Publicado: 15/02/2016 04:00
La XI Legislatura ya tiene negros nubarrones de corrupción cuando se acaba de cumplir el primer mes de constitución de las Cámaras. De los 350 diputados que componen el Congreso de los Diputados, cuatro tienen en el horizonte problemas judiciales. De ellos, una parlamentaria del PP, la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y exsenadora María José García-Pelayo, ya tiene fijada la fecha en la que deberá comparecer en el Tribunal Supremo como imputada (investigada, según la nueva terminología impuesta por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por su presunta implicación en la llamada trama jerezana del 'caso Gürtel'. Los otros tres han visto cómo durante las últimas semanas otros tantos jueces han iniciado los pasos previos para remitir las causas en las que se han visto salpicados a este mismo órgano judicial o han hecho públicos escritos en los que dejan claro que si aún no están encausados no es por falta de indicios, sino por su condición de aforados. Son los 'populares' Pedro Gómez de la Serna, enviado al Grupo Mixto por su propio partido, y Oscar Clavell. A ellos se une el socialista Antonio Gutiérrez Limones, quien además es alcalde en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.
La diputada 'popular' García-Pelayo está citada a declarar como 'investigada' el próximo 22 de febrero en el Tribunal Supremo por una pieza separada del 'caso Gürtel'
El caso de García-Pelayo es el que viene de más lejos en el tiempo, como el aforamiento de ella. De hecho, la que también fuera alcaldesa de Jerez de la Frontera hasta los comicios municipales del pasado mes de mayo no ha podido ser imputada antes de jurar su cargo como diputada por la provincia de Cádiz porque antes de concurrir a las elecciones ya estaba aforada. Era senadora y, además, cuando se disolvió el parlamento por las elecciones del 20D su partido la incluyó en la Diputación Permanente de la Cámara Alta por lo que conservó su protección judicial. Los hechos por los que se la investiga se remontan a hace doce años. En concreto, a la última semana de enero de 2004, cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, dependiente del consistorio que ella encabezaba, firmó varios contratos con sociedades de la trama Gürtel para el montaje de un pabellón en FITUR de aquel año por un valor de 214.027 euros.
Según destacó el juez José de la Mata en la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo para que éste asumiera la investigación sobre García-Pelayo, los expedientes de aquellos contratos se tramitaron incumpliendo los estatutos y sin ser aprobados por el Consejo Rector sino directamente por la exalcaldesa. Para el magistrado "todos estos actos y decisiones (...) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso". "Toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas", añadía el magistrado. El Supremo aceptó abrir la causa contra la ahora diputada por un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público. El próximo 22 de febrero está citada a declarar por primera vez.
Apoyo explícito del PP
También en la bancada 'popular' se sienta Óscar Clavell, elegido por la provincia de Castellón y que también ocupaba una alcaldía, la de Vall d`Uxó, hasta las elecciones del pasado mes de mayo. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules dictó la pasada semana el auto de transformación en procedimiento abreviado como paso previo para remitir al Supremo la causa en la que se investiga el pago de 707.000 euros a una empresa contratada para la limpieza viaria con el informe en contra de los técnicos municipales. Cuando ocurrieron los hechos, el ahora parlamentario ejercía el papel de primer edil en funciones y la magistrada considera que "pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio" advirtió a Óscar Clavell de que éste "no se estaba ejecutando correctamente [...] validó personalmente su aptitud para el cobro, lo que permitió el abono de las mismas". Por ello, considera que ha incurrido en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales.
El PP ha mostrado su apoyo a Óscar Clavell, el último incorporado a la lista de 'diputados con problemas judiciales', al considerar que su caso no es corrupción
Tras conocerse la noticia, el diputado por Castellón tardó poco en anunciar públicamente que, pese a todo, sólo dimitiría si se decreta la apertura de juicio oral. No obstante, también recalcó que no estaba para "crear problemas a nadie ni a nada", por lo que se mostró a "entera disposición" del partido y dispuesto a acatar lo que Génova 13 decidiera al respecto. "Si decide que debo marcharme, renunciaré a todos los cargos", dijo. Por ahora no hará falta. Horas después, Rafael Hernando, portavoz 'popular' en el Congreso, alejaba esta posibilidad y aseguraba el aforamiento de su correligionario. "No es un caso de corrupción, sino una situación de discrepancia en relación con un informe de un ayuntamiento. Es un caso administrativo", aseguró.
Los 'pelotazos' de Gómez de la Serna
Totalmente distinta ha sido la actitud del partido con el tercer diputado elegido el pasado 20D en sus listas, Pedro Gómez de la Serna, quien fue excluido del grupo parlamentario tras salir a la luz las comisiones que presuntamente cobró como asesor de empresas españolas en el extranjero mientras era diputado en la anterior Legislatura. Los pasados 11 y 12 de enero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, el mismo que remitió al Supremo la causa de García-Pelayo, dictaba sendos autos por los que admitía la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y ordenaba el registro de viviendas de siete personas y las sedes de otras tantas empresas, además de incluir referencias a más sujetos y mercantiles supuestamente relacionadas con las actividades del polémico parlamentario y el exembajador en la India y también destacado miembro del PP, Gustavo de Arístegui.
Un auto del juez De la Mata abre la puerta al aforado Gómez de la Serna a acudir a declarar de modo voluntario a la Audiencia Nacional. Aún no lo ha hecho
El listado de implicados recogido en aquellos escritos del magistrado lo encabezaba el propio Gómez de la Serna, dada su condición de administrador único y accionista mayoritario de la consultora Scaradovi SL, clave en la trama investigada. En los autos el juez ya destacaba que aún no podía actuar contra el político dada su condición de aforado aunque abría la puerta a que el diputado por Segovia acudiese a declarar de manera voluntaria. Hasta ahora no lo ha hecho. En la causa, que permanece secreta, se investigan, entre otros, dos millonarios pelotazos de 230 y 250 millones para construir una planta desaladora y un tranvía en Argelia en las que presuntamente se pagaron sobornos a altos funcionarios del país norteafricano. El juez De la Mata cree que existió un delito de corrupción entre particulares y "otros conexos".
"Favorecer, facilitar y fomentar"
El cuarto diputado salpicado por la corrupción se encuentra en la bancada socialista. Se trata de Antonio Gutiérrez Limones, hasta la pasada Legislatura senador y desde 1995 alcalde de Alcalá de Guadaíra. Es precisamente el desempeño de este último cargo público el que ha colocado en problemas judiciales al parlamentario del PSOE. El pasado mes de enero, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de este municipio sevillano, Javier Francisco Alba, inició el trámite para pedir al Tribunal Supremo que investigase al diputado por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. El informe de más de 300 folios de la Guardia Civil en el que apoyaba su decisión el magistrado concluía que la supuesta actuación del político andaluz fue clave para "favorecer, facilitar y fomentar" las irregularidades detectadas en las cuentas de una empresa pública del municipio.
Tres informes de la Guardia Civil salpican al socialista Gutiérrez Limones en las supuestas irregularidades de una empresa municipal de Alcalá de Guadaíra
El caso que ahora pone contra las cuerdas al parlamentario por Sevilla se había iniciado en junio de 2013 por una denuncia presentada por el PP local relativa a supuestas irregularidades en los gastos de una sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. La denuncia contenía una grabación en la que el entonces contable de dicha empresa hablaba de la supuesta financiación de gastos particulares de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde entre los beneficiados. En estos dos años de investigación, los agentes del Instituto armado han realizado tres informes sobre los avances de las pesquisas, incluido el que ha provocado la reciente decisión del juez Alba de iniciar el proceso para enviar la causa al Supremo. En los tres análisis de la Guardia Civil el nombre de Gutiérrez Limones figura en numerosas ocasiones. Él, mientras tanto, sigue en su escaño... como los otros tres diputados de la Legislatura llamada a ser de la regeneración.
Y RITA BARBERÁ EN EL SENADO
El Senado tampoco se libra de tener entre sus 'señorías' a personas amenazadas por una investigación judicial. La que fuera alcaldesa de Valencia hasta el pasado mes de mayo, Rita Barberá, se encuentra en el ojo del huracán provocado por la 'Operación Taula' de la Guardia Civil que hace unas semanas se saldó con 24 detenciones y medio centenar de imputaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de diferentes administraciones y por el presunto blanqueo de parte de las 'mordidas' para financiar la campaña electoral del PP en la ciudad del Turia de los últimos comicios locales. Obligada por su partido a abandonar la presidencia de la Comisión Constitucional de la Cámara Alta, su aforamiento está blindado aunque se convoquen nuevas elecciones por la decisión del PP de incluirla en la Diputación Permanente.
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