Interior teme un atentado anarquista contra funcionarios de prisiones la próxima semana

La nueva alerta antiterrorista en las cárceles españolas tiene tintes anarquistas. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha distribuido en los últimos días en las cárceles españolas una circular en la que pide a los funcionarios que extremen las medidas de autoprotección ante la posible comisión en la semana del 23 al 30 de agosto de un atentado dirigido contra ellos. El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, apunta en concreto a "paquetes o sobres" con "cualquier sustancia o elemento peligroso" como principal amenaza. El texto encuadra la amenaza en una "semana internacional de solidaridad con los presos anarquistas" y recuerda que en las prisiones españolas se encuentran algunos integrantes de grupos armados de esta ideología. Según las últimas estadísticas, cerca de una quincena.

Interior vincula la amenaza con la convocatoria de una 'semana internacional de solidaridad con los presos anarquistas' cuyo lema es "fuero a las cárceles y a los carceleros"

El documento de Instituciones Penitenciarios se sustenta en "un informe elaborado por la Jefatura de Información de la Guardia Civil" que recoge la reciente distribución a través de Internet de "un cartel alusivo" [para verlo pinche aquí] a la convocatoria de estas jornadas de apoyo a los reclusos anarquistas "redactado en español de Sudamérica". Los expertos destacan que el mismo muestra un lenguaje "mucho más agresivo que el de la edición del pasado año". De hecho, se puede leer la leyenda "fuego a las cárceles y a los carceleros", lo que les hace concluir que el "objetivo principal del movimiento anarquista" en este momento son los funcionarios de prisiones "o todas aquellas personas o instalaciones relacionadas con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".

En este sentido, Interior recuerda que hubo "un incremento de la actividad" de estos grupos el pasado mes de febrero, cuando los expertos antiterroristas les atribuyen "aunque sin confirmar, el envío de sobres o paquetes postales a varios centros penitenciarios y al sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP conteniendo un polvo blanco". Aquellos hechos obligaron a activar "en algún caso el protocolo de riesgo bacteriológico" ante el temor de que la sustancia fuera un agente nocivo tipo Ántrax. Finalmente, recalca la circular [pinche en la imagen para ampliar la imagen], resultaron ser "una falsa alarma". No obstante, estos incidentes los relaciona ahora con "la actividad policial realizada en los últimos años en España contra este tipo de terrorismo" y que se ha saldado con la detención de algunos integrantes de los denominados Grupos Anarquistas Coordinados (GAC).

"Carácter imprevisible"

En concreto, señala los arresto de los ciudadanos chilenos Francisco Javier Solar Domínguez 'Cariñoso' y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda 'Moniquita' por su presunta vinculación con el atentado mediante artefacto explosivo contra la Basilica del Pilar de Zaragoza en octubre de 2013 y los supuestos plantes de realizar un ataque similar dirigido contra la Basílica de Montserrat de Barcelona. "La estancia en prisiones españolas de ambos anarquistas ha originado actos violentos en su país de origen", recalca la circular de Prisiones. En este sentido, también destaca que los expertos antiterroristas han "detectado que la actividad orgánica (reuniones, conferencias etc) y la participación de colectivos anarquistas en diversas campañas nacionales e internacionales de apoyo a presos anarquistas no ha cesado".

La circular de Prisiones pide a los funcionarios de las cárceles que extremen las medidas de atención ante "paquetes o sobres cuyo contenido resultara sospechoso"

El documento incide en que la amenaza de estos grupos "es de carácter imprevisible como reflejo de su propia filosofía anárquica" por lo que ha decidido activar las aletas ante la que considera una "amenaza de envío a organismos o instalaciones pertenecientes y/o relacionado con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de paquetes o sobres cuyo contenido resultara sospechoso y susceptible de contener cualquier sustancia o elemento peligroso". Por ello, ordena a los responsables de las cárceles que observen "las prevenciones propias del caso" si se recibiera algún envío postal de este tipo. En concreto, "la inmovilización y no manipulación del objeto, asilamiento de la zona donde se encuentre y el aviso inmediato a las FFyCSSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado]. 

La preocupación por el terrorismo anarquista no es nueva. De hecho, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ya alertaba en junio del años pasado en un desayuno informativo organizado por Vozpópuli, que "se ha implantado en nuestro país y existen riesgos de que atentados como el de la Basílica del Pilar puedan repetirse". Entonces aseguró que los expertos antiterroristas del Cuerpo Nacional de Policía lo habían convertido ya en una "prioridad" en sus líneas de trabajo. De hecho, en el último año se han desarrollado ya dos importantes operaciones contra estos grupos violentos. Bautizadas como 'Pandora' y 'Piñata', las mismas se saldaron con una veintena de detenidos.

El antecedente de la amenaza yihadista

Hace ahora un año, el Ministerio del Interior también distribuyó entre los centros penitenciarios españoles un documento en el que alertaba sobre el riesgo de que se produjeran "actos de violencia graves" contra los funcionarios de prisiones dentro de las propias cárceles. Entonces, la potencia amenaza se veía en los internos yihadistas. En aquel documento, que fue adelantado por Vozpópuli en exclusiva, se destacaba que "recientemente, en un establecimiento penitenciario inglés varios internos musulmanes radicalizados retuvieron y agredieron a un funcionario que había sido anteriormente militar". También llamaba la atención sobre la posibilidad de que estos reos realicen "plantes colectivos, motines, revueltas en masa, agresiones a otros internos..."

La referencia a la posibilidad de un ataque dentro de los muros de los centros penitenciarios se recogía en el apartado de "análisis de riesgo" de dicho documento. En este sentido, los autores del mismo señalaban que la seguridad interna de las cárceles podía verse amenazada por "la posibilidad de que [presos islamistas radicales] lleven a cabo incidentes de naturaleza grave tanto en grupo como de manera individual". Y destacaban que "no podemos obviar que muchos de estos internos tienen entrenamiento militar". El informe también alertaba de la posibilidad de que estos presos se apoyasen en internos de "otros grupos terroristas en prisión o con miembros de organizaciones criminales". Incluso, destacaban que para propiciar ese acercamiento, los yihadistas podían esgrimir ante sus potenciales colaboradores que luchan "contra un enemigo común".

Los expertos de Instituciones Penitenciarias recalcaban que esta ayuda mutua podía traducirse en algunos casos en el intercambio de "logística, estrategias, tácticas, financiación e información" y, en otros, principalmente con los integrantes de organizaciones mafiosas, en el establecimiento de "relaciones para favorecer mecanismos de financiación" a través del tráfico de drogas, de armas, de personas o el blanqueo en el exterior. Por todo ello, el documento insistía en que entre los objetivos del programa que entonces ponía en marcha dicho documento se encontraba "preservar la seguridad interior en los centros penitenciarios, prevenir actos violentos contra el personal al servicio de la Administración penitenciaria y ayudar al mantenimiento de la convivencia ordenada de los establecimientos".