El juez Pedraz pide a la Ertzaintza que informe sobre el acto de expresos de ETA del sábado

El juez Santiago Pedraz, de guardia esta semana en la Audiencia Nacional, ha dictado una providencia en la que pide a la Ertzaintza a instancias de la Fiscalía para que "con la máxima urgencia" le informe sobre el acto convocado para el próximo sábado en Durango (Vizcaya) por el colectivo de presos vascos EPPK en el que participarán 63 etarras recientemente excarcelados por la derogación de los efectos retroactivos de la doctrina Parot. El magistrado limita esta petición a la Ertzaintza, al circunscribirse el acto en el  País Vasco, a pesar de que el Ministerio Público le había pedido que también se requieran informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Concretamente, Pedraz solicita información sobre la persona, personas u organización convocantes del acto, sobre los participantes, el medio por el que se efectúa la convocatoria y su posible relación con la organización terrorista ETA, , por si el mismo pudiera ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo o menosprecio a sus víctimas.

La Audiencia Nacional actúa tras la presentación de una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) en la que  se hace referencia a las informaciones aparecidas en prensa sobre la convocatoria, por parte del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), de una comparecencia pública seguida de una comida en las que participarán etarras recientemente excarcelados por la derogación de los efectos retroactivos de la doctrina Parot. El fin "no es otro que el de mostrar su apoyo y solidaridad, con el consiguiente homenaje, al resto de miembros de la organización terrorista ETA que aún se encuentran encarcelados", continúa el texto.

Vinculación entre EPPK y ETA

Dignidad y Justicia recuerda que el convocante del acto es el KT1, "subestructura" de EPPK y "órgano de dirección de dicho colectivo", al frente del cual se encuentra Arantza Zulueta Amuchastegui, quien actualmente está en libertad provisional en la causa seguida contra ella y otros abogados defensores de etarras, así como imputada por un delito de integración en organización terrorista.

La asociación destaca que EPPK "forma parte del entramado" de la banda y se encarga de "procurar la cohesión y la adherencia de los presos que cumplen condena por actos terroristas siguiendo los postulados de ETA", excluyendo a los reclusos que no pertenecen al entorno etarra.

Para respaldar sus argumentos, Dignidad y Justicia hace alusión a varios documentos intervenidos en una operación contra algunos de los abogados de etarras, incluida Zulueta, y que son, según la Guardia Civil, "una prueba fehaciente que corrobora el papel" de KT en "el control, coordinación y dinamización" de los integrantes de EPPK.