El desastre del Instituto Cervantes: dietas opacas, obras sin justificar y adjudicaciones sospechosas

La gestión del Instituto Cervantes en 2012 rozó el desastre. Esto puede concluirse al leer el informe que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas sobre el organismo cultural que preside Víctor García de la Concha. En el documento aparecen datos sobre las dietas opacas de los miembros del consejo de administración, obras sin justificar en algunas sedes de la institución y adjudicaciones que se hicieron sin los preceptivos pliegos. A ello hay que sumar diversas irregularidades en materia de personal, con varias contrataciones no previstas, o en el capítulo de tesorería. 

Es casi incontable el número de irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador. Una de las más llamativas, sin duda, es la que hace referencia a las dietas de los miembros del consejo de administración del Cervantes. Según este documento, "la entidad no comunicó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la percepción de dietas por asistencia a las reuniones de su Consejo de Administración, incumpliendo lo previsto en el artículo 27.2 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sbre indemnizaciones por razón del servicio". Igualmente, tampoco se solicitó al departamento dirigido por Cristóbal Montoro la necesaria "autorización de la cuantía de las dietas que abonó en 2012". O sea, opacidad total en este asunto. En esa línea, el Instituto tampoco cumplió con la obligación de ingresar directamente en el Tesoro Público "las cantidades devengadas que no debían ser percibidas por determinados miembros del consejo". Justo al contrario de lo que dicta la ley de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.  

En la sede del Cervantes en Atenas se acometieron obras por valor de 1,6 millones de euros sin autorización alguna y sin justificación del coste 

Por otro lado, la entidad presidida por De la Concha, que llegó al cargo precisamente en enero de 2012, también erró al acometer obras sin justificación. En concreto, en el contrato de arrendamiento de la sede del centro en Atenas "no constaba ni la autorización de la sede para la realización de las obras adicionales, preceptiva de acuerdo a la normativa de contratación, ni la modificación presupuestaria necesaria para poder asumir el coste de las obras, ni valoración alguna que acreditara el coste de los trabajos, no certificación de los mismos, ni acta de recepcción de las obras". Es decir, faltaban todos los datos elementales en unas obras que, según el informe, costaron 1,6 millones de euros. Para colmo, "en la contabilidad del centro no se reflejó contablemente devolución alguna por importe de 409.220 euros que, conforme al acuerdo suscrito en 2009, el arrendador entregó al director del centro en el acto de la firma". 

Tampoco andaron muy diligentes en el Cervantes a la hora de justificar ciertas adjudicaciones de contratos en 2012 que resultan, cuanto menos, sospechosas. La entidad pública no cumplió la normativa aplicable en diferentes aspectos. El informe del Tribunal de Cuentas habla de "la falta de acreditación contable de la existencia de crédito presupuestario; la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, entre los criterios que han de servir de base para la adjudicación, de elementos que debían haberse valorado en la fase previa de admisión a licitación con objeto de evaluar la aptitud de las empresas; o la ausencia de negociación de las condiciones de los contratos adjudicados mediante el procedimiento simplificado". 

Contratación y pago a directivos

El documento emitido por el Tribunal de Cuentas, con fecha de 30 de octubre, también incluye datos sobre la contratación y el pago a algunos directivos. Según consta en el informe, el Cervantes no ha acreditado de forma solvente que haya cumplido el Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que la designación del personal directivo "atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia". Los funcionariso del órgano fiscalizador han analizado los expedientes relativos a 22 puestos de director y concluyen que su selección no se ajustó a los principios de mérito y capacidad, puesto que "no han quedado documentadas las valoraciones otorgadas a los candidatos respecto a los requisitos exigidos en la convocatoria pública". O, lo que es lo mismo, se trata de 22 contrataciones a dedo.  

Por si esto fuera poco, el Cervantes "no disponía de aprobación de las cuantías efectivas para las retribuciones, fijas y variables, de los puestos directivos de la sede no sujetos a convenio colectivo". "Dichos directivos percibieron, de acuerdo al clausulado de sus respectivos contratos, 'una cantidad en concepto de retribución variable destinada a retribuir el cumplimiento de los objetivos', sin que conste que estas retribuciones, que ascendieron en 2012 a 89.295 euros, respondieran realmente a una evaluación del grado de cumplimiento efectivo de los objetivos del año anterior". En román paladino, se pagó por objetivos sin comprobar que estos se hubieran cumplido. 

La tesorería tampoco ha funcionado en algunos centros del Cervantes, con incumplimientos de la normativa sobre "los saldos máximos a mantener en las cajas y a los pagos máximos a realizar en efectivo"

En el capítulo de tesorería, el órgano fiscalizador ha encontrado en los diferentes centros del Cervantes "incumplimientos de la normativa interna, en lo referente al número de cajas de efectivo disponibles, a los arqueos de caja que con periodicidad, al menos, mensual deben realizarse, a los saldos máximos a mantener en las cajas y a los pagos máximos a realizar en efectivo". Asimismo, entre otros muchos errores, este organismo cultural dirigido por Víctor García de la Concha también incumplió su obligación de aprobar un inventario al final del ejercicio y enviarlo a Patrimonio del Estado. 

En 2013, el Cervantes cerró el ejercicio presupuestario con una diferencia negativa entre ingresos y gastos de 495.919 euros, según los datos publicados por la Institución en el Boletín Oficial del Estado del viernes 24 se octubre. Días antes, los reyes presidieron por vez primera la reunión anual del Patronato del organismo cultural. Ese día Felipe VI elogió a la institución por haber "alcanzado merecidamente un prestigio muy alto, convirtiéndose en vanguardia de la mejor imagen de España, de su realidad histórica y de su cultura plural".