Publicado: 13/05/2014 04:00
Un despido no esperado, una cantidad de dinero reclamada y odio, mucho odio. La muerte ayer de la presidenta de la Diputación de León y líder del PP en esta provincia, Isabel Carrasco, esconde tras la sangre derramada un auténtico cóctel de rencores y deseos de venganza acumulados en los últimos tres años por las dos presuntas autoras del crimen, Triana Martínez González, de 35 años de edad, y su madre, Montserrat González Fernández, de 55 años, ambas activas militantes del partido e hija y esposa, respectivamente, de un mando policial. Todo comenzó en 2011, cuando la primera de ellas, ingeniera en telecomunicaciones que llevaba trabajando desde 2007 como interina en el organismo público y que, incluso, había sido ese año candidata del partido conservador a las municipales en la localidad de Astorga, fue despedida después de que no consiguiera el primer puesto en las oposiciones que se convocaron para ocupar la plaza. De ello, madre e hija culpaban a la víctima.
La joven detenida fue despedida en 2011 tras no lograr la plaza en la oposición. Además, la diputación le reclamaba la devolución de unos complementos salariales cobrados irregularmente
Desde entonces, ninguna de las dos cejó en su intento de que la joven volviera a tener un puesto de trabajo en el organismo público, sobre todo cuando supieron que la persona que había conseguido el trabajo había renunciado a ella. No les sirvió de nada, ya que la Diputación terminó por eliminar la plaza y Triana perdió toda esperanza de recuperar su anterior trabajo. A ello se sumó que el departamento de Recursos Humanos del organismo público comenzó a reclamarle cerca de 12.000 euros que la ahora detenida había cobrado supuestamente de modo irregular mientras ocupó el cargo de modo interino. Fuentes policiales aseguran que éste último hecho pudo ser el desencadenante final de una situación que se venía larvando en los últimos años y que se desató cuando el organismo decidió recientemente instar por vía de apremio, incluido con el embargo, el cobró de dicha cantidad.
Hasta tres veces (en concreto el 25 de febrero, el 1 de abril y el 14 de agosto de 2013), el Boletín Oficial de la Provincia publicó los requerimientos de devolución de este dinero después de la que Diputación concluyera el 4 de febrero de ese año una expediente de "declaración de lesividad de actos administrativos" al considerar que Triana Martínez había cobrado esos miles de euros de modo indebido mientras ocupó su puesto. El motivo: durante cerca de año y medio percibió un complemento salarial destinado a los que se dedicaban en exclusividad a la institución cuando ella, sin embargo, compaginaba su puesto con actividades privadas de asesoría como experta en instalación de sistemas de comunicación. Sin embargo, ella hizo oídos sordos a los requerimientos e, incluso, se negó a darse por notificada formalmente con los burofax que le remitían. La Diputación optó finalmente por solicitar el embargo, lo que supuestamente llevó a madre e hija a planear el crimen de la consideraban instigadora de su situación.
Gorro y guantes
Finalmente ayer, poco antes de las 17:19, hora en la que se recibió la primera llamada de alerta en el servicio de emergencia 112, las dos mujeres consumaron un plan que habían preparado aparentemente con minuciosidad, pero que se desmoronó en cuestión de minutos. Cubiertas la cabeza con gorras y con guantes para evitar ser reconocidas y dejar huellas, ambas mujeres esperaron el paso de Isabel Carrasco cerca de la pasarela que salva el río Bernesga y une la Avenida de la Condesa de Sagasta, donde residía la víctima, con el Paseo de Salamanca, donde se encuentra la sede del PP. Sabían que, como era costumbre en ella, acudiría por la tarde a su despacho como presidenta de la formación en la provincia y más en un día como ayer, en el que Mariano Rajoy acudía a la vecina Valladolid a dar un mitín para los próximos comicios europeos y los dirigentes provinciales de la formación habían quedado en el local para trasladarse todos juntos en varios coches a la vecina ciudad.
La Policía busca el arma del crimen después de que las mujeres se desprendieran de ella en su huída tras cometer el crimen
A pesar de que conocía a ambas mujeres por su condición de destacadas militantes del PP en Astorga, localidad donde el marido y padre de ambas es el máximo responsable de la comisaría de la Policía, Isabel Carrasco no se percató de su presencia y las sobrepasó. En ese momento, al menos una de las mujeres, presuntamente Montserrat González, se embozó el rostro y se acercó por detrás a la víctima para descerrajarle varios tiros cuando se encontraba a escasa distancia. Al menos tres proyectiles le impactaron, uno de ellos en la nuca. De nada sirvieron los esfuerzos de los médicos de un centro sanitario. Las heridas afectaban a órganos vitales. Tras el tiroteo, las mujeres emprendieron la huida mientras gritaban "está muerta, está muerta", según han relatado varios personas que transitaban por la zona, bastante concurrida a esas horas. Uno de ellos, un policía jubilado, decidió seguir a una distancia prudencial a las autoras de los disparos. Al ver que ambas iban a subirse a un vehículo de la marca Mercedes de color gris, alertó a una patrulla de la Policía local que en ese momento llegaba a la zona.
Se inició entonces una persecución por las calles de León que terminó en la calle Roa de la Vega, a la altura de la sede de CCOO. Ninguna de ellas opuso resistencia a su detención. En el interior del automóvil los agentes localizaron la gorra y los guantes supuestamente utilizados en el crimen, aunque no apareció el arma empleada en el crimen. Por ello, la Policía acordonó la ribera del río más cercana al lugar del crimen para iniciar este martes su búsqueda si las mujeres no confiesan finalmente donde la lanzaron. Al cierre de estas líneas, aún se negaban a declarar ante la Policía. Fuentes conocedoras de la investigación señalan que la pistola utilizada es un arma de calibre inferior a los 9 milímetros parabellum de las pistolas reglamentarias de los agentes y que, por tanto, no es la del marido y padre de las coautoras, el inspector Pablo Antonio Martínez García. Éste, además, negó a sus superiores tener ninguna otra arma. Las pesquisas buscarán también aclarar dónde la consiguieron.
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