Un pequeño industrial valenciano le abre al PP un nuevo frente en el 'caso Bárcenas'

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha abierto una nueva línea de investigación dentro del 'caso de los papeles de Bárcenas' después de que un pequeño industrial valenciano le haya remitido dos escritos y abundante documentación en soporte informático sobre hechos supuestamente relacionados con la causa. Ruz, que hasta ahora ha mantenido secreta la información aportada por este empresario, ha ordenado recientemente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que inicie "las gestiones y averiguaciones oportunas, incluida la declaración del denunciante" como paso previo a la realización de un informe con el que el magistrado decidirá si sigue adelante con estas pesquisas. De hacerlo, sería una nueva línea de investigación de un sumario que cada vez tiene más frentes abiertos para el PP después de que, como adelantó este diario, el magistrado reactivara las pesquisas sobre la compra por parte del partido de un local en Logroño y sobre el extraño pago de una deuda adquirida por los 'populares' en Pontevedra.

El pequeño empresario remitió a la Audiencia Nacional un primer escrito de denuncia en octubre y un segundo en enero. El juez Ruz ha mantenido secreto el contenido de ambos 

La persona que ha propiciado las nuevas pesquisas es Jorge C., un industrial valenciano que ha llegado a figurar en los órganos de dirección de una decena de pequeñas empresas, mucha de ellas familiares, relacionadas con la fabricación de materiales de construcción y, sobre todo, con la de puertas metálicas. Según consta en una providencia del juez Ruz de la pasada semana a la que ha tenido acceso Vozpópuli, éste remitió un primer escrito de denuncia que llegó a la Audiencia Nacional el pasado 2 de octubre. Tres meses después, en concreto el pasado 10 de enero, remitía al juzgado un segundo con más datos. Tras ello, el magistrado solicitó su opinión al fiscal del caso, Antonio Romeral, y, ahora, ha encargado a los agentes de la UDEF la elaboración de un informe con el que "determinar la conexión de los hechos denunciados [...] y los investigados en la presente causa".

En concreto, el juez Ruz ha ordenado a la Policía que analice tanto los escritos de denuncia como la documentación "aportada en formato digital" por Jorge C. e inicie a partir de ese momento una investigación para comprobar la veracidad de la información. Para ello, señala a los agentes la conveniencia de interrogar al industrial valenciano con el fin de tener sobre su mesa un informe que le permita finalmente abrir esa nueva línea de investigación o cerrarla si consideran que no hay vínculos con los célebres 'papeles de Bárcenas'. Hasta ahora, el juez ha mantenido el contenido de las denuncias y de la documentación aportada por el empresario fuera de la causa y, por tanto, a ella no han tenido acceso ninguna de las acusaciones y las defensas personas en la misma, como ha podido constatar este diario.

El antecedente de Vitoria 

No es la primera vez que llegan al juzgado de Ruz denuncias que relacionan supuestas irregularidades con los apuntes contables del extesorero del PP. El pasado 23 de octubre se incorporó al sumario una carta del portavoz del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en el Ayuntramiento de Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz, en el que éste denunciaba que entre 2005 y 2007 el equipo de gobierno del PP en este consistorio concedió supuestamente de modo irregular sendos contratos de gestión de residuos de la capital vasca a Sufi SA, la misma empresa ya investigada por el presunto pago en 2007 de una comisión de 200.000 euros a la dirección regional del partido conservador en Castilla-La Mancha, encabezada por María Dolores de Cospedal. La revelación se producía, además, sólo unos días antes de que acudiesen a declarar como imputados por este último hecho el gerente de la formación en esta comunidad, José Ángel Cañas, y los empresarios Luis del Rivero y Manuel Manrique. En su escrito, de siete folios de extensión, el edil Patxi Lazcoz detallaba con documentos como la empresa, filial de Sacyr Vallehermoso, se hizo con un contrato para la construcción de un planta de tratamiento de residuos de demolición y su explotación durante 15 años gracias a un pliego de cláusulas "a la carta" que presuntamente redactó el consistorio alavés, entonces liderado por el hoy portavoz 'popular' en el Congreso, Alfonso Alonso.

El magistrado se ha tomado en serio la denuncia del pequeño industrial frente a otra similar que recibió en la mismas fechas y que ordenó archivar sin realizar ninguna pesquisa

En su misiva, el dirigente socialista vasco mostraba su convencimiento de que tenía en su poder "suficientes elementos para considerar que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz se pudo adjudicar ilegalmente un concurso público a favor de una de las empresas investigadas en la trama Gürtel", en referencia a Sufi SA. Tras asegurar que la capacidad de investigación del grupo municipal que él encabezaba era "muy limitado" y que "sólo una intervención judicial" podría "llegar al fondo del asunto sobre el que queremos llamar su atención", el escrito explicaba que el PSE inició sus pesquisas "el pasado mes de julio como consecuencia de la aparición [...] de una supuesta contabilidad B con datos del Partido Popular en el País Vasco, a través de los conocidos como 'papeles de Bárcenas". Durante dicha investigación, los concejales socialistas aseguraban haber encontrado ya en el propio sumario del 'caso Gürtel' referencias a dos contratos del Ayuntamiento de Vitoria, uno de abril de 2005 y el segundo de marzo de 2007. Pese a todos esos detalles, el juez Ruz consideró que la denuncia no tenía relación con el 'caso Bárcenas' y decidió no incluirla como parte del proceso.

Génova 13, Toledo, La Rioja y Pontevedra

Hasta ahora, el magistrado ha concentrado la investigación del 'caso Bárcenas' en las cuatro grandes líneas de investigación que marcó con una serie de autos que dictó el pasado 11 de octubre. Entonces, Ruz decidió dejar a un lado las pesquisas sobre la veracidad o no de dichos apuntes una vez que su credibilidad había dejado de estar en duda tras corroborar los testigos más de medio centenar de ellos, para pasar a considerarlos un elemento de prueba más a partir del cual destapar supuestas corruptelas concretas. Aquel día, el juez decidió centrar sus esfuerzos en aquellas anotaciones del extesorero en los que creía haber detectado indicios de delitos que no hubieran prescrito aún. Es decir, los referidos a los años 2007 o a ejercicios posteriores. Entre ellos estaban el supuesto pago con dinero negro de las obras de remodelación de la sede de Génova 13 que provocaron el registro 'de facto' del inmueble el pasado mes de diciembre, y la supuesta comisión recibida por el partido en Toledo por la concesión de un contrato de limpieza a una filial de Sacyr, lo que ya ha obligado a comparecer como imputado en la Audiencia Nacional a un dirigente de la formación en Castilla-La Mancha. Son, con diferencia, las pesquisas que tiene más avanzadas, aunque las referidas a los trabajos de reforma en el edificio del PP en Madrid se han encontrado con un 'atasco' documental de 118.000 correos electrónicos que ha retraso las pesquisas policiales más de tres meses.

Junto a estas dos, Ruz  decidió abrir también las pesquisas sobre la compra de una sede en Logroño y la extraña devolución de una deuda de Pontevedra, aunque ambas parecían haber quedado arrumbadas en el sumario hasta que el pasado 24 de enero decidió reactivarlas citando a declarar a varios dirigentes regionales del partido y reclamando abundante documentación contable de la formación en La Rioja y Galicia. Por un lado, intenta aclarar la veracidad de un apunte contable del extesorero que sugiere la entrega por parte de los dirigentes riojanos de 200.000 euros en dinero negro a la 'caja B' de Génova 13 que posteriormente fueron reenviados desde Madrid por transferencia bancaria de vuelta a sus correligionarios en esta comunidad ya 'blanqueados' para que pudieran adquirir unos locales para su nueva sede. Por este hecho, ya han pasado por la Audiencia Nacional como testigos dos dirigentes regionales. Y, por otro, el ingreso en la supuesta caja 'B' de los populares en 2010 de 50.000 euros como devolución de una deuda de 160.000 euros que el PP de Pontevedra había adquirido con la dirección en Madrid por el embargo sufrido por las cuentas de éste a cuenta de una deuda impagada por Galicia. Este último movimiento fue relacionado por el extesorero directamente con el posterior pago de 50.000 euros en sobresueldos a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.