Las Diputaciones o cómo conseguir que PP y PSOE se pongan de acuerdo: "Eliminarlas es un disparate"

Las Diputaciones han conseguido lo que hasta ahora parecía imposible: que PP y PSOE se pongan de acuerdo. 'Populares' y socialistas han hecho frente común contra la supresión de estas entidades que el acuerdo de investidura firmado por Pedro Sánchez y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, situó una vez más en el ojo del huracán.

El PP, como era de esperar, salió en tromba en contra de la propuesta de Ferraz con la formación naranja. Desde Génova han hecho de la defensa de las diputaciones una de sus armas más potentes. "Un auténtico despropósito. No es más que una ocurrencia de alguien que no conoce el mundo rural", decía a Vozpópuli el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico. Quizá lo que los 'populares' no se esperaban es que días más tarde encontrarían el apoyo socialista en feudos tan relevantes como Andalucía. La cacareada gran coalición PP-PSOE es un hecho en la Administración local.

Este mismo jueves tenía lugar la firma de una resolución política en el seno de la Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que exige al futuro Gobierno de la Nación que respete a las diputaciones provinciales "para no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales". Al encuentro promovido por el presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, acudieron los presidentes de las diputaciones de Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, y el vicepresidente de Cádiz, todas ellas bajo mandato del PSOE. En representación del PP estuvieron presentes los vicepresidentes de Almería y Málaga. El más rotundo fue el jienense. "Se nos llena la boca de participación y autonomía y se juntan cuatro en una noche y se cepillan las diputaciones", manifestó Francisco Reyes (PSOE), que aprovechó la ocasión para reiterar su "total desacuerdo" con la eliminación de los organismos que controlan el poder territorial en España.

"Ha sido gente del propio PSOE la que ha dado la voz de alarma y ha reclamado que no se pueden suprimir las diputaciones", dice Rico

Asimismo, el presidente socialista denunció que se está "utilizando como chivo expiatorio" a estas instituciones que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos prevé sustituir por consejos de alcaldes para la prestación de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes. El pacto afectaría a 38 de las 51 que existen porque la propuesta es mantener las históricas instituciones forales, cabildos y consejos insulares. En la actualidad, el PSOE gobierna en 18 de ellas, el PP en cinco, CiU en cuatro, el PNV en tres y el Partido Aragonés en la de Teruel. Según el Ministerio de Hacienda, en el último ejercicio se destinaron 25.546 millones de euros para diputaciones, cabildos y consejos contando con las diputaciones forales, que no entrarían en ese plan de supresión. Además, suman un total de 60.696 empleados, 7.000 más que Banco Santander y BBVA juntos. 

Han sido los propios presidentes de diputaciones provinciales del PP, como el de Burgos o el de Málaga, los que han recordado que la "voz de alarma" se lanzó a nivel interno. "No todo el PSOE apuesta por su supresión", subraya Elías Bendodo, presidente malagueño. "Han reclamado que no se pueden suprimir porque conocen el mundo rural. En estos momentos, es imprescindible su presencia", defiende Rico, apuntando a la posible cesión de Sánchez a la presión de Rivera. En el caso de Burgos, la Diputación se ocupa de 368 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que engloban a 110.000 personas. 

"Sería la muerte de muchos pueblos"

Preguntado por si la supresión de los organismos supramunicipales supondría el rejón de muerte para los pueblos pequeños, Rico se muestra rotundo: "Para la mayoría sí". "Los ayuntamientos pequeños no tienen dinero suficiente como para acometer las obras y servicios que gracias a la Diputación hacen todos los años", agrega. El burgalés, en el cargo desde 2011, no se olvida tampoco de que la calidad de vida no sería la misma que en el ámbito urbano. En este sentido, recuerda además de dar calidad en el servicio de agua, alcantarillado o recogida de residuos, uno de los retos aún por materializar es mantener a sus ciudadanos conectados al mundo. "Es una asignatura pendiente. Todavía hay muchos municipios sin cobertura telefónica o sin internet. Estamos haciendo presión política para conseguir tales servicios", remata. 

"La solución no es suprimirlas en absoluto. Las diputaciones prestan un servicio esencial", defiende Bedondo

El presidente de Málaga también se marca como reto continuar con su "esfuerzo inversor", sostiene que en los últimos cuatro años se han invertido 300 millones para la extinción de incendios, el mantenimiento de la red de carreteras o la construcción de infraestructuras deportivas. En su caso, atienden las necesidades de 103 pueblos, siendo el capítulo más importante de su presupuesto el destinado a la asistencia social de los más vulnerables, algo a lo que destinan 49,6 millones de euros.

¿Cementerio de elefantes?

Uno de los grandes males que asolan estos organismos y al que se aferra Ciudadanos para pedir su eliminación es que parte del dinero que debería destinarse a la supervivencia de esos pueblos de menos de 5.000 habitantes, se dedica a pagar a los trabajadores que dependen de ellos. Además, las diputaciones se han convertido, a imagen del Senado, en una especie de cementerio de elefantes para los partidos, que 'colocan' allí a sus dirigentes. Tanto Rico como Bendodo rechazan este tipo de críticas. "Me parece un argumento pueril", dice el burgalés, que sostiene que es una "interpretación muy fácil que no se sujeta conociendo los currículum de quienes actualmente tenemos responsabilidades en las diputaciones". Bendodo reconoce que "se han cometido abusos en el pasado" pero apuesta por no generalizar. "Trabajan miles de funcionarios que realizan una gran labor", remata.

Se pone en duda también el llamado "déficit democrático", ya que sus diputados, al contrario que en otras instituciones públicas, no se eligen de manera directa. Cada provincia se divide en partidos judiciales, que engloba a distintos municipios, y según el número de habitantes, y por tanto, la cantidad de votos, se asignan los diputados provinciales correspondientes.

"No debemos tener miedo a transformar las administraciones", sostiene el presidente de Lugo

Tampoco ayudan casos como el de la Comunidad Valenciana. Los tres exresponsables de sus organismos supramunicipales se encuentran imputados o encarcelados. Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, fue detenido por estar implicado en una trama de corrupción municipal y regional; Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, está en la cárcel por fraude fiscal y el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll se encuentra procesado por el 'caso Brugal', que investiga la manipulación de la gestión de las basuras. El presidente burgalés defiende, sin embargo, que los corruptos "son una minoría" y que se pueden contar "con los dedos de una sola mano". 

"Hay margen para actuar"

Preguntados por si son partidarios de redefinir el papel de las instituciones que presiden, ambos sostienen que no sólo es posible sino necesario. "Se puede hablar, nadie se niega a sentarse", dice Rico. Bendodo apunta que "hay margen para actuar" y que la diputación andaluza está comprometida con tal simplificación para evitar duplicidades y aclarar competencias. El argumento también lo comparte el presidente de Lugo, Darío Campos (PSOE): "No debemos tener miedo a transformar las administraciones, es fundamental para atender las necesidades de los ciudadanos". Renovarse o morir...