España

El 'privilegio' de Rojo: el expresidente del Senado aún cobra pensión de las Cortes

Así consta en la última actualización de las pensiones parlamentarias realizada por el Congreso de los Diputados. El veterano socialista percibe casi 300 euros al mes para alcanzar la pensión máxima. Y lo hace tras agotar la indemnización por cese (2.813 euros al mes como mínimo) que percibió como exsenador desde principios de 2012.

El expresidente del Senado Javier Rojo (Pamplona, 1949), de profesión litógrafo y político, figura como uno de los destinatarios de las pensiones parlamentarias que acaban de ser actualizadas por las Cortes generales. En concreto, el veterano socialista, que fue diputado en el Congreso entre 1982 y 1993 y senador desde este último año hasta 2011, percibe al mes 293,94 euros, una suma que le permite llegar a la pensión máxima de jubilación. Se da la circunstancia de que Rojo se beneficia ahora de una irretroactividad que él, siendo presidente del Senado, y su colega, José Bono, al frente de la Cámara Baja, se negaron a corregir en la reforma del régimen de pensiones para sus señorías. 

En la lista de pensiones parlamentarias propiamente dichas, aparece un total de 95 perceptores

Las Mesas del Congreso y Senado acordaron el 19 de julio de 2011, con José Bono y Javier Rojo como máximos responsables de sendas Cámaras, que sus señorías cotizaran igual que el resto de mortales: esto es, no tener derecho a la pensión máxima por sólo 11 años en el escaño; tampoco a una jubilación del 80% con 65 años tras un mínimo de siete como parlamentario ni a una compensación en caso de no alcanzar este tiempo. Sin embargo, este acuerdo se tomó para su aplicación desde la siguiente legislatura (es decir, la pasada) en adelante. Por ello, al no tener carácter retroactivo, hay cientos de diputados y senadores desde 1977 que aún se acogen a esta prebenda.

Y entre ellos está Javier Rojo, con el añadido que ya ha disfrutado de la cesantía -otro privilegio- que le correspondía como exsenador. El exsecretario general del PSE de Vitoria fue uno de los seis senadores salientes que en septiembre de 2012 optaron por recibir la indemnización por cese que ofrece la Cámara Alta, en lugar de la pensión por jubilación. El Gobierno del PP había aprobado meses antes la reforma -ahora mismo vigente- por la cual las cesantías de los parlamentariosson incompatibles con cualquier otra retribución. Tal indemnización era de 2.813,91 euros mensuales por cada año en el escaño, hasta un máximo de 24 mensualidades. En el caso de Rojo, al haber sido senador desde junio de 1993 hasta diciembre de 2011, le computaron 17 años, traducidos en una cuantía que superaría los 47.836,47 euros brutos, puesto que por los últimos ocho años se le haría el cálculo con la asignación de expresidente de la Cámara Alta. Tras haber agotado esta cesantía con derecho a cobro desde principios de 2012, quien fuera cuarta autoridad del Estado ya sí ha pasado al régimen de jubilación, por la que recibe en estos momentos esos casi 300 euros mensuales hasta llegar a la pensión máxima.

En la lista de "pensiones parlamentarias" propiamente dichas, aparece un total de 95 perceptores. Quienes se llevan las cantidades más elevadas son Pablo Castellano, exdirigente del PSOE, que recibió en febrero 2.995.16 euros, y la abogada Cristina Almeida, antigua diputada por IU, que obtuvo 2.695,64 euros. Los defensores de esta asignación esgrimen que fue pensada a fin de que aquellos que llegaron a diputados tras permanecer en el exilio o en la clandestinidad durante la dictadura de Franco pudieran recibir una pensión, al no haber podido cotizar en España. El problema es que de tal concepción terminaron beneficiándose otros parlamentarios que sí habían tenido vida laboral, como los que habían desempeñado actividades liberales como autónomos y no habían cotizado por el máximo.

La otra prestación que contempla el régimen de pensiones de las Cortes es la denominada "complementación de ingresos", que ahora mismo reciben 52 exparlamentarios y que cubre a quienes ni siquiera alcanzaron el mínimo de siete años en el escaño. Entre ellos está Ricardo García Damborenea, exsecretario general del PSOE de Vizcaya y condenado por el GAL, que sigue cobrando 2.061 euros al mes. García Damborenea fue procesado por su implicación el secuestro de Segundo Marey, aunque su colaboración con la Justicia le permitió salir de la cárcel antes que otros condenados. Más recientemente, su nombre ha aparecido vinculado al caso Bárcenas, ya que él mismo reconoció en 2013, según publicó El País, que facturó trabajos al PP en 1994, algo que no está recogido en la contabilidad oficial de los populares.

Asimismo, las Cortes también asumen las pagas mensuales a cónyuges viudos de exparlamentarios o a sus hijos menores de 25 años, cuando no gozan de otra fuente de ingresos. En concreto, son 54 mujeres y hombres los perceptores que conforman este bloque. Por ejemplo, a Catalina de Diana Blanco, viuda de Eduardo Baselga García-Escudero (senador de Coalición Popular), le correspondieron 2.020,20 euros el pasado mes, una de las cantidades más elevadas. También entre las asignaciones de mayor cuantía se halla la que recibe Amparo Quiles Real, viuda del diputado de Unión Valenciana Miguel Ramón Izquierdo, dotada de 1.587,10 euros.


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