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La Policía activa una brigada 'pata negra' para fiscalizar investigaciones de otras unidades

Imagen de archivo de Ignacio Cosidó, director general de la Policía.

Para algunos, un grupo policial de análisis para aprender de los errores cometidos en otras investigaciones. Para otros, una forma de 'fiscalizar' sin control judicial operaciones en curso o ya cerradas. La Dirección General de la Policía acaba de elaborar un "protocolo de actuación" para la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), un grupo 'pata negra' dependiente de la Unidad de Asuntos Internos y creado hace sólo unos años cuyo primer objetivo era 'desatascar' pesquisas que no avanzaban o se habían dado por conclusas sin poderse resolver. Ahora, sin embargo, el reciente documento interno que fija por primera vez sus "funciones y objetivos generales", y al que ha tenido acceso Vozpópuli, amplía dichas competencias y no limita en ningún modo las investigaciones sobre las que podrá intervenir. Este grupo, cuyas actuaciones son catalogadas como "secretas", dependerá directamente y de modo exclusivo del 'número 2' de la institución, el comisario Eugenio Pino.

La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) estára bajo la "dirección, coordinación y supervisión" del número 2 de la Policía, el comisario Eugenio Pino

El protocolo de actuación de la BARC tiene fecha del 19 de mayo aunque se ha repartido a todas las unidades de Policía Judicial el pasado martes. En el mismo, de poco más de dos folios de extensión, se fija en cinco apartados la "naturaleza y dependencia", las "funciones y objetivos generales", las "instrucciones", las "colaboraciones" y el "marco normativo" en el que desarrollará su actividad la misma. Así, detalla que la BARC, que estará integrada en la Unidad de Asuntos Internos (el grupo que persigue la comisión de delitos cometidos por policías), actuará "como unidad de inteligencia operativa especializada en la revisión o análisis de las actuaciones o investigaciones de las distintas unidades policiales". Todo ello, recalca, bajo la "dirección, coordinación y supervisión" del comisario Pino.

El documento añade que la Brigada, creada hace ya unos años según diversas fuentes policiales y que tiene al frente a una comisaria, actuará "con imparcialidad y absoluta reserva" y sus actuaciones e investigaciones "se catalogarán como secretas" como todas las que realiza la Unidad de Asuntos Internos de la que depende. En concreto, detalla que su actuación se centrará tanto en investigaciones en curso o "activas" y aquellas ya concluidas, que denomina "pasivas". En el primer caso, el protocolo especifica que podrá intervenir "por orden superior o a requerimiento" de los agentes de la unidad que estuviera trabajando sobre dicha investigación. Según explica, la actuación de la BARC en este caso se centrará "en el apoyo, la colaboración y la coordinación" con estos últimos.

"Por propia iniciativa"

En el caso de las "pasivas", su actuación también podrá ser "por propia iniciativa". En este caso se destaca que dicha actuación se producirá "como última ratio de investigación de casos sin resolver o policialmente concluidos". Entre los objetivos "generales" de dicha actuación, el protocolo especifica que son tres. En primer lugar, la "mejora de la eficacia policial". En segundo, el "retorno de conocimiento al sistema de formación del Cuerpo Nacional de Policía". Y en último lugar, la "búsqueda de nuevas líneas de investigación", en este caso con la aclaración de que esto será así "cuando la naturaleza y las circunstancias del asunto revisado lo permitan".

El documento policial justifica la puesta en marcha de la BARC en la necesidad de mejorar la eficacia policial, ayudar a la formación de futuros agentes y abrir nuevas líneas de investigación

Para ello, el director Adjunto Operativo determina una serie de "directrices" para "garantizar la coordinación orgánica y operativa con las diferentes unidades". Así, en primer lugar fija la "obligación de colaboración" de los grupos policiales a los que se dirija la nueva brigada. Para ello, establece que dicha comunicación se realizará por "conducto directo" una vez establecido el primer contacto "a través de la Unidad de Asuntos Internos". Las comunicaciones entre la BARC y la "unidad afectada" por la actuación de la primera será tras ese primer contacto "sin comunicaciones a órganos intermediarios". Además, destaca que los grupos deberan atender "todas las cuestiones planteadas" por los integrantes del la brigada, a la que deben aportan "la documentación necesaria". Además, ésta se remitirá siguiendo de modo estricto la "cadena de custodia en todo momento" y "levantando acta de su entrega".

El protocolo ahora elaborado también determina que "las actuaciones en curso de análisis por las BARC no podrán ser objeto de revisión por otras unidades" y, en el caso de que surjan "nuevo indicios o noticias que pudieran afectar" al caso que está revisando la brigada, "los investigadores lo comunicarán inmediatamente de manera que quede constancia de ello y se estará a lo dispuesto por el DAO [director adjunto Operativo] a efectos de coordinación y desarrollo de esas nuevas diligencias de investigación". Además, el nuevo grupo "podrá requerir [...] colaboraciones de miembros del CNP adscritos a otras plantillas". Por último, destaca que "el seguimiento y control de los resultados" de su actividad sera competencia exclusiva del comisario Pino.

Reticencias policiales

La existencia de dicho protocolo ha sido recibido de modo dispar en el seno de la Policía, según ha podido constatar Vozpópuli en las últimas horas. Así, algunos agentes lo vinculan con la instauración en el Cuerpo Nacional de Policía de un control de calidad basado en normas ISO. Para éstos, el objetivo final del BARC no es otro que 'desatascar' casos cerrados o que, pese a seguir abiertos, no avanzan. Sin embargo, desde otros ámbitos de la institución se considera la nueva directriz como un intento de los responsables de la Dirección General de 'blanquear' un grupo policial que existía desde hace algo tiempo en Asuntos Internos y con el que supuestamente "pretenden meter la nariz en cualquier investigación abierta aunque esté bajo control judicial".

El protocolo ha provocado recelos en una parte de la Policía que consideran que lo único que busca es 'blanquear' la actividad de una brigada que podrá "meter la nariz" en cualquier investigación

Es, precisamente, el hecho de que en ningún momento del protocolo se haga mención a la necesidad de una autorización judicial para que la BARC participe en una investigación lo que levanta más recelos, sobre todo porque, como destacan estas mismas fuentes, "ya existen otros grupos dentro de Policía Judicial para revisar casos cerrados o realizar labores de inteligencia con los que abrir nuevas líneas de investigación". Este diario se puso este miércoles en contacto con portavoces de la Dirección General, que declinaron comentar el contenido del documento interno y las funciones que este asigna a la Brigada de Análisis y Revisión de Casos. 

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