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España

La Generalitat Valenciana prepara la venta a empresas privadas del aeropuerto de Castellón

La Generalitat Valenciana prepara la venta del aeropuerto de Castellón

La Generalitat Valenciana ha comenzado a preparar la venta del aeropuerto de Castellón, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del govern y del consorcio bancario implicado en la operación. La operación podría ser anunciada en las próximas semanas después de que el gobierno que preside Alberto Fabra desbloquee los compromisos de pago que tiene pendientes sobre la infraestructura.

El govern reconoce su intención de "externalizar la gestión y operación del aeropuerto de Castellón"

Fuentes del govern reconocen la intención de la Generalitat de “externalizar la gestión y operación del aeropuerto”. El problema radica en encontrar un comprador para una obra que todavía no ha entrado en funcionamiento y que –según sus datos contables—pierde 9,5 millones de euros al año y tiene 18 millones de euros pendientes de pago a proveedores.

Una solución a largo pero un problema a corto plazo

La venta supondría un alivio a largo plazo para las finanzas públicas valencianas que ya tuvieron que ser rescatadas por el Tesoro Público (como adelantó Vozpópuli) pero constituye un problema a corto por la cantidad de indemnizaciones que acarreará.

En primer lugar, el aeropuerto tiene firmado un contrato mercantil con Concesiones Aeroportuarias S.L. (Conaer) para la construcción y explotación del aeropuerto durante un plazo de 50 años. Poner fin a ese contrato obligará a una compensación por “incumplimiento de contrato” que la concesionaria estima en 112 millones de euros y que –según fuentes del sindicato bancario implicado en la operación—podría rondar finalmente los 30.

En segundo lugar, la compañía tiene que pagar todavía a sus proveedores. Se trata de 18 millones de euros pendientes de pago, según el último informe del Síndic de Comptes valenciano publicado en 2011 y que podría superar los 20 a día de hoy.

Con esas cifras, la operación de venta supondría una entrada de liquidez en las arcas de la Generalitat a largo plazo y el fin de una sangría económica de más de 9 millones anuales pero obligaría a realizar pagos por valor de más de 50 millones de euros en este momento. 

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