Publicado: 27/10/2014 10:05
El último golpe contra la corrupción ya tiene nombre, 'Operación Púnica'. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido o imputado a 51 personas presuntamente relacionadas con una trama de corrupción municipal centrada en el cobro de comisiones por obras. Entre los 36 arrestados, el ex secretario general del PP de Madrid y ex alcalde de Valdemoro (Madrid), Francisco Granados, así como diversos alcaldes, tanto del PP como del PSOE. También se encuentra el empresario David Majarliza Villaseñor, vinculado al que fuera 'número 2' de Esperanza Aguirre en el partido y salpicado por el escándalo del espionaje al actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. Otro de los detenidos es el presidente de la Diputación de León, Carlos Martínez, que a finales de mayo sustituyó en el cargo a la asesinada Isabel Carrasco.
Entre los detenidos hay sobre todo alcaldes del PP, pero también del PSOE. Entre los empresarios arrestados, uno salpicado por el 'caso espionaje' a Ignacio González
La operación, bajo la dirección del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. la inicio la Fiscalía Anticorrupción a raiz, precisamente, de recibir una comisión rogatoria de las autoridades suizas en la que se informaba de que a principios de este año Granados aún tenía abierta una cuenta en este país sobre la que había sospechas graves de blanqueo. En esta cuenta, el exsecretario general del PP en Madrid habría llegado a tener hasta 1,5 millones de euros y fue abierta en 1999, cuando era alcalde de la localidad sureña de Valdemoro (70.000 habitantes).
La cuenta estaba a nombre del propio Granados, sin utilizar testaferros o sociedades interpuestas, y su descubrimiento fue posible porque antes de las pasadas Navidades intentó cancelarla y sacar de golpe todo el dinero que le quedaba, lo cual llevó a las autoridades helvéticas a dar la voz de alarma a España. Con esa información, se inició una investigación sobre las adjudicaciones de obras y servicios y recalificaciones de suelo aprobadas durante su único mandato como alcalde de Valdemoro, de 1999 a 2003, lo que ha terminado destapando una compleja trama de corrupción municipal y regional infiltrada en otros ayuntamientos y autonomías, principalmente de las Comunidades de Madrid y Murcia, pero también en las provincia de León y Valencia.
En la operación han sido detenidos los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, del PP, y de Parla, José María Fraile, del PSOE, además de los de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (UDMA). En Valdemoro, la Guardia Civil ordenó esta mañana desalojar el Ayuntamiento para registrar las dependencias municipales. Los agentes también han inspeccionado el Consistorio de la localidad madrileña de Collado Villalba.
Una 'mordida' de 250 millones
Según las investigaciones, en la misma estarían implicados empresarios ligados a compañías constructoras y de servicios energéticos, quienes, mediante intermediarios y sociedades instrumentales, supuestamente han conseguido hacerse de modo irregular con adjudicaciones públicas por un valor aproximado de 250 millones de euros tan sólo en los dos últimos años. Como contrapartida, estos empresarios han pagado presuntamente comisiones a ediles de los municipios en los que lograban los contratos.
Anticorrupción cifra en 250 millones de euros el importe de los contratos adjudicados a las empresas de la trama tras el pago de comisiones
Estas primeras pesquisas de Anticorrupción desembocaron el pasado mes de junio en la apertura por parte del juez Velasco de unas diligencias que habían permanecido secretas hasta ahora. En las mismas se investigan delitos de blanqueo, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal. Además de los arrestos, el magistrado ha ordenado 259 mandamientos a registros de la Propiedad para bloquear bienes inmuebles, otros 400 para hacer lo mismo con cuentas bancarias y 30 más sobre vehículos de alta gama de los principales investigados.
Durante toda la mañana, los agentes del nuevo Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO ha registrado varios ayuntamientos y las sedes de las empresas relacionadas contra el supuesto pago de comisiones ilegales. Entre estas últimas se encuentra Servicios Logísticos e Inmobiliarios, de David Marjaliza, un constructor vinculado a Granados desde la infancia que se vio salpicado en el caso del espionaje al actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al aparecer facturas de la agencia de detectives Método 3 supuestamente pagadas por él, aunque siempre lo ha negado. El nombre de Marjaliza aparece en los Consejos de Administración de un centenar de empresas, la mayoría con intereses en el ladrillo, y en un puñado de sociedades patrimoniales.
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