Publicado: 05/11/2014 04:00
El Ejecutivo de Artur Mas también ha puesto en marcha un 'plan B' para llevar a cabo el mailing de la consulta independentista. El Gobierno central, tal y como informó Vozpópuli este martes, había denegado a los nacionalistas -por razones de operatividad y responsabilidad- poder hacer uso de Correos, grupo empresarial público, para enviar la papeleta del 9-N y las instrucciones de voto a 5,4 millones de personas. Sin embargo, ello no ha sido impedimento para la Generalitat, que ha encargado al operador privado Unipost llevar las normas de la consulta hasta el mismo buzón de los catalanes. La principal accionista de Unipost es la familia Raventós, propietaria a su vez de las viñas que dan el cava Codorniu.
Según ha podido saber este diario, a través de dicha empresa de correo postal, el Gobierno de Mas ha remitido a los hogares de su comunidad una hoja con las indicaciones sobre quiénes pueden participar el 9-N, qué necesitan y a dónde pueden acudir a depositar la papeleta. En concreto, el folleto, que curiosamente viene escrito en castellano y catalán, comienza diciendo que "el próximo 9 de noviembre los catalanes y catalanas tenemos una cita para pronunciarnos sobre el futuro político de nuestro país".
Sobre el perfil de los votantes, los promotores distinguen entre cuatro categorías: catalanes mayores de 16 años, personas con nacionalidad de un Estado de la UE que residan en Cataluña, personas con nacionalidad de terceros país y catalanes residentes en el exterior. No aparecen en esta relación, y por tanto son vetados, los catalanes que residen en otras comunidades autónomas. Al primer grupo, el mayoritario, se le exige, según reza en la carta, que tenga DNI en vigor y que figure el domicilio en Cataluña. Los organizadores indican que la votación será en ese domicilio.
"El 9-N todos podremos manifestar nuestra opción, sin restricciones y sin coacciones", señala el Gobierno de Artur Mas en la carta que ha hecho llegar a los hogares
Respecto a la urna correspondiente a cada persona, la Generalitat señala en la misiva que "para saber el lugar de participación asignado" es necesario "consultar" la página web habilitada para este proceso o llamar al 012. El Gobierno de Mas concluye el escrito con el siguiente mensaje: "El 9-N todos podremos manifestar nuestra opción, sin restricciones y sin coacciones. Todas las opciones tienen voz el próximo 9 de noviembre. Gracias por participar si así lo deseas". La carta no incluye la papeleta en cuestión, sino que remite a la web de la consulta, ya que la consigna es acudir a este sitio online, descargársela y rellenarla para acudir a votar. Los nacionalistas y sus socios de Esquerra tienen todo listo.
Esta maniobra del Ejecutivo catalán encierra una pregunta clave: ¿De qué lista se ha servido la Generalitat para hacer este mailing? La respuesta hay que encontrarla en la información que maneja que el Indescat (Instituto de Estadística de Cataluña). El censo de la consulta se basa, por tanto, en los datos de población que recoge trimestralmente este centro.
El Gobierno de Mas se ampara en la Ley de Consultas, aprobada el pasado septiembre, a la hora de recurrir al Indescat. Esta normativa señala en su artículo 6.2 que "el Registro de Participación en Consultas Populares no Referendarias está integrado por los datos del Registro de Población de Cataluña". Y el órgano "responsable de poner en marcha, mantener, explotar y custodiar" este registro es el Indescat, según la Ley de Estadística de Cataluña.
Precisamente, el pasado 27 de septiembre, un día después de la convocatoria del referéndum, el Ejecutivo de Mas anunció la firma de un convenio con el Indescat para la cesión de información y poder crear así un fichero de cara a la consulta secesionista. Sin embargo, la citada Ley de Estadística de Cataluña señala que los datos personales de los ciudadanos en poder del Indescat sólo pueden usarse con "fines estadísticos". De este modo, el Gobierno catalán podría haber infringido la ley y violado el derecho a la intimidad personal.
El subterfugio está en los tribunales
El jurista Alejandro Rusiñol, miembro de la plataforma Sociedad Civil Catalana (SCC), ha llegado a presentar a título individual una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la decisión de la Consejería de Gobernación de usar datos personales recogidos por el Indescat para elaborar el censo de la consulta. Rusiñol considera que el Ejecutivo de Mas habría vulnerado su "derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".
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