Publicado: 23/07/2017 13:13
Un juzgado de Balmaseda investiga una posible apropiación indebida de 9.000 euros por parte de un concejal del PNV del municipio vizcaíno de Karrantza en una residencia de ancianos. Así lo recoge la denuncia que ha presentado la Fiscalía de Bizkaia tras recibir información documentada del caso, según relata el periodista Alberto Uriona, que ha tenido acceso al documento.
El acusado es Julián Izuskiza, que, además de concejal, es presidente de la junta de patronos de la residencia concertada Fundación Hospital Asilo Nuestra Señora de los Desamparados del Valle de Carranza, única residencia del municipio y que recibe ayudas de la Diputación de Bizkaia.
"Más de 9.000 euros para la construcción de un panteón, pues carecía de familia"
La denuncia ante la Fiscalía se presentó el pasado 11 de abril. En un detallado relato de los hechos, se asegura que una de las residentes depositó en 2013 en la caja fuerte del despacho de la dirección de la residencia “más de 9.000 euros para la construcción de un panteón, en forma de nicho, para su entierro pues carecía de familia directa”. La donante no suscribió ningún escrito sobre sus última voluntad, pero “si lo habló con muchas trabajadoras”.
El 7 de noviembre de 2013, según consta en la denuncia en el juzgado, el presidente de la Fundación de la Residencia, Julián Isusquiza, la vicepresidenta Juana Fisure Portillo y la secretaria María Cruz Pardo “presuntamente utilizaron este dinero para pagar en mano 9.000 euros a la empresa Hostelfar para una primera entrega de pago de electrodomésticos para la Residencia”. El juzgado tiene la factura del pago, que “no tiene asiento contable en las cuentas de la Fundación”.
El panteón, sin construir
En los siguientes meses, la anciana empezó a preguntar al personal de la residencia sobre la marcha de las obras de su panteón. En enero de 2015, incluso realiza el requerimiento a la psicóloga de la residencia y expresa “su obsesión por su panteón, que no se le hace caso y muchas preguntas del tema”. Estas preocupaciones de la donante también están documentadas.
La residente fallece en abril de 2015 sin cumplir su voluntad de que sus restos se trasladaran a un panteón de la residencia. Su cuerpo es inhumado en la parroquia de la residencia, en un panteón de monjas, ante varios testigos. La fallecida, según la denuncia, pagó parte del entierro de su cuenta bancaria pero dejó una deuda, por su plaza en la residencia, de 351 euros a la Diputación de Bizkaia.
En 2016, el presidente y concejal del PNV confirmó que el dinero se destinó a electrodomésticos y que la donante había sido incinerada.
En las diligencias se aporta una declaración firmada por otro patrono de la Fundación, que confirma las anteriores aseveraciones del presidente y que éste plantea, como solución al problema, la construcción de un pequeño panteón “poniendo allí la urna”. Algo imposible puesto que la donante fue inhumada.
En poco más de dos meses desde que recibió la denuncia, la Fiscalía ha trasladado los hechos a los tribunales y la investigación ha recaído en el juzgado de instrucción número 1 de Balmaseda
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