnistías de las mercantiles, pero esa información no estará completa hasta fin de año. 

El 'otro Bárcenas'

El informe de cinco folios remitido el martes al Juzgado Central de Instrucción número 5, la Agencia Tributaria incluye el nombre de Alfonso García-Pozuelo Asins, un empresario que, como hizo el extesorero del PP, comunicó al juez que se había acogido a la amnistía fiscal. En concreto, el abogado de García-Pozuelo presentó un escrito el pasado 4 de diciembre en el que aportaba el modelo 750 de haberse acogido a la Declaración Tributaria Especial el pasado 30 de noviembre. Sólo habían pasado 18 días desde que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria remitiera al juez un informe en el que proponía al magistrado librar un comisión rogatoria internacional a EEUU para que el banco Merrill Lynch informase sobre un depósitos que éste poseía con más de medio millón de euros en dinero negro en aquel país. Lo regularizó gracias a la DTE con el pago de 53.123 euros.

De hecho, el juez pidió a Hacienda que le remitiera "la documentación que se hubiera presentado junto con la citada declaración para identificar los bienes y derechos a los que afecta". Este empresario, que fue propietario de Constructora Hispánica, fue imputado por el juez Baltasar Garzón, el primer instructor del sumario, por obtener presuntamente adjudicaciones irregulares en municipios madrileños gracias a la trama que lideraba Francisco Correa. Las anotaciones contables halladas en una carpeta azul intervenida por la Policía al economista de la red Gürtel, José Luis Izquierdo, revelaron entonces entregas de García-Pozuelo a la trama que sumaban más de 4 millones de euros. En octubre de 2010, el constructor, que había vendido su empresa, pagó a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros conceptos. Ahora, ha vuelto a regularizar su situación.

Incluido en la lista 'por error'

También ha llamado la atención la inclusión en el informe de los datos fiscales de José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol en la época de Alberto Cortina y que permanece imputado después de que su nombre apareciese ligado a varias empresas investigadas en la trama Gürtel, unas veces como administrador único, como ocurría en Kintamina, y en otras como miembro del consejo de administración, como pasaba en Orange Market. Un error del juez, que adjudicó su número de NIF a otro nombre, el de Arturo González Panero, exalcade de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, llevó a los responsables de Hacienda a remitir los datos fiscales de ambos. El informe de Hacienda desvela ahora que Blanco Balín presentó en 2009 cuatro declaraciones complementarias de IRPF y cinco del impuesto de patrimonio referidas a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. En total, pagó 504.742,99 euros.

Dos empresarios aragoneses encausados regularizaron cerca de 9 millones de euros por el procedimiento ordinario de las declaraciones complementarias

También abonaron elevadas cuantías mediante el cauce ordinario de regularización los empresarios zaragozanos Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo Rebollo, según el reciente informe. El primero presentó diez declaraciones complementarias por un valor total de 7.503.058,9 euros. Salinas Lázaro, que está acusado de haber pagado 12 millones de euros a la trama Gürtel a través de una cuenta en el Principado de Mónaco, presentó dos declaraciones complementarias referidas al ejercicio 2005, cuatro al 2006, dos al 2007 y una al 2008 y 2009, entre IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. Todas ellas, entre septiembre de 2010 y febrero de 2011. Amando Mayo, ligado precisamente a Salinas Lázaro, presentó 8 declaraciones complementarias (seis del IRPF y dos más del impuesto sobre el patriomonio) entre finales de 2010 y comienzos de 2011 referidas al periodo 2005-2009 por las que tuvo que abonar 1.359.019,71 euros. Ambos aparecen relacionados con Fernando Martín y el 'pelotazo' urbanístico de Arganda del Rey, una localidad del Este de Madrid.

Los otros imputados que utilizaron las declaraciones complementarias para regularizar su situación con Hacienda en los últimos años son el propio Fernando Martín (ingresó en el erario 3.258 euros en 2010), y los excargos del PP Alberto López Viejo (quien pagó 4.732 euros en 2012) y Alfonso Bosch Tejedor (que pagó 3.111 euros de sanción en 2008). Del resto de la veintena de encausados sobre los que pedía información el juez, ni rastro. Y ello a pesar de que entre ellos estaban los dos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo; la mujer del primero, María del Carmen Rodríguez Quijano; la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, y cuatro exalcaldes del PP en la Comunidad de Madrid: Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Ginés López y Jesús Sepúlveda, marido de la ministra de Sanidad, Ana Mato. También aparecían los exdiputados conservadores Jesús Merino y Benjamín Martín Vasco; el ex el exconcejal José Galeote; la mujer de González Panero, Elena Villaroya; el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri, y César Tomás Martín, jefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte.