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España

Montoro sigue mimando al sector público: convoca 950 plazas frente a las 641 previstas

El ministro ya anunció que se les devolverían días de asuntos propios a los funcionarios

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha vuelto a hacer un guiño a los funcionarios ahora que se acercan las elecciones europeas y que el horizonte para las generales de 2015 empieza a acortarse. Después de hacer público que les devolvería el segundo 'moscoso' que les quitó, ha adelantado este martes que el Gobierno convocará una nueva oferta de empleo público de 950 plazas, frente a las 641 previstas inicialmente, más que las ofertadas el pasado año y, además, irá acompañada de una reforma de los procesos selectivos para premiar la experiencia laboral y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Durante la presentación del informe de la OCDE sobre la reforma de las administraciones públicas en España, el ministro ha señalado que se convocarán 238 plazas nuevas en la Agencia Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude y 210 efectivos más en la escala de funcionarios locales, así como un número "importante" de plazas reservadas para promoción interna en los Cuerpos de la Administración del Estado.

Así, Montoro ha apuntado que se reforzarán los empleados públicos de aquellas áreas que se consideran "prioritarias", como es el caso de la Agencia Tributaria, que se dotará de personas en departamentos "excedentarios".

Según el ministro, Hacienda quiere también potenciar la movilidad del personal público, tanto en la carrera profesional como entre ministerios y en otros departamentos. "Se suele decir que los recursos humanos son el recurso fundamental. Lo es también en la Función Pública, donde adquieren un singular protagonismo los funcionarios, elemento fundamental", añadió.

En su opinión, la nueva oferta de empleo público que se aprobará próximamente es una "buena muestra" de la línea de actuación del Gobierno, que ha incrementado las plazas frente al año anterior, porque la crisis no debe suponer "descapitalizar" al Estado, lo que sería un "error tremendo", sobre todo teniendo en cuenta la "alta cualificación" de la Función Pública española.

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