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España

Interior distingue con una medalla policial a un alcalde y senador del PP salpicado por el 'caso Acuamed'

De aparecer citado varias veces en un informe de la Guardia Civil incorporado a un sumario de corrupción a ser condecorado por el Ministerio del Interior. José Ignacio Landaluce Calleja, alcalde 'popular' de Algeciras (Cádiz) y senador por esta provincia, va a recibir la cruz al mérito policial con distintivo blanco sólo cinco meses después de que saliera a la luz sus conversaciones con Arcadio Mateo del Puerto, presunto cabecilla de la trama desmantelada en el 'caso Acuamed'. El regidor del PP, que figura en una larga relación de "personas ajenas" a la Policía que son distinguida con motivo de la próxima celebración del patrón de la Policía Nacional, apareció en la causa que investiga el juez Eloy Velasco al hablar por teléfono de manera reiterada con el entonces director general de la empresa pública bajo sospecha para intentar que éste acelerase las obras para un colector en el municipio gaditano ante la cercanía de las elecciones municipales. Ahora, el regidor ha sido propuesto para recibir la distinción por el recientemente jubilado director Adjunto Operativo de la Policía, el comisario Eugenio Pino, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

José Ignacio Landaluce ha sido cndecorado en su condición alcalde de Algeciras a propuesta del que fuera 'número 2' de la Policía, el comisaro Eugenio Pino

La distinción ha sido formalizada este martes en la Orden General de la Dirección General de la Policía con la firma del ministro en funciones, Jorge Fernández Díaz, ante la cercanía de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía que se celebra el próximo 2 de octubre. Por ello, en los próximos días se impondrán en distintas dependencias de Interior medallas a agentes de la Policía Nacional, pero también de otros cuerpos policiales españoles y extranjeros, fiscales, jueces, funcionarios, periodistas, detectives, empresarios, sacerdotes, comerciales y un largo etcétera cercano a las 600 personas a los que se quiere reconocer su colaboración con la institución. Entre éstos últimos, se encuentra José Ignacio Landaluce, que figura en el lista de condecorados no como senador por Cádiz, sino como "alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras", cargo al que se aupó en las elecciones de 2011 y que en las últimos comicios municipales, los de mayo de 2015, revalidó por mayoría abosluta tras haber logrado el 44% de los votos. 

Las obras para un colector

Fue precisamente antes de esas últimas elecciones cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectaron varias llamadas telefónicas entre el cabeza de lista del PP para Algeciras y el presunto cabecilla de la trama del'caso Acuamed' en la que el regidor pedía a éste que agilice los trámites para ejecutar la obra para un colector en su localidad precisamente por la proximidad de la cita con las urnas en la que se jugaba la reelección. El informe de la Guardia Civil sobre dichas intervenciones telefónicas destaca que estas conversaciones reflejaban lapreocupación del regidor 'popular' por esta obra: "Era la única promesa, el único compromiso que yo llevaba en mi programa era el tema del colector punto, no llevaba otro, además hoy sale en prensa", se escuchaba al ahora condecorado por Interior.

La conversaciones interceptadas por la UCO recogen cómo Landaluce mete prisa al presunto cabecilla de la trama para agilizar unas obras en su municipio ante la cita electoral

El documento de la UCO destacaba, precisamente, que "motivado por un interés electoral particular del alcalde de Algeciras, tanto Arcadio Mateo como el mismo José Ignacio Landaluce, no dudan en contactar con los diferentes funcionarios públicos yaltos cargos de la Administración que tienen que emitir opinión o informe para que pueda llevarse a cabo la obra del colector de Algeciras". Los investigadores sospechan que dicho contrato habría sido preadjudicado mucho antes de tener el marco legal que le diese cobertura a la ejecución y la dotación presupuestaria o de crédito.

Sacerdotes, comerciales, jueces...

Junto al alcalde y senador, en la lista "personas ajenas a la corporación" a las que el ministro Fernández Díaz ha concedido medallas se encuentran otros casos polémicos. Uno de ellos es el de Jesús María Barrientos Pacho, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien recientemente presidió la sala de este tribunal que dio luz verde al juicio contra el expresidente Artur Mas por la consulta del 9-N. Éste figura condecorado a propuesta del jefe Superior de Policía en esta comunidad autónoma, el comisario Sebastián Trapote. En la lista figuran, además, dos sacerdotes. Se trata deLuis Antonio Gracia Lagarda, secretario capitular de la Basílica de El Pilar, propuesto por la Jefatura Superior de Policía de Aragón; y Manuel Muiño Amoedo, presidente del Proyecto Hombre en Salamanca, por los responsables policiales de Castilla y León. Junto a ellos, el escultor Juan José Quirón Illán, autor de una figura de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía, inaugurada el año pasado en Murcia. También llama la atención el elevado número de personas ligadas al Ministerio de Presidencia, siete, que van a ser reconocidos.

Entre los condecorados, el juez que presidió la Sala del TSJ de Cataluña que ha mandado al banquillo a Mas y la dueña del restaurante situado junto a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona

Más numerosos, pero también más lógica su presencia en la relación de condecorados, son los agentes de la Guardia Civil, del Ejército, del CNI y de las policías de otros países como Colombia, Portugal, Francia, EEUU o Reino Unido. Entre estos últimos hay agentes de la CIA y del servicio secreto estadounidense. Interior también ha decidido condecorar a jefes de seguridad de centros comerciales, a un detective de Barcelona, al rector de la Universidad de Córdoba, al responsable de seguridad de SEUR, a un comercial de un multinacional de equipos de refrigeración, a la abogada de un sindicato policial, a varios periodistas, al embajador de España en Bolivia, Ángel María Vázquez, así como a diversos empresarios. Varios de estos últimos, ligados al mundo de la hostelería en Cataluña, como el director del Grupo Salamanca, Francisco Javier Sánchez González, que dirige tres locales en la ciudad; Ernestina Torelló, presidenta y directora de Cavas Torelló; y Josefa Neira, propietaria del Restaurante Neira, especializado en pescado y marisco, y situado, precisamente, junto a la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.

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