Detenido un alcalde de CiU en una operación contra el fraude con el IVA de las gasolinas

Nuevo golpe a un megafraude del IVA en la venta de hidrocarburos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a una veintena de personas por su presunta implicación en una trama dedicada a crear empresas fantasmas para defraudar impuestos en la venta de gasolinas. La operación, que se está desarrollando en Cataluña y Andalucía, incluye el registro de numerosas pequeñas sociedades del sector, entre ellas Petromiralles Group SL, uno de cuyos administradores es Josep Maria Torrens Ferrer, alcalde de CiU en el municipio de Santa María de Miralles y arrestado en la operación, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. Este golpe, uno de los más importantes en la lucha contra estas redes, se produce justo un año después de la Operación Bashnya, realizada por la misma unidad de la Guardia Civil y en la que se desarticularon dos grupos que operaban de modo similar a la ahora descubierta. Aquellas dos tramas habían conseguido defraudar 120 millones de euros al erario en sólo cuatro años.

Según las fuentes consultadas, los ahora arrestados creaban empresas para comercializar hidrocarburos y elaborar presuntamente declaraciones falsas del IVA soportado por éstas para no realizar los pagos de este impuesto correspondientes a los ingresos por las ventas. De este modo, la trama conseguía ofertar a los pequeños distribuidores precios sin competencia que les había permitido empezar a acaparar una parte importante del mercado español. Las investigaciones han permitido comprobar que si la mercantil que utilizaban en el fraude empezaba a ser investigada por la Agencia Tributaria por no pagar los impuestos, los cabecillas la disolvían rápidamente y creaban una nueva que empezaba a operar inmediatamente. "Siempre tenían una compañía en la reserva para ponerla en marcha tan rápido como fuera posible y que el negocio siguiera en marcha", detallan a este diario fuentes cercanas de la investigación. Eso sí, los cabecillas nunca aparecían como propietarios de las sociedades, que estaban siempre a nombre de testaferros.

Pese a la complejidad de la trama, el sistema de fraude era "muy sencillo", según destacan estas fuentes. La red adquiría los hidrocarburos en el mercado internacional, lo trasladaban a España y lo ponían en venta a un precio más bajo que la competencia. Una vez cobradas las partidas, declaraban haber soportado un IVA muy parecido en cuantía con declaraciones fraudulentas y, de este modo, evitaban ingresar ningún dinero en el tesoro público. Cuando eran detectadas las supuestas irregularidades de las empresas por el control de Hacienda, a veces las mantenían operativas durante un breve periodo de tiempo con la promesa de subsanar el error y en otras, sin embargo, cerraban inmediatamente las compañías y abrían una nueva. "No tenían ninguna abierta más allá de un año, el tiempo que se tarda habitualmente en detectar el fraude", señalan estas fuentes. Al poco tenían otra abierta con nuevos testaferros, empleados y sede dispuestos a seguir con el megafraude.

Una empresa familiar

La principal empresa de la trama desmantelada en la operación es, siempre según fuentes cercanas a la investigación, la encabezada por el alcalde de CiU: Petromiralles Group SL, una mercantil surgida a partir de la apertura en 1967 de una estación de servicio en el municipio de Santa María de Miralles, de sólo 133 habitantes censados. Es en esta localidad donde el ahora detenido ejercía como alcalde. Aquella pequeña compañía ocupaba ya en 2011 el puesto número 16 entre los distribuidores nacionales de carburantes por número de puntos de venta, según el último balance de la patronal del sector. De hecho, hace sólo un año varias informaciones periodísticas alababan la trayectoria empresarial de Josep María Torrens y su hermano, Pere, con quien comparte la propiedad del grupo empresarial. De éste dependen ocho compañías de diferentes ramas, aunque con el foco puesto principalmente en la distribución mayorista de petrolio. En el año 2002 Petromiralles fue la primera compañía del país que instaló el primer surtidor del biodiesel en España.

Comunicado de la empresa

La empresa ha emitido el siguiente comunicado: "Ante las informaciones aparecidas en el día de hoy en diferentes medios de comunicación, esta empresa debe manifestar, que desconoce los hechos de que traen causa, así  como el alcance de los mismos, pues en ningún momento la AUDIENCIA NACIONAL ha atribuido responsabilidad alguna a la mercantil o a sus directivos, si bien dicho órgano judicial se  ha procurado información sobre terceros operadores del sector".