Publicado: 22/04/2013 04:00
Altos dirigentes del PSOE, CiU y el PNV han recibido en los últimos días llamadas de importantes bancos, entre ellos del Santander, Caixabank y Kutxabank, para que abandonen la demagogia y se sumen al proyecto de ley que ha elaborado el Ministerio de Economía para amortiguar el problema de los desahucios. En los tres casos, las respuestas a las grandes entidades han sido muy políticas, especialmente la de los socialistas. Sus portavoces del equipo económico han contestado a las llamadas reconociendo que en el sentido de voto a este proyecto de ley priman los intereses políticos y la necesidad de recuperar voto por la izquierda, flanco en el que el PSOE sufre una auténtica sangría. En su actitud ha pesado también la ofensiva lanzada por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, contra los desahucios y su amenaza de expropiar los pisos que queden en manos de los bancos.
Las grandes entidades han querido ayudar al Gobierno a disponer de una amplia cobertura política en el Parlamento para la reforma de la ley Hipotecaria
Estas son las razones últimas, según fuentes solventes, que explican que el PSOE haya cambiado de forma radical en su forma de plantear el problema de los desahucios, dando un giro de 360º. Mientras la ex ministra de Vivienda Carmen Chacón apoyó la creación de juzgados específicos para agilizar los desahucios, el ex ministro de Justicia Francisco Caamaño, el último que ocupó esta cartera en la etapa de Zapatero, se resistió como gato panza arriba a aceptar, por ejemplo, la dación en pago generalizada y con efecto retroactivo. En la etapa del último Gobierno socialista se produjeron 65.000 desahucios anuales, con la crisis galopando ya sobre los ciudadanos.
En cambio, la actual dirección del PSOE ha hecho ahora suya la propuesta de la iniciativa popular, en coherencia también con lo que ha defendido desde Andalucía el Gobierno que preside Griñán. En esta iniciativa y en la defendida por los socialistas se aboga por la dación en pago generalizada y con efecto retroactivo, algo que hubiera puesto en apuros a más de una entidad financiera y también hubiera restringido todavía más la concesión de créditos, se opina en el Gobierno.
Los socialistas se han visto atrapados por la legislación contra los desahucios puesta en marcha por José Antonio Griñán en Andalucía, que les ha obligado a dar un giro radical en sus propuestas
El Ejecutivo y el PP han hecho todo lo posible y lo imposible por no quedar retratados en solitario en la aprobación de esta ley, pues atiende a un problema de gran calado social muy sensible desde el prisma político. Al final, ningún grupo del arco parlamentario les ha acompañado en esta excursión, conscientes de que su apoyo al PP revestiría un gran coste político. En el Senado, donde se tramita ahora el proyecto, no se esperan, pues, enjuagues políticos que permitan al Gobierno salir mejor parado de lo que lo ha hecho en el Congreso, donde solo le ha valido su mayoría absoluta.
En el Gobierno se albergaba la esperanza de que la presión de las principales entidades financieras sobre los partidos de la oposición tuviera su efecto para poder dar así una amplia cobertura política a la reforma de la ley hipotecaria. La mayoría de las entidades financieras interpretan que el PP podría haber ido mucho más lejos si en los cambios legislativos hubiera prevalecido solo su interés político y no la prioridad de mantener la seguridad jurídica que necesita el mercado hipotecario. No ha sido así, se opina con satisfacción en los grandes bancos, ya que ha primado la racionalidad y se ha llegado a un equilibrio en el texto legislativo que conjuga los intereses de todas las partes. Por eso entidades como las ya citadas han intentado facilitar al Gobierno el amparo solicitado, misión en la que no han tenido éxito.
En todos los partidos de la oposición ha primado el interés político en su negativa a respaldar la reforma hipotecaria que ha defendido el PP en solitario en el Congreso
La norma que entrará en vigor en dos meses aporta pasos de gigante para corregir algunas de las lagunas que deja una ley hipotecaria como la todavía vigente, no pensada para tiempos de crisis tan convulsos como los que vive la sociedad española. Entre los avances más significativos figuran la suspensión de los lanzamientos durante dos años para casos de especial vulnerabilidad social y circunstancias económicas adversas que afecten a las familias numerosas, dependientes, enfermos graves o víctimas de violencia de género. También incorpora la posibilidad de que los deudores permanezcan dos años en la vivienda como arrendatarios, amplía a tres meses el plazo de impago de la hipoteca antes de que se active el proceso de desahucio, limita los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero y faculta a los jueces para detener el desalojo ante la presencia de cláusulas abusivas.
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