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España

Interior expedienta al policía que facilitó en rueda de prensa el informe fantasma sobre Mas

José Manuel Sánchez Fornet, en la rueda de prensa del pasado viernes.

Oficialmente, nadie reconoce su existencia, pero las noticias sobre él empiezan a traer consecuencias disciplinarias dentro de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior anunció ayer al secretario general del Sindicato Unificiado de la Policía, José Manuel Sánchez Fornet, que le ha abierto un expediente disciplinario por la rueda de prensa que dió el pasado viernes y en la que entregó a los medios de comunicación una copia del polémico informe 'fantasma' que relaciona al líder de CiU, Artur Mas, y al expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, con cuentas en Suiza. No será el único procedimiento sancionador contra el dirigente sindical. El equipo de Jorge Fernández Díaz también quiere sancionar al agente por anunciar que su organización apoyaría legalmente a todos aquellos policías que se negaran a participar en deshaucios.

Fernández Díaz abre un segundo expediente al agente por sus polémicas declaraciones sobre los deshaucios

La apertura de ambos expedientes fue comunicadaayer  telefónicamente al dirigente sindical por un alto cargo de la Dirección General de la Policía, según confirmaron a Vozpópuli fuentes del SUP, que señalaron que Sánchez Fornet aún no tiene en su poder el escrito oficial en el que se deben detallar las acusaciones concretas contra él ya que se le ha enviado a la comisaría de Sevilla donde está destinado. Fuentes de Interior han confirmado a este diario el inicio de los dos procedimientos sancionadores por dichos motivos, aunque no especificaron la figura reglamentaria de la que se le pretende aplicar.

El Ministerio del Interior decidió la apertura del primer expediente después de que el pasado 11 de noviembre, el dirigente sindical anunciase públicamente que el SUP respaldaría a los agentes que aleguen objeción de conciencia en los desahucios y que, incluso, les ofrecería defensa jurídica, sean o no afiliados. Horas después un portavoz del sindicato aclaraba que con sus palabras, Sánchez Fornet no estaba haciendo un llamamiento a la objeción, sino que quería dar un "toque de atención" al Gobierno para recordarle que los policías "no son robots" ni insensibles y pueden "llevar mal" participar en la ejecución de un desahucio. Fernández Díaz replicó al SUP y aseguró que los agentes de la Policía "cumplirán y harán cumplir" la ley, incluidos los casos desahucios de viviendas.

Remitido al juez de Barcelona

El segundo procedimiento sancionador es más reciente. El pasado viernes, Sánchez Fornet daba una rueda de prensa en la sede de su sindicato en la que anunciaba que el SUP había remitido esa misma mañana al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que instruye el caso Palau, el informe policial que denuncia el supuesto pago de comisiones a CiU a cambio de adjudicaciones de concesiones por parte de la Generalitar. El polémico documento, sobre cuya existencia o no el propio Ejecutivo nunca ha sido concluyente, señala al Jordi Pujol y su familia, así como al padre de Artur Mas, entre otros, como supuestos beneficiarios de algunas de dichas comisiones que posteriormente eran presuntamente desviadas a paraísos fiscales.

En aquella rueda de prensa, Fornet recalcó que su organización se limitaba a poner el polémico deocumento en conocimiento del juez, pero reconocía que no podía confirmar si era o no auténtico. De hecho, el Ministerio del Interior aún mantiene que el mismo no se encuentra en sus archivos. Hoy, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba en la sesión de control en el Congreso que no conoció su existencia hasta que aparecieron las primeras noticias en prensa sobre el mismo.

Fornet ha manifestado a este diario su convencimiento de que ninguno de ambos expedientes pueden prosperar. De hecho, mantiene en pie su  propuesta de crear una Plataforma de Policías contra la Corrupción, a la que ha pedido que se sumen miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de otros cuerpos policiales con el objetivo de llevar ante los tribunales a políticos, mandos policiales, jueces y fiscales que cometan irregularidades o se vean salpicados en casos de corrupción.

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