LOS SECRETOS DEL SUMARIO El juez interroga en una mañana a ocho imputados y testigos de Púnica que acorralan al PP

El magistrado ha citado entre las diez y las doce de este martes a cuatro investigados y a otros tantos testigos para impulsar varias líneas de investigación que salpican a cargos públicos 'populares'. Entre ellos está el diputado autonómico madrileño Daniel Ortiz, que tuvo que dimitir tras saltar su implicación; el alcalde de un pueblo de León, y un testigo sorpresa que asegura tener datos que incriminan al actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. También acudirán los representantes legales de Eico y Madiva, las dos empresas del experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro. El objetivo del juez es impulsar las piezas de León y Murcia para darlas por concluidas antes de acabar el año.

Complicado martes y 13 de septiembre para el PP. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha decidido dar este día un nuevo impulso a dos de las catorce piezas separadas en las que dividió el sumario del 'caso Púnica' para enviarlas cuando antes a juicio. Se trata de las que investigan a las actividades de la trama en el Gobierno de la Región de Murcia y en la Diputación de León, ambas gobernadas por los 'populares. Se trata de dos investigaciones que afectan a varios cargos públicos del partido de Mariano Rajoy y que en el caso de la primera puede poner contras las cuerdas a todo un presidente regional, Pedro Antonio Sánchez. Para ello, esta jornada el magistrado ha citado en su despacho con sólo dos horas de diferencia a cuatro testigos y otros tantos imputados.

A partir de las diez, están citado a declarar cuatro imputados y otros tantos testigos. Varios están relacionados con dos piezas que el juez quiere concluir antes de fin de año

Entre ellos se encuentran Daniel Ortiz Espejo, que fuera alcalde de Móstoles y diputado regional de la Asamblea de Madrid hasta su reciente dimisión precisamente por su implicación en la causa; Pedro Vicente Sánchez García, actual alcalde de la localidad leonesa de Puebla de Lillo y 'mano derecha' del imputado presidente de la Diputación provincial, Marcos Martínez Barazón; y un funcionario de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia que envió una misiva a la Audiencia Nacional para dar nuevos datos que pueden salpicar aún más al actual presidente regional.

Junto a ellos, también han sido citados los representantes legales de Eico Online SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, dos empresas del experto en reputación 'online' Alejadro de Pedro, también imputado por las supuestas irregularidades en la Diputación de León y el Ejecutivo de la Murcia, entre otras piezas del sumario. Junto, a ellas, compareceran tres testigos más, dos de ellos de nacionalidad extranjera, según consta en diferentes providencias enviadas por el juez Velasco en los últimos días a las que ha tenido acceso Vozpópuli. La intensa mañana la completará el magistrado comunicando el señalamiento para la vista que el próximo 5 de octubre decidirá si se prorroga hasta dos años más la situación de prisión provisional de Francisco Granados.

Un amaño de 73 millones de euros

El primero en comparecer ante el magistrado será Daniel Ortiz, quien a partir de las 10 de la mañana deberá responder a las presuntas sobre su supuesta relación con el amaño de un contrato público de más de 73 millones euros cuando era alcalde de la localidad madrileña de Móstoles. El político, que siempre ha negado cualquier vínculo con la trama que presuntamente encabezaba su correligionario Granados, dejó su escaño el pasado julio horas después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había aceptado investigarlo tras remitirle el juez Velasco la causa contra él dado que entonces era aforado. Tras perder dicha condición, el alto tribunal ha devuelto las diligencias a su colega de la Audiencia Nacional, quien ahora ha decidirle citarle "a fin de oírle en declaración como imputado, previa instrucción de sus derechos". 

El ex diputado madrielño y antiguo alcalde de Móstoles, el 'popular' Daniel Ortiz, será interrogado por el amaño de un contrato de 73 millones de euros

El juez Velasco había elevado en mayo al TSJM una extensa exposición razonada para pedir a este órgano judicial que investigase a Daniel Ortiz al considerar a éste presunto autor de seis delitos de corrupción por su supuesta participación en el amaño de un contrato de eficiencia energética en favor de la empresa Cofely-GDF Suez, una de las principales implicadas en la red de corrupción. En su escrito, de 74 folios de extensión, el magistrado detallaba todos los indicios y pruebas recopilados en la causa contra él, entre ellas 28 comunicaciones entre los principales implicados de la trama, que demuestran en su opinión "actos de corrupción en beneficio de la empresa que se llevó la adjudicación bajo sospecha [...] con un ánimo de lucro personal como contrapartida". El magistrado llegaba a hablar de pagos de entre 240.000 y 500.000 euros de los que supuestamente se beneficiaron él, el concejal del mismo municipio Alejando Utrilla, y el hermano de éste, Mario, que fuera alcalde de Sevilla La Nueva y parlamentario regional la pasada legislatura autonómica.

Dos empresas y un testigo sorpresa

Para una hora después están citados los representantes legales de Eico y Madiva, las empresas del experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro, también imputado. En su caso las preguntas girarán en los trabajos que hicieron para mejorar la imagen en Internet de los cargos públicos de la Diputación de León y del Gobierno de la Región de Murcia investigados en la causa. Estás son, de hecho, las dos piezas separada del sumario a las que el juez Velasco quiere dar un impulso final para poder concluirlas antes de que acabe el año y enviarlas a juicio. De hecho, el tercer citado a declarar para este martes, también a las once de la mañana, es un testigo relacionado con una de estas líneas de investigación: A.E.P.M., un trabajador de la Consejería de Educación y Universidades, la cartera que ocupaba en la anterior legislatura el máximo dirigente autonómico.

El juez escuchará a partir de las once el testimonio de un trabajador de la Consejería de Eduación de Murcia que dice tener datos que pueden implicar al presidente regional

Éste envió una carta al magistrado en la que aseguraba tener información sobre la celebración de reuniones de asesores del actual presidente Pedro Antonio Sánchez con presuntos integrantes de la Púnica para encargarle trabajos que presuntamente se iban a pagar con fondos públicos dedicados a la "formación". La carta de este trabajador del Gobierno murciano llegó sólo dos meses después de que el juez Velasco levantase el secreto de sumario sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se concluía que el jefe del Ejecutivo autonómico había cometido presuntamente un delito de fraude en sus tratos con la trama.

El documento policial, entregado en la Audiencia Nacional el pasado 13 de mayo aunque no salió a la luz hasta quince días después, detallaba los pasos que el político 'popular' y sus colaboradores habían dado supuestamente para cerrar un acuerdo con integrantes de la red de corrupción para mejorar su imagen en las redes sociales ante las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en las que iba a encabezar la lista del PP. Fueron los comicios que finalmente le catapultaron a la presidencia de la región. Supuestamente iba a pagar un total de 36.800 euros. El exhaustivo documento de la UCO recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo con los que detallaba paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online'. Pese a ello, el propio Rajoy y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, salieron en su defensa públicamente.

Tres testigos y un alcalde imputado

Media hora después, a las once y media, están citados a declarar tres testigos -Raúl P., Vasile O. y Gabriel U.-, aunque el último plato fuerte del día está previsto para el mediodía. A esa hora debe comparecer Pedro Vicente Sánchez, regidor de la pequeña localidad leonesa de Puebla de Lillo (700 habitantes) y considerado uno de los más estrechos colaboradores de la asesinada Isabel Carrasco y del también encausado por la trama de corrupción Martín Marcos Martínez Barazón. Sánchez García, que ganó los comicios locales de 2015 encabezando la lista del PP con un 60% de los votos, ya declaró como testigo en noviembre de 2014, pero ahora deberá comparecer ante el magistrado como presunto responsables de un delito de malversación de caudales públicos y otro de fraude en la contratación por los pagos que con dinero público que presuntamente hizo a Alejandro de Pedro.

El último en comparecer será el alcalde un Puebla de Lillo (León), acusado de malversación de caudales públicos y fraude por pagos a la trama 

En el escueto escrito en el que se le citaba no se señala las acusaciones, pero detrás de ellas se encuentra un informe que la UCO entregó a finales de junio de 2015, hace más de un año. Sobre Pedro Vicente Sánchez, el documento policial destacaba que las llamadas de teléfonos intervenidas a los investigados le señalaban como "persona de la más íntima confianza" de Martínez Barazón y que, como tal, asistió "a las reuniones en las que se conciertan los términos de la configuración y adjudicación" de varios contratos públicos. El documento también resaltaba que el alcalde leonés actuaba "de facto como coordinador de prensa" del entonces presidente de la Diputación y que, como tal, "verificaba y aprobaba el pago de facturas emitidas por Alejandro de Pedro" cuyo abono se camuflaba por la inserción de publicidad institucional en la red de diarios de este último.

"A juicio policial -continuaba el documento-, dichas facturas eran emitidas presuntamente para costear los servicios de reputación online y asesoramiento-promoción política del presidente de la Diputación de León [Martínez Barzón] amparándose en la inserción y facturación de 'banner' publicitarios en los mismos diarios digitales de Alejandro de Pedro". Los agentes destacan que "llama la atención las razones de urgencia alegadas por Pedro Vicente [Sánchez] para no someter estas facturas al procedimiento de fiscalización ordinario" y que "a juicio policial" sólo pretendía "evitar" los controles de la Administración. Su testimonio es el último previsto en una larga jornada de martes y 13 para el PP.


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