Publicado: 29/10/2013 04:00
Dos diputados del Parlamento catalán fueron objeto de rastreo en las redes sociales, meses antes de obtener el escaño, por parte de la Administración de Artur Mas. Los nombres de Anna Simó (ERC) y David Fernández (CUP) aparecen en el contenido de 38 documentos filtrados por la plataforma Anonymous para denunciar el “espionaje” de perfiles anticapitalistas que llevó a cabo en mayo del año pasado el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), al que denominan el CNI catalán. El seguimiento de estas cuentas en la red, que se habría hecho por encargo de los Mossos d'Esquadra, según sostienen los hackers, coincide con la celebración de actos de protesta y manifestaciones que llevaron aparejada una intervención de la policía autonómica catalana. Las marchas del Primero de Mayo, el boicot a la cumbre del Banco Central Europeo (BCE), el aniversario del 15-M, la cacerolada contra La Caixa o la campaña contra el pago de peajes en las autopistas, entre otros acontecimientos, centraron los rastreos del Cesicat.
La parlamentaria de Esquerra Anna Simó, diputada por Barcelona y consejera de Bienestar y Familia entre 2003 y 2006, figura en un informe registrado el 2 de mayo dentro del apartado “Contenidos relevantes”. Aquí se recoge la referencia a un vídeo donde ella muestra su apoyo a la plataforma No vull pagar (No voy a pagar), que había movilizado a una cincuentena de vehículos del Bajo Llobregat y del Penedés, colapsando el peaje de Martorell al mediodía. Uno de los coches estaba conducido por la propia Simó, hoy portavoz de ERC.
El Cesicat investigó, entre otras organizaciones, al 15-M, UGT, CGT Cataluña, Endavant OSAN (Organización Socialista de Liberación Nacional) y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
En cuanto a David Fernández, representante de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), su cuenta en la red social Twitter (@HiginiaRoig) tuvo un seguimiento personalizado el 4 de mayo (también otros días), por distribuir mensajes de protesta -y reenviar otros- ante la celebración en Barcelona de la reunión del BCE. Alrededor de 8.000 policías blindaron la ciudad en un dispositivo que los indignados europeos calificaron de “Estado de excepción”.
Entre los colectivos rastreados se encuentran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHA), el 15-M, UGT, CGT Cataluña, Endavant OSAN (Organización Socialista de Liberación Nacional) o Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Asimismo, el Cesicat registró las cuentas de medios de comunicación como el semanario La Directa, el quincenal L'Accent o el periódico madrileño Diagonal. La lista de periodistas controlados incluye a Albert Martínez y Manu Simarro, de La Directa, al fotoperiodista de Nació Digital Jordi Borràs o al documentalista Aritz Cirbián. También está la investigadora Esther Vivas. Además, el Cesicat se interesó incluso por la concentración convocada en Barcelona y otras 40 ciudades españolas por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), para reivindicar el trabajo que realizan los periodistas y denunciar la situación que atraviesa el sector.
Competencia exclusiva del Estado
El Cesicat no depende de la Consejería de Interior, sino del departamento de Empresa y Ocupación, aunque tiene hilo directo con los Mossos d'Esquadra y les suministra la información sensible que detectan. Nació como fundación del sector público de la Generalitat en 2009, bajo el gobierno del aún socialista José Montilla, y se ha mantenido como tal con la llegada de Artur Mas (CiU) al poder. Su principal objetivo es proteger a la Administración catalana de las ciberamenazas, competencias que, según denuncia Anonymous, están atribuidas exclusivamente al Gobierno de la Nación a través del Centro Criptológico Nacional-CCN, adscrito al CNI. Añade Anonymous que “ni el Estatuto catalán ni la Constitución otorgan dichas políticas de seguridad a las autonomías, siendo competencias exclusivas del Ministerio de Defensa, según consta en la Estrategia Española de Seguridad, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 24 de junio de 2011”.
Dicho centro, instalado en Reus (Tarragona) con una inversión inicial de 10 millones de euros, está dirigido por un patronato que ahora preside Carles Flamerich, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat. El grupo de hackers señala que Cesicat gestiona una licitación plurianual de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la información por valor de 3.156.969,19 euros para la ejecución de los servicios establecidos en el Plan Nacional de impulso de la Seguridad TIC. Al mismo tiempo, dice que aquí “son muchas las voces que apuntan a una grave malversación y a un proceso irregular en las adjudicaciones”.
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