Publicado: 09/09/2015 04:00
El Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió el pasado martes aprobar de forma definitiva la supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Órgano que se había convertido en un retiro dorado para los expresidentes de Madrid, y otros recomendados, donde cobraban 8.500 euros por ir cuatro mañanas al mes.
En las reuniones se despachaba con los técnicos los análisis que habían hecho los funcionarios de leyes, y resto de legislación, y se devolvían los proyectos a la Puerta del Sol para su aprobación definitiva. En realidad, se había convertido en una manera de agradecer los servicios prestados, pues en el caso de los expresidentes incluía coche y secretaria. El coste total de este organismo ascendía de 2,3 millones al año.
Juristas señalan que hubiera sido mejor mantenerlo sin políticos, ya que su eliminación podría convertir en ilegales muchas de las leyes que se aprueben en la región
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, apoyada por el grupo parlamentario de Ciudadanos, y también por el resto de la oposición, tenía claro que había que terminar con este órgano refugio de ex altos cargos. Y así lo anunció desde su primera comparecencia pública. Sin embargo, juristas de reconocido prestigio señalan que hubiera sido mejor mantener un Consejo Consultivo profesional sin intervención de los políticos, ya que su eliminación podría convertir en ilegales muchas de las leyes que se aprueben en la región.
"Nos podemos meter en un lío importante"
Existe mucha legislación que habla de que las leyes se aprobarán, tras la consulta del Consejo de Estado, o su órgano autonómico correspondiente. “Si hay alguien que recurre nos podemos meter en un lío importante”, decía un conocido jurista que conoce la Administración. Por ello, Cifuentes ha decidido que las funciones que realizaba este organismo -la preceptiva consulta de las leyes- sean asumidas por una Comisión Jurídica de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Y las reclamaciones contra actos en materia de acceso a la información pública, que también eran estudiadas por este ente, pasaran a ser trabajo para el Tribunal Administrativo de Contratación.
En el Consejo de Estado no ha pasado desapercibida la medida. Algunos consejeros creen que si finalmente los proyectos de Ley tienen que pasar por esta institución -como finalmente parece que sucederá- se producirá un atasco importante. Además de Madrid, parece que Valencia y Extremadura estarían pensando en suprimir el mismo organismo por lo que el tapón se multiplicaría por tres.
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