La desaparición de los defensores del pueblo autonómicos permitiría un ahorro anual de 30 millones

La eliminación de los once defensores del pueblo autonómicos que existen podría suponer un ahorro de más de 30 millones de euros anuales, con un abaratamiento del 33 por ciento del trámite por queja remitida. Esta es la principal conclusión del informe interno que ha manejado la Comisión de Reforma de la Administración (CORA) que se constituyó en Moncloa bajo la dirección de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Defensor del Pueblo de carácter estatal podría asumir las tareas del resto con un mínimo incremento de plantilla, unos 20 técnicos elegidos entre el funcionariado. Así, con 185 personas en plantilla podría hacerse cargo del grueso de las quejas, que el año pasado se elevaron a 70.000, lo que permitiría, además, unos costes mucho más reducidos.

En 2012, los defensores autonómicos, con unas plantillas que suman 346 trabajadores y un presupuesto total de 32,1 millones de euros, atendieron 38.400 quejas, lo que eleva el coste medio por queja a 835 euros. En ese mismo periodo, el departamento que ahora dirige Soledad Becerril, con 165 personas a su cargo y un presupuesto de 14 millones, atendió 33.800 peticiones de amparo de los ciudadanos, lo que supone una media de 414 euros, esto es, casi la mitad que sus compañeros regionales. Pero es que calculan que sólo incrementando en 20 personas la plantilla de Madrid y en 2 millones el presupuesto, podrían atender a esos 70.000 ciudadanos sin gastar más de 228 euros por trámite, esto es, un ahorro del 33 por ciento.

Tienen defensores autonómicos las Comunidades del País Vasco (Ararteko); Cataluña y Valencia (Sindic de Greuges), Galicia (Valedor do Pobo), Andalucia, Asturias (Procuradora General), Aragón, Canarias (Diputado del común), Navarra, La Rioja y Castilla y León. El Gobierno asume la imposiblidad de que las históricas que avengan a la desaparición de una figura que, en muchos casos está recogida en sus estatutos. Hay otras autonomías que lo han eliminado como muy recientemente Castilla-La Mancha para cumplir con los objetivos de déficit.

La Comunidad donde se presentó el número más alto de quejas en 2012 fue Valencia con 11.900; la segunda fue Cataluña, 8.200 y, la tercera Andalucía 7.239.