España Ciudadanos pide a Hacienda que reclame los 2.800 millones de la amnistía fiscal antes del 30-N

El partido de Albert Rivera presenta una proposición no de ley en el Congreso para exigir el cumplimiento de esta medida, incluida en el extinto pacto entre populares y naranjas. "El Gobierno está en funciones, pero no lo están ni Hacienda, ni la Agencia Tributaria", subraya el diputado Francisco de la Torre.

Pese a que el pacto de investidura entre populares y naranjas decayó el pasado viernes, Ciudadanos ha querido recuperar uno de los principales compromisos arrancados al PP: la exigencia de los 2.800 millones "perdonados" a los defraudadores en la amnistía fiscal de 2012 ejecutada por el ministro Cristóbal Montoro (se les aplicó un gravamen del 3% cuando debió ser, según el partido naranja, del 10%).

Con el propósito de que esta medida, una de las 150 consensuadas "para mejorar España", no caiga en saco roto por la amenaza de prescripción el próximo 30 de noviembre, la formación de Albert Rivera ha presentado este miércoles una proposición no de ley en Congreso de los Diputados. A las puertas del registro, el parlamentario Francisco de la Torre ha subrayado que "el Gobierno está en funciones, pero no lo están ni Hacienda, ni la Agencia Tributaria".

Fuentes de la negociación del pacto entre PP y C's informaron a este diario que los populares, superadas las diferencias sobre aspectos legales, habían dado su palabra de que comenzarían a reclamar tales cantidades desde el mismo momento en que hubiera nuevo Gobierno. Sin embargo, al no prosperar la investidura de Mariano Rajoy, tal actuación ha quedado en el aire. A ello se une que esta PNL, de salir aprobada, no supondrá ningún mandato al Ejecutivo mientras permanezca en funciones. Ya ocurrió en la anterior legislatura en la que C's presentó una iniciativa en el mismo sentido y tuvo el visto bueno de la Cámara con excepción de los votos de la bancada popular.

C's recuerda que "esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso, pero todavía no lo ha resuelto" 

El texto registrado este lunes destaca que "el acuerdo de investidura firmado el 28 de agosto de 2016 entre el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos recogía en su punto seis: 'Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria". Dado que el plazo para la presentación de las declaraciones y el ingreso de esta regularización extraordinaria venció el 30 de noviembre de 2012, apunta C's, "esto supone que, cuatro años más tarde, el 30 de noviembre de 2016 prescribirán las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes".

La formación centrista también recuerda que "esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso, pero todavía no lo ha resuelto". De este modo, señala la iniciativa, "para asegurar la efectividad de la decisión del TC es preciso que las situaciones jurídicas no hayan adquirido firmeza". "Esto sólo ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de que prescriban las obligaciones tributarias de los defraudadores", insiste.

Anulación de instrucciones internas

Por todo ello, Ciudadanos pide a la Cámara baja que emplace al Gobierno a iniciar ya una revisión de aquella amnistía para "garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria". Además, se insta al Ejecutivo a que "anule las instrucciones internas de la Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el Informe de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012".

Con esos 28.000 millones más el dinero que reportaría una racionalización de estructuras en la Administración (también en diputaciones) y sobre todo con la recaudación del Impuesto de Sociedades, el grueso de estos ingresos, Ciudadanos y PP querían financiar hasta 2020 un ambicioso plan de choque social, cuyas medidas con una mayor dotación económica iban a ser el complemento salarial y un plan contra la pobreza infantil.


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