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España

Los altos cargos se gastan 2,5 millones de euros al año en utilizar coches oficiales "adicionales"

Uno de los coches del Parque Móvil del Estado subastados por el Ministerio de Hacienda el pasado mayo.

Es un servicio que existe y que tiene especial demanda, pero que suele pasar inadvertido cuando se habla del uso de los coches oficiales por parte de altos cargos del Gobierno. Con la reforma puesta en marcha por Hacienda a primeros de año, un buen número de ellos dejó de tener vehículo oficial fijo, en concreto todos aquellos con rango inferior a subsecretarios. Así, las necesidades, por ejemplo, de los directores generales pasaron a depender de los “recursos disponibles” del Parque Móvil del Estado (PME). Pese a esta reducción en la utilización de coches oficiales asignados o fijos, costeados con el presupuesto del PME, todavía se mantiene un importante gasto en vehículos “adicionales”, aquellos que contrata cada ministerio, con cargo a sus propias cuentas, para “incidencias” e imprevistos.

En concreto, según fuentes del PME, el Ejecutivo popular cerrará el presente año con un desembolso de 2,51 millones de euros en la contratación de tales “servicios extraordinarios”, cuantía que va a las arcas del Parque Móvil del Estado. Se trata de un importe que aún resulta elevado, pues con esta cantidad habría para pagar el combustible que gasta la flota del PME (actualmente 673 vehículos) durante dos años (el consumo de carburante al concluir 2013 será de 1,21 millones).

Según el texto de la reforma del Gobierno sobre el funcionamiento del PME, además de los servicios de representación y los ordinarios, también se prestan aquéllos, que “con carácter extraordinario y de manera específica y ocasional, demanden los destinatarios de los anteriores servicios, mediante la oportuna contraprestación económica, imputable al presupuesto del órgano o entidad peticionaria del servicio”.

“La cultura de compartir coche oficial aún no tiene calado” en la clase dirigente española, sostienen fuentes del Parque Móvil del Estado

Tras la próxima subasta de autos prevista para mayo de 2014, el PME cerrará su plan de ajuste con una flota reducida a las 652 unidades. A la hora de repostar, los coches del PME y del resto de la Administración General se benefician de una reducción de casi un 2% por litro respecto al precio que paga cualquier particular.

Las mismas fuentes de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, apuntaron que “la cultura de compartir coche oficial aún no tiene calado” en la clase dirigente española. No obstante, es cierto que los departamentos gubernamentales recurren cada vez menos a este tipo de coches extra, con el consiguiente ahorro que ello supone (algo más de un millón en el periodo 2011-2013).

Supeditados a “la ética y la estética”

Según estas fuentes del PME, no existe por parte de la Administración General ningún tipo de inspección de los trayectos, a fin de comprobar si el uso del coche oficial se ciñe estrictamente a la actividad laboral o se infringe la cortesía con una utilización privada del mismo para cuestiones de ocio y recreo. “Estamos sujetos a la ética y la estética”, subrayan.

Los únicos ojos con que cuenta este organismo para ejercer cierta vigilancia sobre los usuarios son los conductores, que suelen informar a sus superiores de aquellas conductas inapropiadas y poco decorosas que observan. Los directivos del PME realizan luego las gestiones oportunas para evitar que se repitan tales comportamientos.

No obstante, los vehículos llevan incorporado un localizador, que permanece conectado en todo momento a la central. También tienen este dispositivo, por supuesto, los 62 coches blindados que aún mantiene a punto el PME. Entre las más altas instituciones del Estado, la asignación es la siguiente: ocho la Casa Real (Rey, Reina, Príncipe e Infantas), dos el presidente del Gobierno, uno el presidente del Tribunal Constitucional, uno el presidente del Tribunal Supremo, uno el presidente del Congreso, uno el presidente del Senado, uno el presidente del Consejo de Estado, uno la Defensora del Pueblo, uno el Fiscal General del Estado, uno el presidente del Tribunal de Cuentas y uno para cada expresidente del Gobierno.

También reciben esta prestación todas las autoridades internacionales que llegan a España en visita oficial. Por ejemplo, el desplazamiento que hizo la pasada semana el presidente de Francia, François Hollande, desde el aeropuerto hasta el Palacio de la Moncloa lo efectuó en uno de estos blindados.

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