Historia de un desencuentro constante entre Artur Mas y La Moncloa

Los desencuentros entre el Ejecutivo central y el gobierno autonómico catalán empezaron a agudizarse en septiembre de 2012, cuando se aprovechó la Diada para llamar a los catalanes a salir a las calles para pedir un nuevo trato para Cataluña dentro de España. Por aquel entonces el presidente catalán, Artur Mas, recibió un rotundo "no" de Mariano Rajoy en la reunión convocada para buscar un pacto fiscal. Momento que Mas aprovechó para plantear la opción de convocar un referéndum en el que los ciudadanos decidieran el futuro político de Cataluña. 

La contestación a tal disyuntiva vino de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien afirmó que el Ejecutivo "respondería al desafío con la Constitución y con las leyes". Días después, el Parlamento catalán aprobaba convocar una consulta en la próxima legislatura, y el 25 de noviembre se celebraban elecciones catalanas que dejaban de nuevo a Mas como presidente aunque con menos votos y escaños. También en aquellos días el ministro de Defensa, Pedro Morenés, tuvo que destituir a un militar que desde la revista del Ejército había criticado la deriva soberanista de Mas, ya que "no se puede hablar de política desde un órgano oficial del Ejército". 

2013

En febrero de este año el parlament aprobó, con los votos de los socialistas catalanes inclusive -rompiendo la disciplina de partido-, una propuesta para iniciar conversaciones con el Gobierno central para celebrar una consulta. Se aprobó además una declaración soberanista que establecía al pueblo catalán como "sujeto político y jurídico", lo que supuestamente le permitía poder decidir su futuro. El Ejecutivo anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional. 

"El respeto a la ley no debe ser un simple trámite", aseveró Felipe VI en Barcelona

En la siguiente Diada de Cataluña -11 de septiembre-, se hizo un especial llamamiento a los catalanes para que salieran a la calle, formando una enorme cadena humana que abarcaba toda la frontera de la comunidad autónoma, desde Francia hasta la Comunidad Valenciana, todo con el firme objetivo de reclamar su "derecho a decidir". Aquello se denominó "Vía Catalana hacia la Independencia", y su repercusión fue aún mayor que la del año anterior. 

Artur Mas siguió adelante con su propuesta, y marcó noviembre de 2014 como fecha para realizar su plebiscito, que ya había sido desautorizado por el Gobierno. La pregunta para dicha consulta fue presentada el 12 de diciembre. Días más tarde, el propio Rajoy repetía su oposición a la consulta y reiteraba su disposición al diálogo "con todo el mundo, pero no para dividir España".

Para cerrar el año, el 20 de diciembre Artur Mas envió una carta a diferentes líderes europeos pidiendo "apoyo para su proceso democrático y pacífico", que pretendía terminar con la consulta independentista del 9N. 

2014

Tras buscar apoyos europeos y apenas obtener respuesta, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso manifestó públicamente en enero que era un asunto interno español y que negaba cualquier intervención comunitaria. Rajoy seguía diciendo que mientras él fuese presidente no se celebraría ningún referéndum ilegal ni se rompería España. 

En febrero, el Congreso de los diputados aprobó una resolución que afirmaba que una parte de la ciudadanía no podía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español. Como réplica, ese mismo día el Parlament aprobaba otra para reiterar su decisión de celebrar una consulta para decidir el futuro colectivo de Cataluña. 

En marzo el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la declaración soberanista de 2013, y en abril el Congreso rechazó la petición catalana de que les transfirieran la competencia para convocar referendums, algo que les habría permitido llevar a cabo la consulta del 9N. 

En julio, el Parlament dio un paso más, aprobando el proyecto de ley de consultas que amparase el referéndum. Josep Antoni Duran i Lleida renuncia entonces a la Secretaría General de CiU precisamente por discrepancias con Artur Mas sobre el proceso. También en ese mismo mes el presidente del Gobierno recibe a Mas en Moncloa, aunque no llegaron a ningún acuerdo. Además, a finales de mes estalló el escándalo de la fortuna de Jordi Pujol, algo que afectó de manera notable a la credibilidad del partido de Mas y que resultó un arma arrojadiza entre Madrid y Barcelona. 

Mas anunció el 15 de enero que adelantaría elecciones para que se celebren el 27 de septiembre

A finales de agosto, la consulta de 9N salió avalada por cinco votos contra cuatro por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. 

La Diada del 11 de septiembre se convirtió de nuevo en una multitudinaria manifestación a favor de la consulta, pero pese al gran número de personas que llenaron las calles, al día siguiente Sáenz de Santamaría declaraba que el Gobierno respetaba el derecho de todo el mundo a manifestarse pacíficamente, aunque mantuvo la posición del Gobierno: no se permitiría la consulta por ser contraria a la Constitución y las leyes. 

En septiembre los dirigentes catalanes se centraron en el referéndum escocés, que pretendían tomar como ejemplo. Para seguir adelante con su plebiscito, el Parlament aprobó la Ley de Consultas Populares no Referendarias y Participación Ciudadana, un mecanismo que pretendía amparar la consulta de noviembre. La Ley fue firmada en un solemne acto en el que Mas estuvo acompañado por tres de los cinco partidos que la apoyaron, y además firmó el decreto de convocatoria de la consulta. 

La respuesta fue inmediata: ese mismo día -27 de septiembre-, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba que el Gobierno estaba preparando los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional contra esta ley catalana y el propio decreto de convocatoria. El máximo órgano constitucional admitió a trámite los recursos esa misma tarde, por lo que ley y decreto quedaron suspendidos esa misma tarde. 

El Govern decidió entonces suspender la campaña institucional, pero la promoción de la consulta no paró, sino que las riendas las tomaron entidades catalanistas como la Asamblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural entre otras. Desde Cataluña se seguían buscando los mecanismos que permitieran seguir adelante con su referéndum, y Mas nombraba a los miembros de la Comisión de Control de la consulta ya suspendida, comisión que también fue incluida en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. 

Pese a la suspensión del Constitucional, las fuerzas que apoyan la consulta buscan seguir adelante con su procedimiento. Sin embargo, Mas reconoce en Octubre que no podrá llevarse a cabo por falta de garantías legales. Su estrategia es llamarlo "proceso de participación ciudadana", y para ello se ampara en una parte de su Ley de consultas que no ha sido suspendida. 

El 9N, y a pesar de las advertencias del Gobierno de que la consulta no se podría celebrar, el Govern se las apañó para que fueran voluntarios quienes sacaran las urnas a la calle y se desarrollara el proceso participativo que buscaba la Generalitat. Desde Madrid, la Fiscalía General del Estado se querella contra el presidente catalán por desobediencia, usurpación de funciones, prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Nada afecta a Mas, que aumenta su órdago ese mismo mes presentando días después un plan para conseguir la independencia en 18 meses. Dos millones de catalanes votan en el referéndum ilegal, que se celebra sin incidentes.

Cuatro días después Artur Mas inicia una nueva ronda de reuniones con políticos independentistas para marcar los siguientes pasos del proceso soberanista. 

La Fiscalía, el día 21 de noviembre, se querella contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la organización de un referéndum ilegal de independencia. un mes después después el Tribunal Supremo de Cataluña admite a trámite la denuncia de la Fiscalía. 

Ya inmerso en ese proceso judicial, Artur Mas, el 25 de noviembre, anuncia que su idea es anticipar de nuevo las elecciones y concurrir en ellas con una lista única. Es la primera ver que el presidente catalán habla de unas elecciones plebiscitarias. Junqueras, pocos días después, pone sus condiciones para llegar a un acuerdo. ERC, a pesar de todo, mantiene apoyos imprescindibles para la supervivencia política de Mas, como el que hicieron para los presupuestos en diciembre.

El 13 de diciembre, en la Granja de San Ildefonso, Mariano Rajoy hizo un discurso en el que reitera su compromiso con la unidad de España. 

2015

Artur Mas anuncia el 15 de enero que adelantará elecciones para que se celebren el 27 de septiembre. Eso supone hacer coincidir el inicio de campaña con la Diada. Las listas unitarias no están aún aseguradas, aunque Mas ha tenido conversaciones con Junqueras para acercar posiciones. 

El 25 de febrero el Tribunal Constitucional declara ilegales tanto la Ley de Consultas promulgada por el Parlament como la consulta realizada el 9 de noviembre. Mas responde que la sentencia del tribunal "solo deja camino" a las elecciones plebiscitarias. 

El 30 de marzo las fuerzas políticas independentistas, así como asociaciones partidarias de la secesión como la ANC y Omnium, realizan un acto en el que marcan la hoja de ruta para la independencia. Afirman que si las fuerzas independentistas vencen las elecciones por mayoría absoluta Cataluña tendrá una constitución en 10 meses y será independiente en 18 meses. ERC y CÍU se plantean ir juntos, pero no consiguen que otras fuerzas se adhieran a su idea. Dos días después Rajoy envía el plan soberanista a la Abogacía del Estado para que lo estudie y haga una recomendación. 

Rajoy ha calificado este martes de provocación la declaración secesionista de la CUP y Junts pel Sí

El 17 de junio las fuerzas independentistas sufren una baja. Unió decide salir de CiU, rompiendo así una alianza que duraba 37 años. La formación democristiana dirigida por Josep Antoni Duran y Lleida sufre fuertes disidencias internas, partiéndose casi en dos mitades. Por primera vez en su historia Unió participará en unas elecciones sin coalición alguna. 

Un mes después, el 15 de julio, Mas consigue finalmente que la lista unitaria cuaje. Oriol Junqueras acepta finalmente caminar junto a Mas siempre con la aquiescencia de las organizaciones sociales que han ido construyendo el proceso. Solo cinco días después se presenta en sociedad Junts Pel Sí, la marca electoral de los independentistas. Los días siguientes se desvela cómo será la lista: primer puesto para el excomunista Raül Romeva y Artur Mas escondido en la cuarta posición de la candidatura. 

El rey, que había mantenido una postura distante en todo el proceso, empieza a mandar mensajes de unidad pocos días después. El 24 de julio acude a Cataluña, solo cinco días después de haber recibido a Artur Mas en la Zarzuela por primera vez desde que ascendiese al trono. "El respeto a la ley no debe ser un simple trámite", aseveró el monarca en Barcelona. 

Artur Mas disuelve la cámara catalana el 3 de agosto y llama a los catalanes a votar. La convocatoria es, formalmente, una más, aunque el presidente catalán quiere revestirla de un halo de oportunidad histórica y las designa como elecciones plebiscitarias. Aunque no es habitual, pide acudir el 3 de septiembre a la diputación permanente para explicar los motivos de la convocatoria. La oposición tacha ese movimiento de electoralista aunque, a posteriori, pudo perjudicar a Mas: estalló el escándalo del 3% y también tuvo que explicarlo. 

El 11 de septiembre comienzan la campaña electoral y se celebra el día de Cataluña, oportunidad que en los últimos años el independentismo ha aprovechado para sacar a la calle a cientos de miles de personas pidiendo la secesión. En esta ocasión el proceso no fue diferente, aunque Artur Mas no acudió a la misma -luego recibiría a los organizadores para marcar su pertenencia al movimiento- las calles de Barcelona se llenaron de partidarios de la independencia. La campaña había comenzado. 

Durante la campaña se suceden los reproches y ataques. El gobierno de Madrid se centra también en la estrategia internacional y consigue que Obama, Merkel o Sarkozy sea alineen con la unidad de España. En algunos casos, como en el del presidente estadounidense, es el rey Felipe quien da el último empujón para que se declaren en contra de la ruptura. 

El 17 de septiembre, sin embargo, se da un resbalón por parte de la diplomacia española. Se esperaba un comunicado fuerte de la Comisión Europea, e incluso se llegó a publicar un informe en esa línea que posteriormente fue desmentido por Juncker y muy rebajado. Ese mismo día se celebró un debate entre el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, y el número cinco de la lista unitaria, el líder de ERC Oriol Junqueras. Fue uno de los puntos más altos de la campaña electoral. 

También durante la campaña el gobierno central consiguió lo que nunca había logrado: un comunicado de los empresarios, incluidos los catalanes, que les posicionase claramente en contra de la independencia. Su carta del 18 de septiembre es el planteamiento más claro que el mundo económico ha hecho en este sentido. 

“Estamos en campaña electoral, y probablemente por esto Rajoy ha salido en escena”, ha dicho la vicepresidenta Munté

El 27 de septiembre se celebran, con normalidad, las elecciones catalanas. La lista independentista, Junts Pel Sí, se sitúa claramente como primera fuerza política, pero no logra la mayoría. Para conseguir la absoluta en el parlamento necesitaría el apoyo de la CUP, lista antisistema triunfadora en los comicios, también de corte separatista, que no quiere que Artur Mas sea el presidente de Cataluña. Los independentistas logran, por lo tanto, la mayoría en escaños, pero en una segunda lectura se ve que no consiguien lo mismo en votos. En eso ganaron las fuerzas partidarias de la unidad de España. 

El 15 de octubre Artur Mas declara en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como uno de los organizadores de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Llega a los juzgados escoltado por medio centenar de alcaldes y los principales miembros de su lista electoral. También declaran Irene Rigau y Joana Ortega, aunque el presidente explica en sede judicial que toda responsabilidad derivada de aquello debería ser imputada a él y a nadie más. El presidente catalán atribuye su imputación a "la rabia del Estado". 

El día 20 de octubre se constituye el nuevo parlament con mayoría independentista. Los no nacionalistas se quejan de la distribución de la mesa, donde la lista unitaria usó su poder para controlar todos los resortes de la cámara. No existe todavía consenso para investir a Mas.

El 26 de octubre Carme Forcadell es elegida presidenta del Parlament con el apoyo de Junts Pel Sí, las CUP y la mitad de los diputados de Catalunya sí que es pot, la marca electoral de Podemos en Cataluña. Forcadell, en su discurso de aceptación del cargo declara la República Catalana.

27 de octubre. Junts Pel Sí y las CUP pactan un documento en el que votan "declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república". Mariano Rajoy pronuncia horas después una declaración institucional en la que afirma que frenará la "provocación" con todas las armas de la ley.