La Policía acusa a la Federación de Taekwondo de desviar fondos en beneficio de sus directivos

Malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida son los delitos de los que la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, acusa a Jesús Castellanos Pueblas, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), a su secretario general, José María Pujadas Fernández, al gerente-tesorero, Miguel Pérez Otín, y al presidente de la Federación valenciana, Victorino Pizarro Barceló. Así consta en un informe de la citada unidad policial fechado el pasado 5 de febrero al que ha tenido acceso Vozpópuli tras levantarse el secreto de sumario, y que ha sido asumido por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante.

La investigación arrancó el 3 de diciembre de 2015, con una denuncia escrita de Eugenio Granjo Fuertes, miembro de la Asamblea General de la Federación valenciana, quien posteriormente declaró ante los agentes de la UDEF y amplió algunos extremos de su denuncia. Los investigadores interrogaron en días sucesivos a directivos de varias federaciones, que corroboraron la denuncia de Granjo y, en algunos casos, aportaron pruebas adicionales.

El informe de la UDEF sostiene que “las principales irregularidades denunciadas y detectadas por esta brigada consistirían en una alteración sistemática de las cuentas anuales de la RFET y el uso de facturas y justificantes de gastos de viaje falsos, con el fin de justificar el cobro de las subvenciones que recibe del Consejo Superior de Deportes (CSD) (…) Al mismo tiempo, se ha detectado un reparto arbitrario de dinero en concepto de pago y justificación de dietas de transporte, alojamiento y manutención, utilizándose presuntamente para el pago de sueldos encubiertos a algunos miembros de la RFET. A todo ello hay que añadir otras irregularidades contables y fiscales en relación con el cobro del taquillaje de las competiciones nacionales organizadas por la RFET”.

La UDEF denuncia el uso de facturas y justificantes de gastos de viaje falsos, así como la alteración sistemática de las cuentas anuales de la federación

El documento añade que otros indicios de actividades delictivas “estarían relacionados con el cambio de sede de la RFET de Alicante a un local de menor tamaño pero de mayor coste, así como al aumento sustancial de los gastos destinados a sueldos y gastos de viaje de los órganos de gobierno de la RFET, que contrasta con una reducción sustancial del dinero destinado a la actividad deportiva, que según la ley es a donde debería dedicarse principalmente los recursos federativos”.

Entre los ejemplos de irregularidades que recoge el informe está el Campeonato del Mundo de cadetes, que se celebró en Azerbaiyán en 2014 y en Corea en 2015. La federación emitió entonces una circular en la que anunciaba que no podía asumir los gastos de viaje de los deportistas, a los que pedía que los sufragaran ellos mismos, y al mismo tiempo “se constata que se ha aumentado el sueldo del secretario general y otras partidas destinadas a gastos de personal y otros gastos”. Una actitud que, según los investigadores “es contraria a una gestión adecuada en la RFET y podría constituir una administración desleal o malversación de caudales públicos, por no destinar el dinero que se gestiona a los fines federativos”.

Salario encubierto

El informe cita también como otro ejemplo de irregularidad la remuneración del gerente-tesorero de la federación, Miguel Pérez Otín, quien estaría recibiendo un salario encubierto en concepto de dietas, gastos de viaje y gastos de representación”, ya que es funcionario del Ayuntamiento de Barcelona y no puede estar contratado por la RFET como trabajador y cobrar un sueldo. El secretario general, José María Pujadas, también cobraría dietas como técnico y facturaría a la RFET por el control de entrenamientos, concentraciones, e incluso por la confección de material audiovisual, actividades que, según la Policía “no son en absoluto competencia de un secretario general”.

Otro de los aspectos investigados en el patrocinio de la promotora Marina D´Or para los campeonatos de España de los años 2013 y 2014, que se celebraron en dicho complejo, motivo por el cual la empresa pagó 90.000 euros en 2013 y 60.000 euros en 2014, según las facturas aportadas por la compañía. Sin embargo, en las cuentas anuales de la RFET constan patrocinios por 30.000 y 70.000 euros menos, es decir 50.000 euros menos, que presuntamente habrían sido desviados.

“De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que existen indicios racionales de la presunta comisión de los delitos de fraude a la subvenciones, malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental –afirma el informe policial- del que serían responsables los principales cargos federativos, junto al presidente de la Federación Valenciana de Taekwondo”.

JESÚS CASTELLANOS: "ESTO ES UN ATROPELLO" 

Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, calificó a este diario de “atropello” el procedimiento abierto contra él y otros directivos de la misma por varios delitos graves, que asegura inexistentes. “Estamos muy tranquilos porque el proceso es un despropósito. Están confundiendo el tema penal con posibles faltas administrativas que puede tener cualquier empresa y que en nuestro caso se fueron subsanando hace ya tiempo, porque, desde luego, de facturas falsas, nada. Se han vertido acusaciones muy graves que se demostrarán falsas”.

Castellanos califica de “parcial y tendenciosa” la información aportada por la UDEF, que, en su opinión, “se basa en insinuaciones y rumores”. Dicha información, asegura, “no se corresponde con ninguna prueba objetiva y se va a demostrar. Lo estoy deseando porque el daño que se nos está haciendo a algunas personas y a la propia federación es muy grande”. El presidente de la RFET sostiene que tanto él como el resto de imputados están a la espera de que el juez instructor se pronuncie y decida si prosigue la investigación o procede a su archivo. “No es la condena lo que algunos pretenden, sino el proceso en sí mismo, su apertura, mantenimiento y los efectos que ha producido. Con nosotros no se ha respetado la presunción de inocencia”.