Publicado: 17/10/2013 04:00
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado un giro atrevido a su política social y tratará de evitar nuevos desahucios en el parque de viviendas municipales del Ayuntamiento, que gestiona 19.680 casas en la capital entre alquileres y viviendas de protección oficial. Así viene plasmado en la Memoria del Presupuesto para 2014 de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), la sociedad gestora de todo el parque inmobiliario de Cibeles.
La memoria, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, habla de fomentar la concertación de “planes de pago con familias inquilinas que tienen dificultades para cumplir su obligación de abono de rentas, paralizando todas aquellas actuaciones judiciales dirigidas al desalojo de estas familias por motivos de impago”. Se trata de un punto que viene recogido en el apartado de Política Empresarial de la Sociedad, el cual incluye otras actuaciones como la contención del gasto. La EMVS posee una deuda descomunal de 630 millones y una plantilla de aproximadamente 270 trabajadores tras el ERE de la pasada primavera que afectó a 46 empleados.
La Empresa de la Vivienda acudirá “exclusivamente al auxilio judicial en casos de ocupación ilegal de las viviendas o cesiones no consentidas, remarcando de esta manera el contenido social de la actuación de la sociedad”. Y la labor va más allá de la mera paralización de los desahucios: “Se ha puesto en marcha en el presente ejercicio [2013] la Red de Viviendas Solidarias con el fin de adjudicar a las asociaciones sociales y sin ánimo de lucro viviendas destinadas a familias en situación de urgente necesidad”.
En otro párrafo se insiste en que el Ayuntamiento “se centrará fundamentalmente en el trabajo social de las familias inquilinas, adoptando medidas para facilitar el complimiento de su obligación de pago con las rentas”.
Episodios trágicos en la capital
La nueva política empresarial se presenta por escrito en la memoria tras algunos episodios controvertidos entre la EMVS y varias personas desahuciadas, con colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) u otros similares de por medio. El más conocido se produjo hace justo un mes, a mediados de septiembre, cuando una mujer con un piso de la EMVS en Carabanchel y que tenía una deuda con la empresa de poco más de 2.000 euros se suicidó, creando un revuelo en las redes sociales. Pero varios empleados desmienten que la presión ejercida fuera la culpable directa del fallecimiento.
“La mujer había recibido la primera notificación de desahucio en 2002, y simplemente se la volvió a avisar por tercera o cuarta vez de que no se aceptaba la prórroga del contrato. ¿De verdad se trata de un suicidio por nuestra culpa, teniendo en cuenta la benevolencia que había mostrado con ella la sociedad en todos estos años?”, señala una fuente anónima de la empresa.
De hecho, otras partes insisten en que hace tiempo que la EMVS viene desarrollando con las familias con problemas de renta una acción similar a la que ahora aparece por escrito en los Presupuestos. “Es muy difícil que la EMVS termine desahuciando, a no ser que se trate de casos de ocupación ilegal o de problemas de convivencia”, remachan estas fuentes. “Muchos estamos a favor de lo que está haciendo la PAH, pero también creemos que se equivocan bastante cuando combaten desalojos en la vivienda social”. En este sentido, la memoria destaca que en 2012 se suscribieron hasta 300 acuerdos con familias inquilinas.
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