España

Hacienda activa la web que ampara a los funcionarios de la Generalitat frente al proceso separatista

A partir de este lunes por la tarde, los empleados públicos de la Generalitat ya disponen de la web de Hacienda en la que podrán consultar sus dudas sobre la legalidad de los actos administrativos que afectan a sus competencias en un momento en el que algunos cargos políticos pueden instarles a vulnerar la ley.

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, en el Consejo de Ministros del viernes.
Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, en el Consejo de Ministros del viernes. EFE

Hacienda acaba de activar un sistema electrónico que funciona alternativamente mediante una doble vía: un correo en el que se cumplimentarán, al menos, los campos relativos al asunto y a su objeto con una breve descripción del mismo, sin necesidad de certificado electrónico, y un registro de sede electrónica, en el que el solicitante se identifica y utiliza su certificado electrónico. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro admite que los empleados públicos de la Generalitat también puedan presentar las comunicaciones en soporte papel en los registros de la Delegación del Gobierno en Cataluña y en las subdelegaciones de sus provincias. Además de las autoridades y empleados públicos, podrán formular consultas las personas que puedan creerse afectadas por la posible invalidez de las actuaciones de la Generalitat.

El nuevo sistema descansa en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos donde se establece que la Administración General del Estado prestará el amparo necesario a las autoridades y empleados públicos que prestan servicios en Cataluña para que puedan cumplir con las disposiciones que regulan el nuevo mecanismo de financiación que impone rígidas condiciones a la Generalitat para acceder a los recursos estatales.

El papel de los interventores

Este acceso al Fondo de Liquidez Autonómica queda supeditado, entre otros requisitos, al envío por parte del interventor general de un certificado que permita tener constancia de la situación económico-financiera de la comunidad y que constate la compatibilidad de todos los pagos con el ordenamiento jurídico vigente.

A partir de esta condicionalidad reforzada, la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica sólo podrá destinarse al pago de facturas de servicios públicos fundamentales, pues los recursos que la comunidad recibe del Estado tendrán que dar prioridad en adelante a educación y sanidad.


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