Publicado: 16/01/2015 14:58
El Código Penal denegará la libertad condicional a los condenados por delitos de corrupción que no hayan devuelto antes el dinero sustraído a las arcas públicas, pero seguirá considerando el delito fiscal a partir de 120.000 euros y no de 50.000 como había solicitado la oposición. En el segundo día del debate de la reforma del Código Penal ante la Comisión de Justicia del Congreso -un año y cuatro meses después de su aprobación por el Gobierno-, el PP ha calificado de "imprescindibles" el paquete de medidas de lucha contra la corrupción que demuestran el interés del Gobierno por "no dar tregua a los corruptos".
Así, el diputado popular Leopoldo Barreda ha avanzado un acuerdo con los socialistas por el cual los condenados por delitos contra la administración pública "deban cumplir sus responsabilidades pecuniarias y reparar el daño causado antes de acceder a la libertad condicional", es decir, se les denegará si no devuelven el dinero sustraído de las arcas públicas.
Desde el PSOE, han considerado "insuficientes" las medidas anticorrupción impulsadas por el PP al denunciar que la financiación ilegal de los partidos que se incluye en el texto no castigará con pena de cárcel sino multa las donaciones ilegales de menos de 500.000 euros. El socialista Pedro de la Rocha ha lamentado que el PP no aborde cambios en los delitos fiscales, que están "presentes" en la vida política española como demuestran, ha citado, la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP madrileños Francisco Granados o el expresidente catalán, Jordi Pujol.
Por ello, ha propuesto bajar el tipo de 120.000 a 50.000 euros para considerar el delito fiscal y evitar así las diferencias que existen entre los ricos y pobres. "Los ricos tienen que defraudar 120.000 al año pero el pobre o parado comete delito desde el primer euro", ha explicado.
"Cadena perpetua encubierta"
La oposición también ha rechazado la prisión permanente revisable que introduce la reforma, al calificarla de una "cadena perpetua encubierta". El PP ha refutado esas críticas explicando que solo se aplicará en casos de extrema gravedad y que está avalada por los órganos consultivos del Estado.
En términos generales, los populares han defendido la reforma del Código Penal por considerarla "necesaria" para hacer frente a los nuevos fenómenos de criminalidad, si bien la oposición ha tachado el texto de "populista", por suponer un "retroceso" en el sistema penal español e incorporar medidas con claros "tintes ideológicos". En un debate dividido en cinco bloques y con más de 900 enmiendas -337 de las cuales han sido aceptadas o transaccionadas- la prisión permanente revisable ha sido el principal objeto de las críticas de los portavoces, que han advertido de las "dudosa" constitucionalidad de la medida.
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