Un narco y 600 kilos de hachís provocan una bronca entre altos mandos de Policía y Guardia Civil

De éxito policial en la lucha contra el narcotráfico a motivo de trifulca en el Ministerio del Interior. La desarticulación el pasado mes de diciembre en Málaga de una banda internacional dedicada al tráfico de hachís desde Marruecos con la ayuda de 'narco-helicópteros' ha terminado en una nueva bronca entre altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. El incidente obligó a intervenir en persona al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien forzó una reunión de urgencia el pasado 22 de diciembre en el recientemente creado Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en la que participaron los máximos responsables de la lucha contra la delincuencia de ambas instituciones, el comisario Santiago Sánchez Aparicio y el general José Cuasante. El encuentro, desarrollado en un ambiente de gran tensión según fuentes conocedoras del mismo, terminó sin acuerdo y con los agentes de Policía y Guardia Civil manteniendo sus investigaciones por separado.

El desencadenante de la bronca fue la queja por escrito del comisario al 'número 2' de Interior, y que llevó a éste a convocar una reunión el 22 de diciembre entre los altos mandos de Policía y Guardia Civil 

El origen de este nuevo encontronazo entre ambos cuerpos policiales se remonta a diciembre, cuando la Guardia Civil interceptó en la provincia de Málaga un helicóptero cargado con 600 kilos de hachís. Según aseguran a este diario fuentes del Instituto armado, la intervención se produjo tras detectar su radares la salida de la aeronave de suelo español con rumbo a Marruecos y que ésta volvía hacia nuestras costas poco después. Este hecho disparó las alarmas de los agentes de la lucha contra el narcotráfico, que decidieron seguirla e interceptarla cuando tomase tierra. Así ocurrió, tras lo cual la Guardia Civil inició una investigación en la que procedió a hacer varias detenciones más. Un día después, los responsables de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía en la Costa del Sol se pusieron en contacto con el Instituto armado y le recriminaban que algunos de los delincuentes a los que habían arrestado estaban siendo seguidos desde tiempo atrás por ellos dentro de un dispositivo que buscaba desmantelar una trama franco-suiza que suministraba estupefacientes a ambos países europeos. La habían bautizado 'Operación Dron' y tenía como principal objetivo la captura de un importante capo de la mafia gala.

Según algunas fuentes consultas, el roce no llegó entonces a más y ambos cuerpos siguieron investigando cada uno por separado. Sin embargo, el incidente terminó llegando al mismo Ministerio del Interior y, más en concreto, a su 'número 2', Francisco Martínez. El comisario general de Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio, envió un escrito al secretario de Estado de Seguridad en el que criticaba la actuación de la Guardia Civil. La acusaba de haberse inmiscuido en una operación ya en marcha y de haberse saltado varios protocolos de coordinación. La carta llevó a la mano derecha de Jorge Fernández Díaz a convocar de urgencia una reunión en el CITCO bajo la presidencia del que entonces era jefe accidental y que un mes más tarde sería confirmado en el puesto, el comisario José Luis Olivera. A dicho encuentro, que tuvo lugar finalmente dos días antes de la pasada Nochebuena, acudieron el propio Sánchez Aparicio, acompañado del inspector jefe de la UDYCO responsable de la 'Operación Dron', así como el responsable de Policía Judicial de la Guardia Civil, el general José Cuasante, y dos coroneles a sus órdenes, entre ellos el responsable de la Comandancia de Málaga.

"Salidas de tono" y "gritos"

La reunión se desarrolló desde el primer minuto en un ambiente de gran tensión en el que no faltaron los reproches y "las salidas de tono". Una de las fuentes incluso asegura que hubo "gritos" por ambas partes. Otra asegura que "las voces" sólo las dio el comisario. Éste acusó al Instituto armado de hacer 'trampas' al no haber incluido los datos que supuestamente tenía de aquella red de narcotráfico en la base del CITCO, el órgano encargado de coordinar los operativos de ambos cuerpos policiales para que no haya interferencias como la que se produjo. Además, aseguró que los agentes de la Guardia Civil se habían extralimitado al haber actuado en la demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. El general defendió la actuación de sus hombres asegurando que no se introdujo información en el sistema informático compartido porque no había habido una investigación previa que desembocase en la incautación de la droga, sino que todo había surgido tras detectarse el sospechoso vuelo del 'narco-helicóptero'. Además, recalcó que en la lucha contra la delincuencia organizada, como contra el terrorismo, la Guardia Civil puede actuar en cualquier lugar del territorio español.

El comisario acusó a la Guardia Civil de hacer 'trampas' y actuar en la demarcación de la Policía. El general rechazó de plano los reproches y defendió la actuación de los guardias civiles

La reunión acabó sin acuerdo y sin que prosperase la queja del mando del Cuerpo Nacional de Policía, según estas fuentes. De hecho, cada cuerpo siguió sus investigaciones por separado,que terminaron con la detención de nueve supuestos narcos, entre ellos el 'capo' francés, así como varios españoles y un belga, la incautación de la droga y la intervención de dos helicópteros que la banda utilizaba para introducir en Europa el hachís desde Marruecos. De aquella bronca reunión no se levantó el correspondiente acta, según denuncian a este diario fuentes de la Guardia Civil que critican duramente al comisario Sánchez Aparicio por haber elevado su queja directamente al secretario de Estado de Seguridad en lugar de seguir el cauce habitual en estos casos y que pasa, precisamente, por el CITCO. Una circunstancia, esta última, que ell comisario Olivera, jefe del organismo de coordinación, también reprochó al mando de la Policía.

Desde el Instituto armado se insiste en que la operación no había provocado ningún conflicto grave entre los agentes de ambos cuerpos que realizaron las detenciones, sino que la trifulca se originó, precisamente, por la misiva enviada por este mando policial a Interior. Sin embargo, desde la Policía se sigue poniendo en duda la versión de la Guardia Civil y creen que el Instituto armado conoció la existencia del alijo por "una filtración". Por ello, insisten en que la incautación de la droga por su parte fue "una nueva intromisión".  Un narco francés y 600 kilos de hachís tienen la culpa de la nueva bronca.

UN LARGO HISTORIAL DE ENCONTRONAZOS 

La tensa reunión del CITCO se produce después de que en los últimos dos años se hayan sucedido numerosos roces entre Policía y Guardia Civil. El último, el pasado 19 de enero, cuando Vozpópuli desveló la existencia de una nota interna firmada por los responsables del Instituto armado en la frontera de Huesca con Francia en la que se daban instrucciones a las patrullas de la Benemérita para que 'espiasen' lo que hacían en su demarcación los agentes del otro cuerpo desplegados en labores de extranjería. El incidente provocó que los sindicatos de policía enviasen a Mariano Rajoy una queja por escrito.

El origen de este enfrentamiento, que va más allá de la rivalidad, se remonta a febrero de 2013, cuando agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid. El suceso se produjo cuando los guardias civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía acceder al mismo alegando que la competencia del caso correspondía al Instituto armado. La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue la Benemérita quien se encargó de analizar el objeto que resultó finalmente inofensivo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden.

En diciembre de ese mismo año volvieron a sonar los tambores de guerra. La firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia provocó un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se consideraba que con este convenio se invadía un ámbito de su competencia. En este caso, las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países. El malestar fue aún mayor porque no se tuvo noticia del mismo hasta que el Ministerio colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferentes ámbitos de la Policía se calificó entonces este episodio como el ejemplo más claro de la supuesta política de Jorge Fernández Díaz por favorecer al Instituto armado.

Más recientemente, en mayo de 2014, un aparentemente inofensivo acto protocolario celebrado en Madrid con motivo del Día de la Seguridad Privada desembocó en una nueva gresca. La decisión de Interior de dar en el mismo un importante protagonismo a los representantes del Instituto armado provocó la airada reacción de los representantes sindicales de los policías, que interpretaron la decisión del Ministerio como una prueba más de que el Gobierno del PP restringía "lenta e inexorablemente" su ámbito competencial. Los cuatro sindicatos de la Policía enviaron entonces al propio Fernández Díaz una carta criticando duramente el desarrollo del evento. 

La operación que permitió detener en mayo del año pasado a seis presuntos yihadistas que reclutaban desde Melilla voluntarios para ir a la guerra de Siria también provocó roces. El equipo de Jorge Fernández Díaz forzó a ambos cuerpos a unificar las operaciones independientes que llevaban cada uno sobre la misma 'célula'. Al final, Interior presentó los arrestos como un nuevo éxito de la cooperación, pero fuentes conocedoras del desarrollo de la 'Operación Javer' destacaron entonces a este diario que las tensiones se terminaron traduciendo en que cada cuerpo presentó sus propias diligencias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que fue el que dirigió la investigación.