González usó a un cargo de Aznar para controlar a periodistas que escribían de sus casos de corrupción

El expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla de la trama Lezo, Ignacio González, quería saber toda la información que tenían de sus actividades ciertos periodistas. Y para sonsacárselo usaba a una persona de su confianza, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta durante los gobiernos de José María Aznar. Esta relación viene documentada en un escrito presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional. Detalla como Moro recibía “encargos” para obtener información sobre noticias relacionadas con casos de corrupción en los que estaba involucrado.

En este documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, los investigadores del caso Lezo detallan esta operativa con algún caso concreto del que han tenido conocimiento a partir de las escuchas telefónicas. El 18 de noviembre de 2016, minutos después de las 19 horas, Moro y González mantuvieron una conversación “coincidiendo con la publicación de noticias sobre el caso Espías”, relacionado con el supuesto espionaje político en el seno del PP madrileño.

“Luis Vicente Moro -detalla la UCO en su informe- parece tener algún tipo de información sobre estas publicaciones. Ante ello Ignacio González solicitó a Moro que enviase a ‘sus chicos’. Del análisis de la conversación se infiere que Ignacio González desea que terceros indeterminados al servicio de Luis Vicente Moro mantengan una reunión con los periodistas que publican noticias contra su persona”.

"Obtener información"

A juicio de los investigadores de la Guardia Civil “se aprecia una subordinación de Luis Vicente Moro respecto de Ignacio González”. En concreto afirman que el ex delegado del Gobierno de Ceuta “recibe encargos principalmente encaminados a obtener información sobre determinadas noticias o informaciones que relacionaban al ex presidente de la Comunidad de Madrid con casos de corrupción”. Moro propuso hace años a González un proyecto para dotar a la Comunidad de un servicio de inteligencia propio ante las sospechas de espionaje interno en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. El proyecto no salió adelante.

Destaca la UCO que a la hora de mantener estas conversaciones “muchas de estas peticiones se realizaron mediante la utilización de un lenguaje convenido entre ambos tratando de velar de qué asunto estaban hablando”. Así, el informe recoge otra conversación telefónica de julio de 2016 en la que Moro “comunicó a Ignacio González una fecha en la que al primero le darían algún resultado de aquello que encargó”. Los investigadores reconocen que no saben a qué se refiere.

Según la Guardia Civil, los encargos no eran sólo a efectos de controlar a periodistas. El 17 de enero de 2017, meses antes de su arresto en la operación Lezo, González se reunió con Vicente Moro en su despacho de la calle Alcalá donde la UCO había instalado micrófonos. En ese encuentro, el ex mandatario madrileño le explicó la operación del pago de una comisión del tren de Móstoles a Navalcarnero, una de las tramas investigadas en Lezo. González le pidió “nuevamente ayuda a Moro para que recopilara información acerca de la cuenta bancaria suiza en la que se pagó el soborno”.

Le dio algún sobre

El informe, realizado el pasado noviembre, abunda sobre la relación entre ambos personajes incluyendo parte de la declaración prestada el pasado octubre por la secretaria de González, según la cual, Moro “era una persona que solía visitar al expresidente y que en alguna ocasión le dio algún sobre”. La empleada aseguró desconocer el contenido del mismo.

Luis Vicente Moro también está investigado en la trama Lezo por la Audiencia Nacional. La UCO indaga si recibió parte de los cinco millones de comisiones ilícitas de la compra de la sociedad brasileña, Emissao, por la que el Canal de Isabel II pagó 30 millones de dólares, un precio muy por encima de su valor real, según creen los investigadores. Delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, Moro fue condenado por el Tribunal Supremo en 2008 a 21 meses de cárcel por filtrar documentos contra el magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta Fernando Tesón incurriendo en un delito de revelación de secretos.