Publicado: 01/12/2015 04:00
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Melilla, el magistrado Fernando Portillo, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo donde aprecia indicios de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, quien habría favorecido a determinados medios de comunicación locales entregándoles "importantísimas cantidades de dinero público" bajo el paraguas de convenios de colaboración. El presidente de Melilla, en su condición de senador, se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal.
En su exposición razonada, de 24 páginas, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado relata cómo esos convenios de colaboración que fueron firmados por Imbroda vieron la luz "sin procedimiento administrativo alguno que merezca llamarse por este nombre, con gran oscurantismo y sin ningún tipo de fiscalización ni previa ni posterior".
El juez considera "poco probable" que Imbroda no supiese que para concertar el pago a empresas privadas con fondos públicos era necesario seguir "algún tipo de procedimiento"
El juez de Melilla sostiene que existen indicios de que la firma de los citados convenios con los medios de comunicación locales "ha vulnerado la legislación estatal en materia de contratación pública". "Las referencias normativas que se hacen en los convenios no se sostienen mínimamente con la Ley en la mano", puntualiza el magistrado Portillo. El magistrado sospecha que Imbroda dio durante una década 20 millones de euros aproximadamente a medios de comunicación.
En el escrito enviado a la Sala Segunda del Supremo, el instructor afirma que el presidente de Melilla valiéndose de la forma de los convenios de colaboración "de escueta redacción, insuficiente justificación y equivocados argumentos jurídicos" firmaba "contratos administrativos" eludiendo así "los principios propios de la legislación contractual pública, esto es, los de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, pues para su firma, repetimos, no se ha seguido ningún tipo de procedimiento".
El informe clave de la Intervención del Estado
Por otro lado, la Intervención General del Estado en un informe, incorporado al juzgado de Melilla, señaló que dichos convenios con los medios de comunicación se llevaron a cabo con "la consiguiente ausencia de fiscalización previa, de estudios previos de viabilidad económica y con la falta de publicidad o transparencia" lo que "ha impedido que para prestar el servicio de publicidad institucional hayan concurrido una pluralidad de empresas con sus correspondientes ofertas conforme a unos criterios previamente fijados y conocidos, impidiéndose dar satisfacción al principio de igualdad y no discriminación e, incluso, afectando al mercado".
Los convenios de colaboración firmados por Imbroda no estaban sometidos a ningún tipo de fiscalización, según recoge en su exposición razonada el juez
Sobre este extremo, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Melilla añade que "parece poco probable que alguien con la dilatada experiencia en la gestión de los asuntos públicos como la que tiene el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, no supiese que para disponer del dinero público, para, como en este caso, concertar el pago a empresas privadas con fondos públicos, es necesario algún tipo de procedimiento, más allá del sentarse en un despacho frente a la otra parte y firmar".
Además, el magistrado señala que "tampoco consta por qué a unos grupos de comunicación se les pagaba una cantidad de dinero y a otros medios otras cantidades bien distintas, ni en virtud de qué criterio esas sumas se incrementaban de un año a otro, o no se incrementaban. Ni por qué las inserciones que a unos se pagaban no estaban limitadas y a otros se limitaban a una cifra concreta. En definitiva, nada de nada… Puesto que es la persona aforada quien firma la mayoría de los convenios, habrá que entender entonces que es ella misma la que ha decidido todos estos extremos, y que estos estudios, dado que no consta en ningún sitio cómo se han aplicado sus resultados a los convenios firmados, han servido de bien poco, salvo todo lo más de coartada".
Prevaricación y malversación
Por otro lado, en la exposición razonada -que fue enviada al Tribunal Supremo el pasado 23 de octubre- se subraya que "aunque no consta por qué con unos medios se celebraban convenios y con otros no con el paso de los años se extendió la práctica de estos convenios con casi todos los medios de comunicación local, casi, e incluso con alguna agencia internacional de noticias como la agencia Efe". El juez habla de una excepción: los medios de comunicación propiedad del grupo de comunicación Cablemel poco afines al Gobierno de Juan José Imbroda. "Es muy significativo por cuanto son los únicos medios locales que no reciben fondos públicos y son, precisamente, con los que el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla tiene una notoria y pública animadversión", destaca el juez Fernando Portillo.
El Supremo archivó el pasado mes de abril otra causa contra el presidente de la ciudad autónoma de Melilla por prescripción del delito
El juez concluye que "con la provisionalidad del momento procesal en que nos encontramos, existen indicios, dado todo lo expuesto hasta el momento, de que los pagos de importantes sumas de dinero autorizados por el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla a empresas privadas de comunicación, al tratarse de dinero público abonado fuera de los cauces del procedimiento administrativo correspondiente, ha dañado los derechos de los administrados y de la colectividad en general".
El instructor le atribuye a Imbroda los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. "Existen indicios de que la infracción del ordenamiento jurídico, en concreto de la legislación en materia de contratación pública, ha sido tan flagrante y manifiesta que no puede por menos que llenar el tipo de prevaricación que nos ocupa (en referencia a la prevaricación administrativa)". De la misma forma, el magistrado afirma que estamos ante un caso donde se habría dispuesto de "forma arbitraria" de dinero público por lo que podríamos estar ante un delito de malversación de caudales públicos por parte del senador ya que el "erario público ha resultado gravemente perjudicado".
El pasado 7 de abril la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó otra causa contra Juan José Imbroda, en este caso por presuntos delitos de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en el año 2001. El Alto Tribunal argumentó que el delito habría prescrito ya que el citado contrato con el letrado se había firmado hace más de diez años. Ahora, el tribunal deberá decidir si abre una nueva investigación al presidente de Melilla. Previamente, la Sala escuchará el criterio del Ministerio Fiscal, según han informado fuentes jurídicas.
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