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España

El juez interroga a un nuevo imputado para cerrar la investigación sobre la 'mordida' de Rato

Rato abandona su domicilio tras estallar el escándalo que provocó su arresto.

La investigación del 'caso Rato' sigue avanzando discretamente. EL titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha llamado a declarar para este miércoles a un nuevo imputado en la causa, según confirman a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. Se trata de Fabrizio Bini, un ciudadano italiano que hasta abril de 2012 fue el director financiero de Publicis Comunicaciones España SL, una de las dos empresas acusadas de pagar comisiones a Rodrigo Rato a cambio de la adjudicación de las millonarias campañas publicitarias de la salida a Bolsa de Bankia. El magistrado quiere interrogarle después de que otros encausados le hayan mencionado expresamente en las declaraciones que han hecho en las últimas semanas en el Juzgado, añaden estas mismas fuentes. Con su testimonio, el juez quiere dar practicamente por cerradas las pesquisas sobre la 'mordida' de 835.000 euros que presuntamente se embolsó Rato para, de este modo, dirigir la investigación de esta pieza secreta del sumario hacia otros contratos bajo sospecha.

El juez Serrano-Arnal ya intentó citar al antiguo directivo de Publicis en noviembre, pero no pudo porque éste se había ido a vivir a Argentina tras abandonar la compañía en abril de 2012

La comparecencia del directivo italinao era reclamada por Serrano-Arnal desde el pasado mes de noviembre, cuando también citó como imputados en la causa a otros tres altos cargos de las dos compañías salpicadas en el escándalo. Entonces fueron interrogados el presidente de Publicis, Miguel Ángel Furones, el consejero delegado de Zenith Media, Fernando Rodríguez, y el director ejecutivo de esta misma compañía, Rafael Lorca. Sin embargo, en aquel momento no pudo dar con el paradero de Bini ya que el ahora encausado había abandonado la compañía en abril de 2012 tras sólo año y medio en la misma, y se había ido a vivir a Argentina, donde trabaja para otra empresa del sector publicitario. El juez le atribuye, como al resto de los imputados en la causa, la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares.

El juez quiere interrogar a Fabrizio Bini sobre su papel en los contratos de marketing y publicidad firmados con Bankia por los que su compañía y Zenith se embolsaron un total de 56,2 millones. Con este dinero se financió el diseño de las campañas de lanzamiento del banco en 2011, de la salida a Bolsa de julio del mismo año y una de consolidación de la marca a comienzos de 2012, así como la contratación de los espacios publicitarios en los que se dispusieron todos estos anuncios. Hasta ahora, todos los directivos de Publicis y Zenith interrogados como imputados en la causa han defendido que ambas compañías fueron seleccionadas en el concurso organizado por la entidad financiera siguiendo un procedimiento que se ajustó plenamente a los requisitos y condiciones fijadas, en consonancia con los cauces habituales del sector. Sin embargo, al juez Serrano-Arnal y a la Fiscalía Anticorrupción no les han convencido sus explicaciones y en los últimos meses han incidido en esta línea de investigación que es la que ha puesto contra las cuerdas a Rodrigo Rato. 

La ONIF y UCO

De hecho, fue este contrato el que dio un impulso inusitado al 'caso Rato' cuando este amenazaba con desinflarse. Fue el pasado verano, cuando se incorporó a la causa el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que detectó el supuesto pago de comisiones al exvicepresidente del Gobierno a través de una empresa 'interpuesta'. Lo hizo tras cruzar los datos fiscales de los contratistas de Bankia con los de las mercantiles que componen el complejo entramado societario del político. Así, descubrió que Zenith Media y Publicis Comunicaciones España, que hasta aquel momento habían facturado cantidades mínimas a la entidad, pasaron a acaparar las campañas del banco gracias a la intermediación de Albisa Inversiones y Asesoramiento SL, la sociedad de Alberto Portuondo, el asesor de Rato detenido en agosto. La ONIF descubrió que esta última había recibido de las primeras algo más de 2 millones de euros por servicios aparentemente inexistentes y que, posteriormente, había transferido 835.000 euros a Kradonara 2001 SL, una mercantil bajo control del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Todo ello con supuestas facturas falsas como 'pantalla'.

Con Fabrizio Bini, el número de encausados en el sumario que se instruye en los Juzgados de Plaza Castilla se acerca a la veintena

De aquel hilo partió la posterior investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) que desembocó en el arresto en agosto de Portuondo en el aeropuerto de Madrid-Barajas justo cuando iba a tomar un vuelo con destino a México, donde reside. Tras esa detención se produjo la imputación de Teresa Arellano Carpintero, la secretaria de toda la vida y persona de la máxima confianza del exvicepresidente; Miguel Ángel Montero Quevedo, presunto testaferro del político y que figuraba como administrador único de la sociedad británica VivaWay Limited; y cuatro directivos de Zenith Media y Publicis Comunicaciones España, entre ellos la directora general de la primera, Candi Rodríguez, y el consejero delegado de la segunda, Xavier Olazábal. Desde abril, cuando fue arrestado durante unas horas Rato para el registro de su casa y su oficina, también estaba encausado Domingo Plazas, abogado con despacho en Sotogrande (Cádiz) que gestionaba Kradonara 2001 SL, la mercantil a través de la cual supuestamente Rato recibió la 'mordida', y que también realizó los trámites para que el político se acogiera a la amnistía fiscal. 

Posteriormente, pasó a esa situación procesal Miguel Robledo, director de comunicación de Bankia durante la etapa del político a la entidad. Robledo, que abandonó la entidad al poco de llegar Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de la misma, había acudido a los juzgados de Plaza Castilla en calidad de testigo, pero a tenor de sus respuestas, el magistrado decidió interrumpir el interrogatorio y citarle para otro día ya como imputado y acompañado de abogado. Lo mismo ocurrió con Beatriz Colomer. Ésta trabajaba como 'freelance' para el banco contratada por una empresa de Alberto Portuondo, el presunto comisionista que estuvo encarcelado hasta el pasado noviembre. A ellos se sumaron a medidados de noviembre otras tres personas, entre ellas José Manuel Fernández Norniella, quien fuera secretario de Estado de Hacienda durante los Gobiernos de José María Aznar y que era la mano derecha de Rato en la etapa de éste al frente de Caja Madrid y Bankia. Semanas después les tocó el turno de Miguel Ángel Furones, Fernando Rodríguez y Rafael Lorca, los directivos de Publicis y Zenith. Fabrizio Bini es desde este miércoles el último de una larga lista de encausados que ya acerca a la veintena.

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