Publicado: 15/12/2017 04:05
La Fiscalía Anticorrupción investiga el rastro de la caja B del Partido Popular de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta, que según un testigo del caso podría llegar a los 17 millones de euros, explican a Vozpópuli fuentes del ‘caso Púnica’, que aseguran que las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá están tras la pista del dinero.
En concreto, las citadas fuentes relatan a este diario que el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, considerado por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como el cabecilla de la trama ‘Púnica’, alardeó en privado de que la formación de Aguirre había utilizado hasta 11 millones de euros en negro en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007, y otros 6 millones de euros en 2011.
Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007.
En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, 1,71 millones menos de lo legalmente gastado.
Hasta el momento, la presunta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre se investiga en dos procedimientos distintos: en la ‘Púnica’ y en ‘Lezo'. En el primero se analiza el periodo de Francisco Granados como secretario general, mientras que en el segundo las pesquisas se centran en el papel de Ignacio González al frente de la formación.
En ambas piezas separadas está imputado el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, condenado ya a ocho meses de cárcel en el caso de las tarjetas ‘black‘ de Caja Madrid. Entre los investigados en estos procedimientos están tanto Ignacio González como Francisco Granados, pero no Esperanza Aguirre.
Aguirre y Gallardón
El fiscal Carlos Iáñez, el responsable de la investigación del ‘caso Lezo’ hasta hace unos meses, dejó un escrito en el que pedía la imputación de la exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón, según adelantó LaSexta. Sin embargo, el nuevo jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón mantiene retenida esta petición, a la espera de que los nuevos fiscales del caso tomen una decisión al respecto.
Vozpópuli ha tenido acceso a un informe de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, enviado al juez García-Castellón el pasado 30 de octubre, en el que los agentes advierten del “enmascaramiento de gastos electorales del PP en las elecciones autonómicas de 2011”.
Los guardias, que apuntan a un “extraña” intermediación entre varias empresas en una adjudicación de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid por un importe de 122.787 euros, indican de forma textual en su informe: “El Laboratorio de Almagro 36 SL participó de manera encubierta en la licitación y ejecución del mencionado contrato público, y llegó a percibir el 60% de los beneficios del mismo, y habría abonado una importante cantidad de dinero de los presupuestos del contrato a la misma empresa que en ese momento estaba realizando la campaña electoral para el Partido Popular: Central de Producers SL”.
Pero los posibles problemas de Esperanza Aguirre con la justicia no acaban con el posible dinero negro gastado en las campañas electorales, ya que la expresidenta de la Comunidad de Madrid figuraba como autorizada de la cuenta corriente de Fundescam, la fundación con la que se financió el PP de Madrid, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 1 de marzo.
Elecciones de 2007
En concreto, los agentes ya han constatado que la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) abonó facturas al PP madrileño por un importe de 96.300 euros para las elecciones autonómicas de 2007.
Y por ello, las fiscales Anticorrupción del ‘caso Púnica’ aluden a Esperanza Aguirre como una de las personas que habrían integrado la "red de decisión” que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales y autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipales y autonómicas), que se acercaron a los 5 millones de euros.
La Fiscalía también hapuesto la lupa en las actividades de otra fundación presidida por Esperanza Aguirre, y pretendedescubrir si “e PP utilizó también para abonar gastos de campaña de forma subrepticia a la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad a la vista de las importantes cantidades recibidas por dicha fundación de la citada entidad financiera Caja Madrid".
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