La crisis y los pecados capitales del español medio

“El buen funcionamiento de los Consejos de Administración es clave para la competitividad de las empresas y de la economía”. La sentencia pertenece a John Scott, presidente de KPMG España, y fue pronunciada en la apertura de un denominado “II Foro Anual del Consejero” que esta semana ha tenido lugar en Madrid. Descontextualizada, no pasaría de ser un ejemplo más del infinito forraje teórico que diariamente se sirve en todo tipo de soportes para alimento de quienes gambetean en torno a la empresa española. El diario El País, uno de los organizadores del evento, incluía en la reseña del mismo una foto de los empresarios asistentes cuyo pie rezaba de esta guisa: “El Buen Gobierno como factor de crecimiento”. Lo llamativo del caso es que, en primer plano de la misma, aparecía la figura oronda, bigote incluido, de José Folgado, presidente de Red Eléctrica de España, quien, además de haberse hecho un Consejo a su medida, ha colocado en REE a un buen número de antiguos concejales y cargos de confianza que tuvo en el Ayuntamiento de Tres Cantos, del que fue alcalde antes de ser premiado por el Gobierno Rajoy con la presidencia del operador del sistema eléctrico español.

El antiguo secretario de Estado de Economía con Aznar ha hecho más: ha “estirado” el reglamento del Consejo hasta dislocarlo para poder seguir en el machito (700.000 euros año), en vista de que este abril cumple los 70, edad que marca dicho reglamento como límite para ocupar la presidencia. Este diario ha publicado los manejos del expolítico en REE, poca cosa comparada con las “hazañas bélicas” que a diario ocurren en la gran empresa española, y la reacción del interfecto con Vozpopuli ha sido la que se pueden imaginar. La de todo empresario, grande o mediano, cuando un medio de comunicación le saca los colores. La que cabe esperar de un país en el que, casi 40 años después de la muerte de Franco, la democracia no ha entrado en la empresa, es ajena a la vida de la empresa y al comportamiento de sus gestores, ello de acuerdo con una serie de pautas regladas que en los países de libre mercado y larga tradición democrática se resumen en eso que se ha dado en llamar “Código de Buen Gobierno” y que incluye, entre otras cosas, un escrupuloso respeto a la voluntad de los accionistas reunidos en Junta General, además del cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, fiscal y medioambiental.  

Casi 40 años después de la muerte de Franco, la democracia no ha entrado en la empresa

“El Gobierno corporativo está muy mal”, resumió en ese foro un tipo con prestigio como Juan Béjar, consejero delegado de FCC. La pura realidad es que no está. En España, y salvo excepciones, sólo existe el Mal Gobierno Corporativo. Todo funciona al libre albedrío y plena satisfacción de los sátrapas que ocupan las cúpulas de las sociedades, a menudo pasándose por el arco de sus caprichos la voluntad de los dueños del capital, siempre de espaldas a la exigencia de transparencia, la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades cuando un escándalo les estalla en las manos. No obstante lo cual, la literatura en torno al Gobierno Corporativo es tan copiosa, tan farragosa, tan vacía de sentido, en el fondo tan falsa y tan inútil, que sería capaz de inundar valles y quebradas de este país curado de espantos. Literatura basura. Lo decía días atrás Elisa de la Nuez en El Mundo (“La corrupción engendra corrupción”): nuestras instituciones “tienen que atender las recomendaciones internacionales para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, pero quieren hacerlo intentando no comprometer el sistema clientelar subyacente”, es decir, evitando identificar sus causas para erradicarlas y penalizar a sus responsables. Lo que vale para las instituciones políticas vale igualmente para las empresas, en particular para las del Ibex. ¿El resultado? Esquizofrenia.

La dureza de la crisis que soportamos ha sacado de nuevo a flote comportamientos y actitudes que, perfectamente enmascarados aunque no desaparecidos en los días de abundancia, han salido a relucir con la crudeza típica del malthusianismo que impone la escasez: el amiguismo, la arbitrariedad, el nepotismo en la empresa, cuando no la simple y cruda rapiña. En unos años en que los recortes sociales han puesto a mucha gente en el límite de la subsistencia, una serie de grandes y medianos gestores, muchos de los cuales viven de la tarifa o la concesión pública, siguen disfrutando –y publicitando- de escandalosas remuneraciones, jubilaciones, fondos de pensiones, etc. Los ejemplos llenarían tomos. Este mismo viernes Vozpopuli publicaba el caso de NH Hoteles, que el año pasado obsequió a Rodrigo Echenique, su presidente no ejecutivo, con una “retribución adicional” (aún no especificada) y de carácter “extraordinario” en “reconocimiento de su excepcional labor como presidente” de la compañía, después de que el grupo hotelero se anotara unas pérdidas de cerca de 40 millones de euros. Nada menos que 163 directivos del BBVA –lo contó aquí Miguel Alba- se han asegurado en la última Junta un “bonus” de 70 millones, equivalente al 200% de su sueldo fijo. Emilio Botín y Francisco González ganan 45 veces más que el sueldo medio de las plantillas de Santander y BBVA.

Las “revolving doors” siguen funcionando a todo trapo

Este viernes supimos también que el Santander ha fichado al exsecretario de Estado de Economía José Manuel Campa, 'número dos' que fue de la exministra Elena Salgado, en un nuevo y flagrante ejemplo de esas revolving doors tan habituales entre la alta política y la gran empresa española, una especialidad que se presta a todo tipo de sospechas de corrupción y que convierte el manoseado Gobierno Corporativo en papel mojado. ¿Lo ficha Botín por sus conocimientos sobre el funcionamiento de los mercados financieros o para agradecerle un favor concedido al banco en los días en que el político tenía acceso al BOE? Es una sospecha que, por muy brillante que sea el currículum de Campa, tiene derecho a hacerse Juan Español. Semilla de corrupción. Su jefa, la Salgado, lleva tiempo abrevando en aguas de Endesa, empresa que el Gobierno socialista privatizó al grupo público italiano Enel, donde también pasta otro ex ministro socialista, Pedro Solbes, sin olvidar casos tan conocidos como los de José María Aznar en la propia Endesa, y de Felipe González en Gas Natural.

El caso del sevillano es revelador del grado de perversión alcanzado por el encame que en este país practican alta política y gran empresa. El sevillano anunció que dejaba el consejo de GN porque “se aburría”. Ayer supimos, lo contaba aquí Baltasar Montaño, que ha aprovechado una triquiñuela legal para seguir al menos un ejercicio más, a razón de 126.500 euros, con lo que, al final del mismo, se habrá embolsado unos 630.000 euros en 5 años por asistir a 11 reuniones del Consejo al año. Más flagrante aun, por lo que tiene de desafío a una institución como la Justicia, es lo ocurrido con Rodrigo Rato, hombre fuerte de los Gobiernos Aznar, a quien, a pesar de estar imputado en el caso Bankia, han “recogido” con cariño en Telefónica, en Santander y, hace muy poquito, en La Caixa. Sencillamente Rodrigo es “uno de los nuestros”. ¿Por qué necesitan las empresas del Ibex fichar ex ministros y altos cargos? A veces, las más flagrantes, lo hacen en pago a servicios prestados, pero otras como una forma de enviar un mensaje directo y nada subliminal a sus sucesores en el cargo, algo así como una advertencia de que, si se portan bien, cuando lo abandonen serán “arrecogíos” con un cómodo puesto bien remunerado. Hace unos días, el presidente de una empresa energética del Ibex descargaba su enfado contra uno de sus asesores. Se acaba de enterar de que Enagás había incorporado de golpe a su Consejo a 5 prominentes peperos (entre ellos las ex ministras Ana Palacio e Isabel Tocino): “Tú me estás frenando, que si no es prudente, que si tal, que si cual, y mira éstos cómo fichan…” 

Enchufismo, amiguismo y relaciones sociales son hoy la mejor manera de conseguir un empleo en el sector privado

Lo hacen, además, porque el coste de imagen es mínimo, intrascendente. Es este un ejemplo palmario de cómo la gran empresa española sigue viviendo de espaldas a los usos y costumbres imperantes en países democráticos de nuestro entorno. Son comportamientos que contaminan el funcionamiento de las instituciones y expanden en derredor un insoportable aroma a nepotismo. La desvergüenza propulsada por la crisis y la discrecionalidad y falta de transparencia en la toma de decisiones, está presente hoy en todos los ámbitos de la vida española. Hace unos meses, la hija y el yerno del presidente de la Sección II de la Sala Tercera del Supremo (contencioso-administrativo), el magistrado Rafael Fernández-Montalvo, fueron designados letrados del Gabinete Técnico del alto tribunal, ganando unas plazas a las que aspiraban más de un centenar de profesionales, muchos con más experiencia y mejor currículum que los agraciados. Escándalo. Esta misma semana, un catedrático de la Rey Juan Carlos relataba haber recibido la llamada de un abogado amigo, con un mensaje de un conocido notario de Madrid íntimo suyo. El notario quería –en realidad quiere- que el cátedro apruebe a su hijo la asignatura que imparte sin necesidad de presentarse a examen, porque el hijo reside ahora en los Estados Unidos.  

Los pecados capitales del español medio

La crisis ha sacado también a relucir algunos de los pecados capitales del español medio. El enchufismo, el amiguismo y las relaciones sociales son hoy la mejor manera de conseguir un empleo en el sector privado y, hasta cierto punto, es casi la única manera de lograrlo en un sector público donde, por encima de la competencia profesional, la experiencia y la capacidad de trabajo, prima la lealtad (“pero éste… ¿Es de los nuestros?”) al partido y al responsable político que lo ha nombrado. Esta barrera ideológica, este camino de servidumbre típico de los tiempos de Romanones, se refleja, por lo demás, en un mal funcionamiento de ese sector público que los ciudadanos pagan con sus impuestos. En el mismo sentido, la colusión de intereses existente en España entre política y finanzas, entre poder político y poder económico, la no separación entre lo público y lo privado, se traduce en una dificultad a veces extrema para lograr un contrato con la Administración sin acudir al conseguidor de turno, al hombre bien relacionado capaz de engrasar las cosas, recolocar los expedientes y acelerar la toma de decisiones. Los tiempos se agilizan si uno pertenece a un grupo, una familia o un partido. El compadreo reemplaza a la Ley. El llanero solitario está perdido.

Volvemos al punto de partida del drama español: la baja calidad de nuestra democracia, propiciada, entre otras cosas, por la falta de controles, la ausencia de contrapesos a la acción del Ejecutivo, los famosos “check and balances” de la constitución americana, cuyos padres, como recordaba días atrás Juan Luis Redondo -“¿Crisis de la democracia o crisis del buen gobierno?” (hayderecho.com)-, tanto empeño pusieron en “instaurar una arquitectura institucional que protegiera a los Gobiernos de su propio poder”. En ausencia de esos controles, los Ejecutivos que se han sucedido en España de 1978 a esta parte se han acogido al modelo “winner takes all” imperante en países como Egipto, Ucrania o Rusia. Salir de la espiral de corrupción a gran escala a que conduce ese modelo equivale a tomar conciencia de la necesidad de no votar a los partidos que no hagan de la lucha contra la corrupción, empezando por la institucional, el santo y seña de sus programas de gobierno.