La UDEF destapa en Málaga un fraude de 3 M. en cursos de formación que salpica a la Junta

José Luis Aneri, el empresario recientemente detenido como presunto responsable de un fraude millonario en los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, no era el único que había encontrado un filón en estas enseñanzas para desempleados y trabajadores. Una reciente investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha destapado la existencia de una trama similar en la provincia de Málaga que implica a una quincena de estas empresas dedicadas a impartir cursos para parados, así como al propio Servicio Andaluz de Empleo (SEA), dependiente de la Junta de Andalucía. El informe, que ya se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción, cifra el fraude de una única de estas adjudicaciones de 2010 en 3 millones de euros.

Las pesquisas, iniciadas hace un año, se han acelerado en los últimos días después de que un grupo de policías se desplazara desde Madrid a la ciudad andaluza para tomar declaración a cerca de dos centenares de personas que figuraban con alumnos de algunos de los cursos bajo sospecha que se habían impartido en diversas localidades de la provincia de Málaga, entre ellos la propia capital, Antequera, Velez-Malaga, Estepona, Ronda y Fuengirola. Todos ellos habían asistido sobre el papel en 2010, el único periodo investigado hasta ahora, a cursos de Formación Profesional Ocupacional (FOP) subvencionados por la Junta de Andalucía a través del SAE.

Falsos alumnos

En todos los casos, los cursos que habían recibido se encontraban encuadrados en los llamados ‘con compromiso de contratación’, cuya finalidad es formar a desempleados para posteriormente facilitar a al menos un 60% de los asistentes un contrato de seis meses de duración. Requisito éste que no se cumplió en prácticamente ninguno de los casos, según las investigaciones policiales, que han contado con la colaboración de la Seguridad Social. No fue el único incumplimiento: las empresas supuestamente implicadas también habían rellenado los listados de alumnos que presentaban a la Junta de Andalucía para el cobro de las subvenciones con el nombre de personas que ni siquiera habían participado en ellas. Todo ello, presuntamente sin que los servicios competentes del SAE hicieran en todo el tiempo ninguna labor de control que permitiera detectar las numerosas irregularidades.

En la adjudicación y el periodo investigado, la investigación ha detectado la supuesta implicación de una quincena de sociedades, entre las que hay tanto ‘fantasmas’ como otros de renombre. Las primeras eran creadas para un curso concreto y poco después eran disueltas. No contaban ni con instalaciones para impartirlas. En otros casos, sin embargo, se encargaban de ellos empresas con varios años de experiencia y que imparten estas enseñanzas también en otras comunidades autónomas. La Policía tiene previsto extender la investigación a otras provincias andaluzas en los próximos meses.