España La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves por los ERE

La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves que los 18 procesados por delitos de malversación de caudales públicos en relación con los ERE, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, devuelvan a la Hacienda Pública andaluza, de forma solidaria, 741,59 millones de euros. El escrito remitido por la Fiscalía al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y consultado por Europa Press recoge así que los presuntos autores del delito de malversación responderán solidariamente de la devolución a la arcas públicas del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E, que se cifra un total de 741.596.545.

El mismo informe detalla por años las cantidades en las que se cuantifica el fraude siendo la correspondiente a 2008 la más elevada, algo más de 102,7 millones de euros, que deberían abonar de forma solidaria el expresidente José Antonio Griñán y los exconsejeros Francisco Vallejo, Antonio Fernández o Carmen Martínez Aguayo o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, entre otros. A Griñán, y también a Vallejo o a la que fuera consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, entre otros, la Fiscalía pide la devolución solidaria de 483,9 millones de euros por la cuantía del fraude supuestamente cometido entre los años 2005 y 2010.

De los exconsejeros, es Antonio Fernández el que está encausado por el fraude durante todo el periodo 2000-2010 y, por lo tanto, en la devolución solidaria de los 741 millones de euros totales; mientras que a José Antonio Viera le reclama, junto a otros procesados, 257,6 millones de euros correspondientes al lustro entre 2005 y 2010.

Penas de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación. En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía

La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada. Para doce de estos encausados, la Fiscalía pide ocho años de prisión y para el resto seis años de cárcel. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, del que acusa a Chaves -presidente entre los años 1990 y 2009-, a Griñán, y a los exconsejeros Viera, Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.

Según la Fiscalía, debido a la ausencia de fiscalización de los fondos y la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron "en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno". La Fiscalía explica que los reparos de la Intervención desde el año 2000 en la gestión de las ayudas sociolaborales de la Junta retrasó y cuestionó su pago, "lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral" en Andalucía. Para evitar esa labor fiscalizadora, que "entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas", los acusados modificaron los presupuestos de la Junta e introdujeron las transferencias de financiación. Esta aplicación presupuestaria "permitía de manera consciente que los fondos públicos" para las ayudas sociolaborales "se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa", según la Fiscalía.

Sin límites al lucro

Los encausados "buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento", sostiene Anticorrupción. De esta forma, añade la Fiscalía, se privó "a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso" a las ayudas "por falta de publicidad", y se facilitó "que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran" a ellas. Tampoco se fijaban "límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial, abonando campañas de publicidad, cursos de formación de voluntariado, etc".

La Fiscalía sostiene que la gestión de los fondos por los encausados pertenecientes a Empleo "era conocida por el resto de los encausados" por los informes de la Intervención desde el año 2002, "muy especialmente en el llamado "informe adicional" del ejercicio 2003 notificado en 2005". También era conocida por los informes de auditoría de cuentas de IFA/IDEA, en particular el de 2003, y en varios informes encargados por la Consejería de Empleo a despachos de abogados y consultores externos a la administración autonómica en los ejercicios 2008 y 2009.


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