Publicado: 26/09/2017 08:20
La decisión de los altos mandos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de modificar la jornada laboral de los agentes de algunas provincias españolas, que pasarán a tener una duración de 40 horas semanales hasta finales de año, en lugar de las 37,5 horas actuales, podría provocar una huelga de bolis caídos, según explican a Vozpópuli fuentes del sector.
La AUGC, en un comunicado, no concreta qué medidas puede llevar a desarrollar si los mandos de la Guardia Civil no les hacen caso: “En caso de que no sean tenidas en cuenta las consideraciones planteadas, AUGC estudiará la puesta en marcha de otras acciones, además de las judiciales, como por ejemplo la realización de una campaña de concienciación ciudadana de seguridad vial a realizar por los agentes de tráfico”.
La decisión de aumentar el número de horas afectará a los territorios que arrojan peores datos de siniestralidad vial. “Ante esta grave interpretación de la jornada laboral y, cuando menos cuestionable legalidad, AUGC ha solicitado una reunión con el Mando de Operaciones Territoriales para que se tomen otro tipo de medidas organizativas, o bien se remunere el sacrificio realizado de manera digna”, explica la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria entre los agentes que destaca: “Basta ya de decisiones arbitrarias que tan solo hacen recaer en las escalas de base más responsabilidades y horas de servicio”.
31.000 afiliados
Esta asociación, que tiene más de 31.000 afiliados, considera que en la Guardia Civil se producen “situaciones abusivas e interpretaciones arbitrarias de las normas que se aprueban para mejorar la calidad de vida de los guardias civiles, pero que finalmente acaban convirtiéndose en pérdidas injustificables de los derechos sociolaborales de estos”.
La actual normativa sobre productividad -incentivos al rendimiento- que AUGC considera “injusta” y “arbitraria”, y por lo que ha solicitado su retirada , es “incongruente”, ya que los agentes que realizan las mismas 40 horas de servicio semanales “en destinos burocráticos cobrarán más que los que se juegan la vida en la carretera”.
La AUGC califica la gestión de los mandos en este caso como “nefasta”, ya que considera que pretenden "esconder un problema mucho más grave, y es que en 2016, un total de 1.160 personas murieron en accidentes de tráfico, el mayor aumento desde hace 13 años. Se ha producido un aumento de la antigüedad media del parque de vehículos implicados en accidentes, y las infracciones relacionadas con el consumo de drogas ilegales han aumentado".
De toda esta problemática la única reacción es aumentar la jornada laboral de los agentes que ya prestan servicio en la carretera con una gran peligrosidad y sin los medios necesarios
"De toda esta problemática la única reacción es aumentar la jornada laboral de los agentes que ya prestan servicio en la carretera con una gran peligrosidad y en la mayoría de las ocasiones sin los medios necesarios. Y todo ello con cada vez menos personal, pasando de 10.121 efectivos en el año 2011 a 9.150 en 2016, es decir con casi un millar menos de miembros la Agrupación de Tráfico ha de seguir realizando las mismas labores", completa AUGC.
332 agentes fallecidos
Esta asociación recuerda, también, que la especialidad de Tráfico de la Guardia Civil es el destino con mayor número de agentes fallecidos en acto de servicio: "Lo que demuestra el riesgo y sacrificio que realizan a diario miles de guardias civiles anónimos para dar seguridad y vigilancia en la carretera, un total de 332 miembros han perdido la vida desde que se creara esta especialidad".
Para esta asociación, los datos no dejan lugar a dudas: "La Guardia Civil cada vez auxilia menos a los conductores y les pone más multas, como puede observarse de la gráfica con los datos extraídos de los boletines estadísticos de la Dirección General de la Guardia Civil publicados entre los años 2004 y 2015, y esto es consecuencia de la aprobación de la norma RAI (Régimen de Actuaciones Individuales), la cual solo afecta a los agentes de tráfico, y que les encamina a imponer un mínimo de sanciones, de tal manera que los agentes pueden ver detraídos de su nómina hasta 150 euros".
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