ENRIQUE SANTIAGO, ASESOR ESPAÑOL DE LAS FARC EN EL PROCESO DE PAZ DE COLOMBIA “El proceso de paz ha sido posible por una situación de empate militar entre el Gobierno y las FARC”

Enrique Santiago (Madrid, 1964), abogado español y militante del PCE e IU, ha sido asesor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el proceso de conversaciones con el Gobierno colombiano en La Habana, que tendrá su colofón el próximo día 26 con la firma definitiva de la paz en Cartagena de Indias. Una paz, sostiene, que es consecuencia, entre otros factores, del empate militar entre el Ejército y la guerrilla, “que podría haber mantenido la confrontación 10, 20 o 30 años más”. Santiago califica de “error político” la convocatoria por el presidente Juan Manuel Santos de un plebiscito el 2 de octubre para ratificar el acuerdo porque, dice, “la paz no está sometida a la voluntad de las mayorías”.

¿Cómo llega un abogado español a convertirse en asesor de las FARC en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano?

Llevo trabajando en temas de derechos humanos y refugiados desde el año 1991 y he tenido una relación muy directa con Colombia como fundador en Europa de Colombian@s por la Paz, la plataforma que dirige la senadora Piedad Córdoba. Cuando comenzó la fase exploratoria del proceso de conversaciones las FARC le solicitaron propuestas de posibles asesores jurídicos y entre ellos voy yo incluido y me seleccionan.

Ahora que está a punto de concluir 52 años de guerra, ¿cuáles son las cifras del conflicto? 

Las FARC se crearon en 1964, pero el conflicto viene de los años 30, con la aprobación de la Ley de Reforma Rural, un tímido intento de modernizar el campo colombiano y garantizar los derechos a los pequeños campesinos, y la brutal reacción de los terratenientes y los ganaderos que acabó desatando la violencia. Desde 1964 hasta ahora son más de 250.000 muertos, 7 millones de víctimas, 6 millones de desplazados que han perdido sus tierras, 100.000 desaparecidos, más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales e innumerables masacres. Los datos recopilados por las propias agencias del Estado entre 1988 y 2010 señalan que en Colombia se produjo una masacre realizada por los paramilitares cada 8 días, y en ninguna intervino el Ejército para impedirlas.

El conflicto ha dejado desde 1964 más de 250.000 muertos, 7 millones de víctimas, 6 millones de desplazados, 100.000 desaparecidos y más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales"

Todo el mundo celebra el proceso de paz pero, sin embargo, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otros estados consideran a las FARC una organización terrorista.

La consideración de las FARC como organización terrorista es una decisión exclusivamente política, sin sustento en ninguna decisión judicial. De hecho, las FARC no estaban incluidas en esa lista hasta el 11 de septiembre de 2001 (fecha de los atentados contra las Torres Gemelas). En primer lugar las incluyó EE.UU., a petición del Gobierno colombiano, y después la UE, también a petición del Ejecutivo colombiano, donde lamentablemente hicieron un papel bochornoso los gobiernos británico y español. En el caso español es todavía más sorprendente porque hasta que fue incluida en la relación de organizaciones terroristas las FARC tenía una delegación oficial en España, con representantes acreditados ante el Gobierno español que eran recibidos en las sedes de los partidos políticos y de las instituciones. El señor Trillo, siendo presidente del Parlamento, recibió a las FARC; el señor Luis de Grandes, siendo presidente del Grupo Parlamentario Popular, recibió a las FARC, y el señor Zaplana, siendo presidente de la Generalitat, cuando se conmemoró en Benidorm el pacto del Frente Nacional entre liberales y conservadores que acabó con la guerra civil entre estos dos partidos recibió y rindió honores a una delegación del gobierno colombiano y de las FARC encabezada por Raúl Reyes (portavoz internacional de la guerrilla, muerto en marzo de 2008 en una operación del Ejército colombiano contra una base del grupo guerrillero establecida en Ecuador). Las listas de organizaciones terroristas carecen de sustento legal alguno, son listas en las que funcionarios políticos incluyen y excluyen con absoluta arbitrariedad. En cualquier caso, una vez firmados los acuerdos de paz es cuestión de tiempo, y más bien poco tiempo, que las FARC sean excluidas de las listas de organizaciones terroristas europeas y de los EE.UU.

¿Este proceso es consecuencia de la debilidad de las FARC, de su convencimiento de que era imposible vencer al Estado?

Las FARC son una organización guerrillera campesina con una fuerte implantación en las zonas rurales de Colombia y la única en América Latina sin apoyo exterior, que se ha sustentado con sus propios recursos y ha hecho frente al mayor ejército de la zona. El ejército colombiano tiene 500.000 efectivos, cinco veces más que el Ejército español o un 50% más que el ejército brasileño, que es la gran potencia regional. Además, las FARC han hecho frente durante 10 años al Plan Colombia y al Plan Patriota, es decir, a la intervención militar de los EE.UU, que tiene más de diez bases en el país. A consecuencia del Plan Colombia las FARC cambiaron su estrategia militar y pasaron de una guerra de posiciones, abierta, por la conquista del territorio, a otra de guerra de guerrillas, como en sus orígenes. Las FARC, y así lo ha entendido el Gobierno colombiano, podía haber mantenido la confrontación otros 10, 20 o 30 años más ante la absoluta imposibilidad de ser derrotados militarmente, y también ante la imposibilidad de que ellos militarmente conquistaran el poder. Cada uno puede argumentar lo que quiera, pero la verdad es que el proceso de paz se ha dado ante una situación de empate militar y debido a un cambio de las circunstancias políticas y económicas en la región.

Las FARC podían haber mantenido la confrontación 10, 20 o 30 años más ante la absoluta imposibilidad de ser derrotada militarmente"

¿Y por qué esta vez sí ha sido posible y en ocasiones anteriores ha fracasado?

Este es el cuarto proceso de paz desde los años 80; los tres anteriores fracasaron. Si este ha sido exitoso es porque ha habido una clarísima división entre las oligarquías terratenientes y ganaderas, para las cuales la guerra es un negocio, es la forma de usurpar tierras mediante el desplazamiento violento de los campesinos, y los intereses de una nueva oligarquía financiera, industrial, inserta en el mundo globalizado, que ha llegado a la conclusión evidente de que es imposible acceder a la explotación de los inmensos recursos naturales de Colombia sin acabar la guerra, porque muchos de estos recursos se encuentra en zonas de control guerrillera, y, además, ha comprobado también que es muy difícil atraer inversión extranjera a un país donde no hay ni seguridad jurídica ni física. Esos intereses distintos son los que han posibilitado que se iniciara un proceso de conversaciones, que se ha construido también desde unos postulados más sensatos y más realistas por parte del Estado, que en anteriores procesos pretendió una rendición militar en la mesa de conversaciones no conseguida en el campo de batalla, y en esta ocasión no.

Cuatro años de conversaciones, un acuerdo de 300 páginas… Por entrar en alguno de sus aspectos más relevantes, ¿cómo se va a resarcir a las víctimas?

Este acuerdo es el primero en el mundo que ha situado a las víctimas en el centro de todas las discusiones, y todos los acuerdos parciales están construidos sobre esa necesidad de reparar a los 7 millones de víctimas, que son muchísimas. Hay distintos mecanismos de reparación. Por ejemplo, se ha acordado una reforma de la ley de víctimas para ampliar el universo de aquellas personas que puedan ser consideradas como tales. La citada ley entró en vigor en 2011 y hasta ahora únicamente había conseguido reparar a 30.000 personas de ese universo de 7 millones. Los procesos de recuperación de tierras sólo han afectado a 500.000 hectáreas de 7 millones que se calcula han sido usurpadas. También se ha creado un sistema de justicia que vincula el reconocimiento de responsabilidades en vía judicial con la imposición de sanciones de tipo restaurativo. Es decir, sanciones cuya finalidad sea una reparación efectiva del daño causado. La cárcel, como cualquiera puede imaginar, no repara el daño causado ni resarce a las víctimas, mientras que el derecho internacional lo que exige es que existan normas eficaces de reparación y restauración de la situación inicial. A aquellas personas que frente a las acusaciones que se les hagan reconozcan sus responsabilidades de forma temprana se les aplicarán sanciones de reparación de las víctimas.

Se ha creado también un Tribunal Especial para la Paz.

Se ha creado una jurisdicción especial con salas de justicia y un Tribunal Especial para la Paz. Las salas de justicia tienen como objetivo conseguir el máximo reconocimiento temprano de responsabilidades, con la asunción de sanciones reparadoras, restauradoras. Hay una sala que se va a encargar de la concesión de amnistías e indultos para todos aquellos que han sido condenados por el ejercicio de la disidencia política, que hay muchos. También se ha conseguido incluir un tratamiento especial diferenciado, con la extinción de sanciones, para el colectivo de mujeres que han tenido que recurrir a pequeños delitos relacionados con las drogas para sacar adelante a sus familias. El Tribunal Especial para la Paz va a cumplir dos funciones: la revisión de las condenas impuestas por la jurisdicción ordinaria colombiana con la aplicación del ‘derecho penal del enemigo’, es decir de manera arbitraria, y, en segundo lugar, va a procesar a aquellos acusados que no estén dispuestos a reconocer tempranamente responsabilidades. En estos casos las sanciones son de cárcel que pueden alcanzar los 20 años.

La consideración de las FARC como organización terrorista es una decisión exclusivamente política, sin sustento en ninguna decisión judicial"

¿Va a ser necesaria una alta dosis de impunidad?

No va a haber impunidad. No hay nada más falaz que las críticas que se están haciendo al sistema en ese sentido. En Colombia hay una impunidad judicial estructural de mínimo un 95%. Es decir, nada en Colombia puede generar más impunidad que la que genera el propio sistema judicial desde hace decenios, por no decir durante toda su historia. Y no deja de llamar la atención que los sectores que siempre han disfrutado de impunidad por sus actuaciones relacionadas con el conflicto, especialmente los grupos económicos y los civiles, es decir, aquellos que han dirigido la guerra desde oficinas con aire acondicionado y se han enriquecido sin poner el pecho a las balas sean los más preocupados por la impunidad. Los que extienden este discurso de impunidad son los que han organizado los grupos paramilitares, y su problema fundamental es que por primera vez se ha creado un sistema judicial que va a exigir responsabilidades a todos los que han intervenido en el conflicto, incluyendo a los civiles, entre ellos políticos, miembros de consejos de administración de empresas que han financiado el paramilitarismo, funcionarios de gobiernos extranjeros, grupos económicos… Es la apuesta más ambiciosa por acabar con la impunidad y por eso se ha construido un modelo que evita tener que llevar a un juicio contradictorio los casos de 7 millones de víctimas. Para que se hagan una idea quienes vayan a leer esta entrevista, la Corte Penal Internacional ha emitido solo 25 sentencias en 14 años de funcionamiento. La jurisdicción de justicia y paz que creó el Gobierno de Álvaro Uribe para supuestamente desmantelar a los paramilitares en el año 2005 ha emitido 33 sentencias. Es decir, es realmente un chiste de mal gusto criticar este sistema porque supuestamente vaya a generar impunidad en un país que vive de la impunidad.

¿Cómo va a ser el proceso de reinserción de la guerrilla?

Tiene dos componentes, uno político y otro económico y social. En cuanto al primero, las FARC se convertirán en una fuerza política en la X Conferencia Nacional Guerrillera que se va a celebrar entre los días 17 y 23 de este mes de septiembre y, por supuesto, se ha negociado eliminar cualquier norma que inhabilite políticamente a los responsables de delitos relacionados con el conflicto armado. La inhabilitación política depende en última instancia de los ciudadanos cuando depositan su voto. Además de eso, se garantiza hasta el año 2024 una presencia mínima, tanto en la Cámara, el equivalente al Congreso de los diputados en nuestro país, como en el Senado, de cinco representantes del partido que surja de las FARC, que no significa que no vaya a concurrir a las elecciones y obtener mayor representación, como es muy probable. El partido se constituirá porque la organización guerrillera necesitará una estructura, sobre todo a efectos de su reincorporación económica y social, pero, previsiblemente, lo que el proceso de paz va a hacer es reorganizar todo el espectro de fuerzas democráticas de izquierdas, acabar con la división en pequeños partidos y dar paso a un movimiento amplio, unitario, que una voluntades políticas y movimientos sociales y esté en condiciones de ser una alternativa de poder. En ese sentido, lo que se ha establecido en el acuerdo es que esos mínimos escaños de representación se otorgarán a las FARC o a la candidatura con la que concurra. Respecto a la reincorporación económica y social, se ha acordado la puesta en marcha de programas de economía social colectiva. Es importante señalar que las FARC van a recibir ayudas del Estado sustancialmente inferiores, de hasta un 40% menos, a las que recibieron los paramilitares desmovilizados en el año 2005.

El plebiscito va a ser un sí mayoritario, pero es un gravísimo error político. La paz no está sometida a la voluntad de las mayorías"

¿De qué cantidad de dinero estamos hablando?

Se ha acordado otorgar 600.000 pesos al mes, el 80% del salario mínimo en Colombia, que equivale a 200 dólares, mientras que a los paramilitares se les llegó a entregar, en función del número de hijos, hasta 2.000.000 de pesos, es decir, tres veces y medio más. Las FARC no pretenden vivir de la asistencia pública, sino que se les permita poner en marcha los proyectos productivos, de desarrollo económico, social y rural que el Estado no ha permitido realizar hasta ahora. 

¿Puede poner en peligro el proceso de paz el hecho de que aún persista otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)?

Se trata de un grupo guerrillero notablemente inferior a las FARC, pero con implantación en varias regiones del Estado. Hay también un reducto de no más de cien hombres del Ejército Popular de Liberación, que es una guerrilla que se desmovilizó en los años 90. Obviamente el grave peligro para la estabilización de la construcción de paz es la existencia del ELN, pero hay también un proceso de negociación abierto desde hace ocho meses, que si bien hasta ahora no había avanzado mucho, lo más probable es que lo haga una vez cerrado el acuerdo con las FARC y en breve pueda haber un acuerdo de paz.

El presidente Juan Manuel Santos ha convocado un plebiscito el 2 de octubre para validar el acuerdo ¿cabe alguna posibilidad de que el resultado sea un ‘no’ al plan de paz?

En estos momentos hay una lucha electoral enconada entre las fuerzas de la derecha más conservadora y las fuerzas democráticas, entre el ‘sí’ y el ‘no’. Creo que en el plebiscito va a ser un ‘sí’ muy mayoritario pero, en todo caso, es de destacar que el plebiscito es un gravísimo error político y conceptual. La paz no está sometida a la voluntad de las mayorías, y menos en Colombia, donde el artículo 22 de su Constitución establece que la paz no es solo un derecho, sino una obligación. Hay una serie de derechos consustanciales a la dignidad humana que no se pueden someter a referéndum. El derecho a la vida o a la libertad, por ejemplo, no pueden someterse a la opinión ciudadana. El presidente Santos ha querido convertir el cierre del acuerdo en una batalla política entre su partido y la oposición, anteponiendo ese escenario a la construcción de la paz. Creo que es un gravísimo error político que está enconando la situación de forma innecesaria. 


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